A los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97/2002-03), Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002) les debemos la ratificación de contratos de riesgo compartido que nos atan a las petroleras por 40 años. También contribuyeron a tensar las cadenas el Poder Legislativo, principal instancia de fiscalización que no exigió a esos gobiernos la remisión de los convenios para su homologación, y el Poder Judicial, que no advirtió oportunamente sobre la ilegalidad de los negocios. Pero, los responsables directos de la subordinación nacional fueron unos cuantos geólogos, abogados e ingenieros que hicieron el negocio de su vida con la capitalización de YPFB.

El selecto grupo de profesionales participó activamente en la negociación de contratos sin pedir permiso al Congreso, como manda el artículo 59 de la Carta Magna, y violando el artículo 139 de la Constitución, que prohíbe vender, regalar o enajenar los yacimientos de petróleo y gas.

Esta pequeña elite, encaramada en las oficinas de YPFB y en las reparticiones del Ejecutivo, preparó el terreno para la capitalización y luego transfirió el sector más importante de la economía a manos privadas con la entrega de 43 campos de YPFB para explotación directa de petróleo y gas; nueve bloques para exploración y 14 bloques por licitación. Desde entonces, el 95% de las reservas probadas y probables de gas son de propiedad de Repsol YPF (19,2 TCF), Petrobras (8,7), Total Fina (7,7), BG-BP (10,5), Exxon (3,5) y Chaco (3 TCF). Las mismas empresas son dueñas del 94% de las reservas de petróleo.

El “club capitalizador”

YPFB es una entidad autárquica al mando de un presidente, vicepresidentes de área y gerentes, obligados a rendir cuentas de todas sus actividades a la máxima autoridad de la institución, el directorio. Toda esta estructura burocrática tuvo conocimiento directo de los negocios con las transnacionales desde 1994.

Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó la Ley de Capitalización el 21 de marzo de 1994, los directivos encargados de la transición en Yacimientos estuvieron al mando de Mauricio González Sfeir, un funcionario sin experiencia en el ramo que pasó de asesor del ministro de Energía e Hidrocarburos de entonces, Carlos Morales Landívar (1), a presidente de YPFB.

González no sabía si Yacimientos se escribía con y o con j, pero en muy poco tiempo se involucró en el negocio energético adjudicándose un bloque en Chapare que luego vendió a la empresa australiana BHP. Este empresario del MNR firmó un pre acuerdo para tender un ducto desde Tarija a Tocopilla, y el 8 enero de 1995 cerró el negocio con Rebecca Mark de la Enron en Miami. (2)

González y el directorio de YPFB de la época se encargaron de diseñar la base legal para la futura venta de la empresa. Formaron parte de ese equipo Ismael Angel Imaña, vicepresidente de Administración y Finanzas; y Jorge Flores, vicepresidente de Operaciones y socio de Gonzáles.

Flores fue abogado de Comsur durante décadas y en los años 90 Goni le encargó tres estudios sobre cómo deberían formularse los contratos de venta de gas a Brasil, Chile y Paraguay. Por cada trabajo, de tres hojas en promedio, el gobierno le pagó 250 mil dólares.

También integraron el equipo de González los directores estatales Fernando Kempff, Alfonso Romero Loza, Raúl España, Edgar Claure, Fernando Gutiérrez y Jorge Lema Patiño, actual representante de la Superintendencia de Hidrocarburos en Tarija y hermano de Raúl que luego fue presidente de YPFB en el segundo gobierno de Goni.

Además, participaron en el directorio de YPFB Gustavo Segarrundo (MBL) como representante laboral, Jaime Ledesma S. y Gonzalo Chávez A, el analista de la red de televisión PAT. Chávez, un furibundo crítico de las empresas estatales, en el período 1994-95 fue parte del directorio de YPFB como subsecretario de la Secretaría de Energía, es decir en calidad de empleado de Sánchez de Lozada.

Fungía como responsable de la oficina de negociaciones internacionales de la empresa Hugo Peredo, un geólogo que después de ocupar ese despacho en los últimos 30 años se fue a trabajar a Petrobras.

