El Senado aprobó una Ley recortada y el MAS considera que la fórmula de 18 por ciento de regalías y 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no garantiza el 50 por ciento de ingresos para el país por las actividades petroleras, mientras que el gobierno y las petroleras rechazan la norma porque es ?confiscatoria?. El entuerto se resolverá esta semana en una sesión bicamaral.

Las múltiples divergencias sobre la Ley de Hidrocarburos están por obligar a que la polémica norma sea considerada en última instancia en una sesión conjunta entre diputados y senadores. El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, admitió esa posibilidad y dijo que si los diputados no están conformes con los cambios efectuados por los senadores, inmediatamente convocará a una sesión bicamaral del Congreso.

La aprobación de la ley representa una derrota para el gobierno de Carlos Mesa, pues el instrumento no incluye los cambios que planteó el Ejecutivo. “El Poder Ejecutivo perdió la batalla después de haberla ganado en el referéndum. Tiene varias alternativas, entre ellas vetar la ley, pero si eso hace yo creo que no es lo mejor ni para el gobierno, ni para el país”, sostuvo el analista político Jorge Lazarte.

El Presidente Mesa tiene tres caminos a seguir una vez que el Congreso sancione el proyecto de Ley de Hidrocarburos: la promulgación de la norma, su observación (conocida también como veto) y consiguiente devolución al Poder Legislativo para que las modifique, o ignorar la ley del Congreso.

En caso de que el Poder Ejecutivo decida vetar la norma, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, en su Capítulo V referido al Procedimiento Legislativo, contempla la posibilidad de que el Presidente devuelva la ley al Congreso con las observaciones realizadas, las cuáles ?afirma el senador Hugo Carvajal? “deben ser bien fundamentadas para tomarlas en cuenta”. En última instancia, si el Ejecutivo se niega a promulgar la ley, el Congreso está autorizado a hacerlo por su cuenta.

Pese a que no se realizaron modificaciones sustanciales a lo aprobado por los diputados, en la Cámara Baja se advierte con rechazar la norma. “La consulta en el caso de los pueblos originarios ya no sería vinculante, nosotros hemos aprobado que eso tenga carácter vinculante, eso por los menos vamos a plantear que se reponga en la Cámara Baja”, dijo el diputado Jorge Ledesma.

Según el proyecto de Senadores, YPFB será una sola con dos brazos, uno administrativo y otro operativo. El artículo más polémico fue el 53, que establece la formula 18/32 como renta petrolera. Se aprobó el 18% de regalías y 32% de impuestos directos a los hidrocarburos, pero no acreditables en las casas matrices de las petroleras. La Cámara de Senadores aprobó la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y ratificó las regalías por producción petrolera del 18 por ciento en favor del Estado. De ese total, un 11 por ciento será para el departamento productor, el uno por ciento para Beni (dos tercios) y Pando (un tercio) y una participación para el TGN del seis por ciento.

Del 32 por ciento del IDH se distribuirá un 4 por ciento para los departamentos productores, un 2 por ciento para los no productores, y el saldo será repartido por el Poder Ejecutivo, a través del TGN, para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, las universidades, los municipios y otros sectores.

El congresista Hugo Carvajal (MIR) intentó incorporar “de contrabando” un proyecto de tres artículos referidos a los modelos de contratos. Según admitió él mismo, la propuesta era un encargo del gobierno de. Sin embargo, su colega del MAS Alicia Muñoz dijo que la idea fue de la petrolera Repsol. El hecho se produjo cerca de las 04.30 del viernes, antes de que concluyera la consideración y la aprobación de la norma.

Los legisladores “olvidaron”, incluir en el proyecto de Ley la necesidad de que Bolivia tenga una reserva estratégica de interés nacional, tal como ocurre con todos los países que tienen riquezas hidrocarburíferas en sus entrañas, indicaron fuentes de ese poder del Estado. Sin embargo, otros parlamentarios consideran que es innecesaria esa legislación, tomando en cuenta las ingentes cantidades de gas que Bolivia tiene bajo tierra, por lo que todas las reservas descubiertas deben ser explotadas y exportadas “para beneficio” del país.

Según la diputada Marlene Fernández (UCS) y el senador Leopoldo Fernández (ADN), la falta de legislación de este asunto fue un “olvido” en las dos cámaras legislativas y plantearon, por separado, la posibilidad de que el Congreso incluya un capítulo especial sobre las reservas estratégicas de este recurso no renovable.

