El presidente, Carlos Mesa, anunció hoy que enviará al Congreso los contratos firmados con las empresas petroleras para que esta instancia decida si son ratificados o son rechazados. La decisión fue anunciada hoy, después que el Tribunal Constitucional aclaró que, según la Constitución, el Parlamento debe aprobar los contratos firmados por el Estado para la explotación de recursos naturales.

“El hecho que el Congreso pueda debatir sobre su contenido y decidir su legalidad o ilegalidad (de los contratos petroleros) es algo muy importante que estaremos esperando”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

En la semana pasada, el Tribunal Constitucional aclaró que si bien declaró constitucional al Decreto Supremo 24806, aquel que contenía los modelos de contratos, no se pronunció sobre la constitucionalidad de los documentos, “… menos relevó al Poder Legislativo de la atribución que le confiere la atribución quinta del artículo 59 de la Constitución de Autorizar y aprobar los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”.

La aclaración reavivó los cuestionamientos a la actividad de las petroleras y restó fuerza a los argumentos de las transnacionales que hasta hace poco amenazaban con iniciar juicios al Estado. Además, la nueva situación abrió la posibilidad de que los expresidentes Jorge Quiroga y Gonzalo Sànchez de Lozada sean llevados a un juicio de responsabilidades por ejecutar contratos que, al no cumplir con los requisitos legales, son considerados “nulos de pleno derecho”.

“Las decisiones que tome el Congreso Nacional a propósito de la responsabilidad que hayan podido tener anteriores Presidentes en este tema, anteriores ministros en este tema y también parlamentarios en este tema es una decisión que tendremos que considerar y respetar”, dijo Mesa.

El artículo 59 de la Constitución dice en su artículo 5 que una de las atribuciones del Congreso es “autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”.

“Por esta razón he tomado la decisión de enviar, al más breve plazo posible la totalidad de los contratos que se han firmado en el pasado al Congreso Nacional, para que el Congreso Nacional toma la decisión que considere correcta en función de analizar esos contratos y en función de evaluar si aprueba estos contratos o no los aprueba”, insistió.