El equipo que más contratos firmó

El 30 de abril de 1996 se aprueba la Ley de Hidrocarburos y el 5 de diciembre de ese año se concreta la transferencia de las tres unidades de YPFB a empresas extranjeras. De ahí que el directorio de YPFB del período 1995-1996 es el encargado de ratificar la mayor cantidad de contratos petroleros, al menos 40, y de regalar 10 Tcf de gas y 165 millones de barriles de petróleo a Repsol, Amoco, Petrobras y Total sin que hayan invertido un peso en exploración. Se calcula que el daño al Estado ascendió a más de 15 mil millones de dólares. (3)

Este segundo equipo fue comandado por el doctor en geología Arturo Castaños Ichazo, de formación izquierdista y antiguo defensor de los recursos naturales que también terminó como director corporativo de Petrobras. El vicepresidente era Freddy Escóbar, quien luego ocupó el viceministro de Hidrocarburos en medio de acusaciones de tráfico de influencias; y el vicepresidente de Administración y Finanzas Ismael Angel Imaña. Peredo continuaba en la Dirección General de Negociaciones y Contratos.

Concurrieron al directorio de la época Carlos Brokmann, alto ejecutivo de USAID; Fernando Kempff, Belisario Moscoso, Raúl España, Alberto Canedo F., Jaime Ledesma S. Gustavo Zegarrundo E., Percy Cuellar, Alberto Palacios, Clodomiro Aparicio A., Mario Morales M. y Juan Azcui, ex cajero de las campañas del MNR y hoy miembro del directorio de Transredes.

Además del Presidente de YPFB, el directorio y la oficina de negociaciones, los responsables directos de la firma de contratos fueron los miembros de la dirección legal Gastón Olidén y Vilma Terrazas de Mirabal, pariente de Mauricio Gonzáles.

Este equipo y los personeros del Ministerio de Capitalización participaron desde el 5 de diciembre de 1995 en una negociación secreta e irregular para la adjudicación de las tres unidades de YPFB a las empresas capitalizadoras. De más de 50 empresas interesadas, llegaron a la precalificación unas 22 y el día esperado para la presentación de ofertas, siete empresas ofrecieron sus fianzas bancarias. Al final quedaron seis, pues la empresa Gaz de France denunció que los personeros del gobierno concedían preferencias en la adjudicación de la unidad de transporte por lo que decidieron no presentar oferta.

Después del 10 de enero de 1997, el equipo traspasó 37 millones de dólares en material de YPFB a las capitalizadoras. Vendieron camionetas de 15.000 dólares en 2.000. Todo lo acumulado por Yacimientos desde 1937 comenzó a subastarse en favor de los extranjeros.

Los capitalizadores entregaron el poliducto y la terminal de Arica al consorcio Enron-Shell, aunque en el contrato de adjudicación no se menciona la cesión de ese tramo. El 16 de mayo de 1997, con la transferencia a Transredes, dejaron a YPFB como empresa “residual”.

La era Banzer

El responsable de la firma de contratos de riesgo compartido en el gobierno de Hugo Banzer fue el geólogo Carlos Salinas Estenssoro. “Me da pena pensar que muchos de estos individuos tan perversos con el país son geólogos”, comenta Jorge Téllez, también geólogo, ex gerente de Yacimientos y hoy miembro del Bloque Social Patriótico, una organización que lucha por la nacionalización de los hidrocarburos.

Salinas prestó servicios en Yacimientos en los años 60 y 70; luego se fue a trabajar a YPF Argentina con su primo José Estenssoro, el hombre de confianza de Carlos Menem. (4)

Cuando Banzer llegó al gobierno, Salinas apareció en la presidencia de Yacimientos y en toda su gestión se empeñó en convertir a Repsol en la transnacional más importante de Bolivia, aún más que Petrobras. Su gestión se prolonga hasta el gobierno de Quiroga y luego ocupa el viceministro de Energía e Hidrocarburos. (5)

Acompañaron a Salinas en el directorio de YPFB de 1997 Hugo del Granado, vicepresidente de Administración y Finanzas (hermano del Alcalde Juan) (6) y el vicepresidente de Operaciones Jaime Dunn, otro geólogo multicolor y multisigno que pasó por el MNR y el MIR; hoy asesora al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Senadores, “Motete” Zamora. Peredo seguía en la Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos.