La reacción y las petroleras están preocupadas

Las empresas europeas están preocupadas por la incertidumbre regulatoria que existe en el país tras el giro que ha dado la situación política y, fundamentalmente, por los interrogantes que se han abierto sobre la vigencia legal de los contratos que el Estado boliviano ha firmado con las empresas extranjeras. Los contratos firmados por el Estado por cuatro gobiernos diferentes, incluido el actual, no sólo se refieren a la explotación de hidrocarburos, sino que afectan también a otros sectores, tales como la minería, la industria forestal e incluso las telecomunicaciones.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, criticó el proyecto de Ley porque “ahuyentará las inversiones del país”. Además de ello, es posible que las empresas petroleras inicien juicios al país por vulnerar la seguridad jurídica.

La Federación de empresarios de Tarija advirtió los términos actuales de la ley significarán la liquidación de la industria petrolera, empeorando los ingresos por concepto de regalías que perciben las regiones productoras. El empresario Mario Kisen dijo: “Estamos matando las gallina de los huevos de oro, no sé si ustedes saben, pero el país recibe un promedio de 430 millones de dólares en impuestos y regalías anualmente del sector petrolero”. Por ello plantearon que el Congreso revise su posición en aras de los intereses del país y no así de grupo políticos y de extremistas.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias solicitó al presidente Carlos Mesa que no promulgue esta ley debido a que ahuyentará las inversiones. El sector exportador indicó que de promulgarse la Ley de Hidrocarburos como se aprobó en el Parlamento, Bolivia corre el riesgo de no suscribir el TLC con EEUU. Ambos sectores empresariales solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que se viabilice una norma equilibrada.

El emenerrista Guillermo Bedregal criticó al gobierno y lo acusó de ser el responsable de la elaboración de una Ley de Hidrocarburos irracional. Según el movimientista, con la Ley aprobada en el Senado el país perderá seriedad política. Para Bedregal, los colaboradores del Presidente Carlos Mesa son principiantes, incluso llamó patético al Ministro de Hidrocarburos.

Los sectores involucrados no están satisfechosLas comunidades y pueblos indígenas y originarios y campesinos demandarán de la Cámara de Diputados la restitución de la palabra “vinculante” en el artículo 112 del proyecto de Ley de Hidrocarburos aprobado por la Cámara Alta. Estas organizaciones protestan porque la Cámara de Senadores no respetó lo acordado en la norma elaborada por los Diputados, acerca de mantener el carácter vinculante de los resultados de la consulta obligatoria.

El presidente de la brigada parlamentaria de La Paz, Alejandro Zapata, dijo los diputados paceños rechazan el 10 % de participación en regalías para los departamentos no productores. De manera fácil el Senado distribuyó a 2 % por departamento sin considerar territorio ni población, protestó Zapata.

Municipios y universidades públicas advirtieron al Congreso que el IDH debía ser coparticipable; caso contrario, tanto el nivel local como las casas de estudio superior perderían recursos. Su demanda no fue tomada en cuenta en ninguna de las comisiones que analizaron la norma, ni tampoco en los plenarios de las cámaras Alta y Baja. Gonzalo Taboada, ejecutivo del CEUB, informó que las Universidades del país se declararon en emergencia porque perderán el cinco por ciento de coparticipación tributaria si el proyecto de Ley de Hidrocarburos es promulgado tal como fue aprobado en la Cámara de Senadores.

Los 327 Municipios del país se declararon en emergencia tras la aprobación del proyecto de la nueva Ley, pues un impuesto único de 32 por ciento hará que los Municipios dejen de percibir el 20 por ciento de los recursos de la coparticipación tributaria. “Al fijar el cobro de 32 por ciento de impuestos se quita a los municipios el 20 por ciento de la coparticipación”, dijo Michel Bennet, presidente de la Asociación de Municipios del país.

Por otro lado, los Comandos General y en Jefe de la Policía y las Fuerzas Armadas mantienen invariables sus solicitudes al Estado para acceder al 1 y 2 por ciento, respectivamente, por regalías de comercialización nacional de hidrocarburos. Las FFAA solicita el 2% de la regalías del gas para comprar equipamiento bélico y reforzar los sistemas externos de seguridad nacional. El comandante de la Policía Nacional, Gral. David Aramayo, señaló que están preparados todos los argumentos legales y técnicos para sustentar el pedido de mayor presupuesto para operaciones de seguridad interna que atañen a seguridad ciudadana y orden público.