Las promesas son incumplidas, la impunidad campea

A 18 meses de 73 muertes y 470 heridos de octubre, no hay atisbos de justicia

Edgar Ramos Andrade

abril 17, 2005Publicado el: 5 min. + -
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A un año y medio de la asunción de Carlos Mesa, el panorama no podía ser más desalentador para la recuperación económica nacional y la reparación judicial del genocidio de octubre de 2003: Personas que impulsaron la capitalización son parte del actual gobierno y las autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo (junto a la debilidad de la parte civil) frenan como pueden el Juicio de Responsabilidades.

Cuando asumió la conducción del país, aquel 17 de octubre de 2003, el entonces flamante Presidente Carlos Mesa hizo tres promesas: Convocar a un Referéndum vinculante sobre la temática del gas, llevar adelante una Asamblea Constituyente y aprobar junto al Parlamento un nueva Ley de Hidrocarburos.

Una cuarta promesa, no agendada oficialmente fue impulsar un juicio de responsabilidades contra los autores de 73 personas fallecidas y 470 heridos de la Guerra del Gas. "Ni olvido ni venganza, justicia" afirmó entonces el Mandatario.

Este domingo 17 de abril se cumplió un año y medio (18 meses) de aquellas promesas presidenciales y no hay atisbos de que vayan a cumplirse. El Referéndum del 18 de julio de 2004 solo terminó por confundir más a todos. Las preguntas fueron confusas por el ejemplo en el caso de la segunda: Recuperar la propiedad de los hidrocarburos, enajenados por el Decreto Supremo 24806 y por los 76 contratos petroleros

Por ahora, Mesa y su gobierno están empeñado en defender la "seguridad jurídica" para las empresas petroleras y aumentar la inseguridad legal y económica para los ciudadanos bolivianos, cuyos chóferes deben hacer largas colas para comprar un poco de diesel que, pese a que es destilado del petróleo (que se produce Bolivia) paradójicamente es importado desde Venezuela y otros países...

Mesa y su equipo no permiten que esas empresas compartan sus jugosos ingresos con los ciudadanos bolivianos. "No me vengan con discursitos de soberanía y dignidad" dijo el Presidente aquel 6 de marzo, cuando Mesa se convirtió en el "máximo común divisor" de la ciudadanía boliviana al aumentar el racismo imperante en el país. Razones para este comportamiento sobran: Su ministro de Hidrocarburos (Guillermo Tórres) tiene parentesco con Gonzalo Sánchez de Lozada y fue designado por éste como Superintendente de Hidrocarburos.

Otro motivo para este comportamiento es que su ministro de Desarrollo Económico (Hortz Grebe) fue un teórico de la Capitalización cuando desde la Fundación Milenio quiso justificar y hasta legitimar las "reformas de segunda generación" creadas, aprobadas y aplicadas por el equipo de Sánchez de Lozada, quien tuvo que huir del país luego de verificar los desastrosos resultados de sus medidas.

Ni qué decir del andamiaje económico: Bolivia está en quiebra y tres tipos de recursos son los que generan "circulante": a) Los de la cooperación internacional, mal canalizada por medio de deficientes administradores del estado, b) Los de las ONGs internacionales que tratan y en algunos casos suplen al Estado en funciones específicas y c) Las "remesas" que envían ciudadanos bolivianos (los "exiliados económicos" debido a falta de oportunidades en su país) desde Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, España y Perú, donde según informes de la Chancillería, viven 1.350.859 ciudadanos.

El dinero que generan los impuestos internos y los de la Aduana Nacional son mínimos frente a esos "recursos externos" y, la contrario, Bolivia es un exportador de capitales por medio de las empresas transnacionales que explotan recursos naturales y servicios públicos estratégicos.

El juicio que no comienza

En cuanto a los procesos judiciales (penal y político) contra "los Sánchez" (de Lozada y Berzaín), Kukoc, Véliz, López, Vidaurre o sea contra todos los civiles y militares que planificaron, ordenaron y ejecutaron las acciones policiaco-militares entre septiembre y octubre de 2003, la justicia llegará, quien sabe cuándo porque a 18 meses de aquellos sucesos, los acusados están más unidos y fuertes que nunca y los acusadores, más débiles y divididos que antes.

¿Pruebas? El ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo, quien desafió decisiones "inapelables" del Tribunal Constitucional, es el mejor abogado de los militares de febrero y octubre de 2003 y es parte del gobierno de Mesa. El presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez es muy allegado a "Tony" Sánchez de Lozada (hermano de "Goni") Otrita. El gobierno nacional no tomó iniciativa alguna para impulsar el Juicio.

En tanto, el paquete de abogados de la parte civil, se pierden en formalismos y vericuetos procedimentales; la Asamblea de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo van de la mano para "desimpulsar" el juicio y los familiares de fallecidos y heridos están divididos en tres grupos, cada cual son su abogado, su estrategia y su cuasi-mezquindad.

Esos muertos heridos pertenecen a zonas y regiones como Copacabana, Ilabaya, Warisata, Ventilla, Senkata, Puente Bolivia, Rosas Pampa, Santiago II, La Ceja, Ballivián, Los Andes, 16 de julio, Villa Ingenio, La Portada, Plaza Murillo, centro paceño, Uni, Ovejuyo, Apaña, Palca, San Julián, Patacamaya, Huanuni, Caracoles, quienes casi seguro ven con impotencia la desidia gubernamental y los errores de sus defensores.

Así estamos.

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