Integraron el directorio de YPFB entre 1997 y 1998 Christian Iturri S, Fernando Heinz R., Carlos Ríos D., Jorge Quiroga Luizaga, William Mckenney Velasco, Humberto Börtt A., Fernando Knaudt Banzer, Guillermo Jiménez, y el director laboral Julio Salas como representante de los sindicatos. Salas es uno de los militantes del MBL que avalaron la capitalización de Goni a cambio de canchas, escuelas y bienes de YPFB. Esa burocracia sindical formó empresas, como Pexim, o la empresa de refinación de Sucre que finalmente quebró. Salas, ex empleado en el ministerio de Trabajo, y otros dirigentes sindicales del MBL apoyaron la capitalización de la empresa estatal.

En 1999, Petrobras y Perez Company privatizaron las dos únicas refinerías rentables de Bolivia, causando un daño mayor a 500 millones de dólares. Cada una valía 600 millones de dólares, pero las vendieron en 120 millones. El Estado perdió un ingreso anual de 50 millones de dólares. En 1999, Enron/Shell contruyeron el gasoducto Cuiabá provocando daños irreversibles en el Bosque Seco Chiquitano, un ecosistema único en el mundo.

Ascienden a Peredo

Al 31 de diciembre de 2001, YPFB había suscrito 84 contratos de riesgo compartido con las empresas petroleras, 40 de exploración y explotación y 44 de explotación. En esa gestión, Hugo Peredo ascendió a la Presidencia de la empresa.

En su equipo de colaboradores, las caras nuevas fueron Jorge Crespo (MIR), Carlos Gonzáles, Mario Candia, actual viceministro de Hidrocarburos, y Jorge Araos Leaño, involucrado con Carlos Salinas en un millonario negociado legal.

En la gestión de Peredo se adjudicaron los bloques Vuelta Grande Norte a Chaco, Río Hondo al consorcio Petrobras-Total, Aquío a Total, e Ingre a Petrobras. A mediados de 2001, el gobierno, con la ayuda de Peredo, inicia la privatización de la comercialización de hidrocarburos y entrega a los famosos “mayoristas” de ADN licencias para distribuir carburantes en el mercado interno.

Si en algo se parecen Castaños, Salinas, Peredo y Juan Carlos Barrenechea, el penúltimo presidente de YPFB, es que todos se fueron a trabajar con las transnacionales. A casi todos, menos Castaños, se les retribuyó por sus servicios con el dinero del Anexo D. De este fondo creado por las empresas para financiar los viajes y los viáticos de la alta burocracia también se beneficiaron Raúl Lema Patiño, Carlos Contreras, Mario Requena, Jaime Dunn, Hugo del Granado, Mario Candia y Freddy Escóbar.

¿Juicio general?

Según el abogado Benjamín Miguel, la resolución del Tribunal Constitucional emitida el 7 de abril de 2005, que confirmó la invalidez de los contratos, es causal de un Juicio de Responsabilidades contra los ex presidentes y sus ministros e incluso contra el propio Presidente Carlos Mesa por no haber cumplido con el artículo 59 inciso 5 de la Constitución.

En realidad, todos son partícipes, y no solo en el grado de complicidad; los presidentes de Yacimientos son cómplices del hecho delictivo de una manera más directa porque firmaron contratos que no se ajustan a ley, opina el abogado Juan Carlos Lazcano Henry, quien presentó un memorial al Juzgado 12 de Partido en lo Civil del Distrito de La Paz solicitando la anulación de 76 contratos de riesgo compartido y la ocupación militar de los campos. (7)

El Presidente comprendió el riesgo que corría ante una proposición acusatoria en la Fiscalía General por omisión culposa, incumplimiento de deberes, contratos lesivos a los intereses del Estado, encubrimiento y otros delitos tipificados en la Constitución y el Código Penal. Por eso, de inmediato hizo el trámite para anular el único contrato que se firmó en su gobierno. El gobierno de Mesa decidió iniciar juicio al ex presidente de YPFB Jaime Barrenechea por haber cerrado un negocio en el campo Montecristo sin avisar. Pero Barrenechea, siguiendo los pasos de sus antecesores, se fue a trabajar con YPF Repsol en Neuquén.

Notas

1. A Carlos Morales Landívar le decían con cariño el “quinciño” porque acostumbraba cobrar comisiones del 15%.

2 El acuerdo secreto con Enron en 1994 ocasionó un perjuicio estimado de 130 millones de dólares. La empresa se hizo accionista del gasoducto Bolivia-Brasil sin haber realizado inversión alguna.

3 Entre 1997 y 2004, entregaron a Petrobras, Repsol, Total y BG campos descubiertos por YPFB como si fuesen nuevos. Aún calculando las pérdidas en base a precios exageradamente bajos, se estima una pérdida superior a 3.500 millones de dólares, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

4 En una recepción en Houston en los años 90, varios técnicos argentinos comentaron con bronca que un boliviano hijo de? fue el responsable de la destrucción y venta de la poderosa empresa estatal YPF Argentina a Repsol. Se referían a José Estenssoro.

5 Salinas, Peredo y el director jurídico de YPFB José Luis Araoz están implicados en una estafa a la petrolera estatal por 20 millones de dólares. Estas autoridades contrataron dos estudios jurídicos para que defiendan a YPFB y llegaron a pagar hasta 100 mil dólares por un simple escrito. El ministerio público los acusa por uso indebido de influencias, contrato lesivo al Estado y conducta antieconómica.

6 Del Granado era parte del grupo más radical del MIR, junto con Antonio Araníbar, (MIR masas- MBL) y terminan a la derecha. Forma parte del famoso grupo Prisma, con Araníbar, el canciller que trajo a la Enron a Bolivia sin haber leído el contrato, Fernando Romero, Franchesco Zaratti y Horst Grebe, es decir toda la gente que gobernó con Mesa y que fue cómplice directa e indirectamente de la capitalización.

7 Lazcano y Waldo Oblitas Fernández (abogados), Roberto Fernández Orozco (diputado); Miguel Álvarez Delgado y Gildo Angulo Cabrera (militares retirados) y Jorge Téllez Sasamoto (experto petrolero), presentaron la demanda fundamentada en los Artículos 8º-a) y h), 24, 31, 59-5ª, 133, 135, 136, 137, 139, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado; en los artículos 85, 105 y 294 del Código Civil y en los artículos 124 y 330 del Código de Procedimiento Civil.

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La guardia petrolera

Entre 1997 y 2004 las petroleras Repsol y Petrobras se compraron a ejecutivos de YPFB, varios ex ministros de Energía y viceministros.

Carlos Alberto Contreras, ex viceministerio de Energía e Hidrocarburos, fue presidente en Bolivia de la norteamericana NRG Energy, dueña del 98,9 por ciento de Cobee y del 60 por ciento de Bulo Bulo.

El ex viceministro Carlos Alberto López, compañero de colegio de Tuto, eliminó la norma que obligaba a las empresas a perforar un pozo por parcela. Luego representó a los bolivianos en el directorio de la capitalizada Chaco y terminó como gerente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

Carlos Kempff Bruno formaba parte del directorio de Transredes, pidió permiso para ocupar el Ministro de Desarrollo Económico y luego volvió a su cargo en la petrolera.

Miguel Sirvián, autoridad técnica en Yacimientos, fue contratado por Andina. Eduardo Ayala se fue con Chaco.

Herbert Müller dejó el Ministerio de Hidrocarburos en el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) para representar a YPF-Argentina. Banzer le designó ministro de Hacienda (1997-2001) cuando todavía tenía vínculos con Maxus, una subsidiaria de YPF-Argentina. Ahora representa a la francesa Total Bolivia.

Los soldados petroleros que destacaron en el Ejecutivo fueron Fernando Illanes, Mario Requena, Juan Cariaga, Antonio Araníbar, Xavier Nogales, Carlos Miranda, Jorge Berindoague, Delfín Pozo, Alfonso Revollo Thenier, Guillermo Aponte, Jaime Villalobos, Andrés Petricevich, Pablo Gotret Valdez, José Luis Lupo, Algunos fueron contratados por los organismos multilaterales (BID, FMI y BM) que impulsaron la capitalización.

En la escandalosa venta de empresas públicas de la era gonista se “invirtieron” 188 millones de dólares para comprar intelectuales, analistas, periodistas y un montón de consultores.