La aprobación de cultivos comerciales de soya transgénica en Bolivia, además de haberse realizado de manera irregular y sin respetar los procedimientos legales nacionales ni internacionales de la Política Ambiental, no considera los riesgos de los transgénicos en la salud de los consumidores debido a los microorganismos patógenos y resistentes a antibióticos que intervienen en su construcción genética. Tampoco considera las alteraciones metabólicas, inmunológicas y hormonales de los agroquímicos requeridos en los seres humanos, denunciaron la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y decenas de organizaciones sociales.

El Comité Nacional de Bioseguridad y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) aprobaron hace pocos días el cultivo comercial de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para legalizar esta decisión solo resta la autorización del Ministerio de Desarrollo Sostenible y la firma de un Decreto Supremo.

La AOPEB asegura que existen implicaciones socioeconómicas que resultan de la dependencia de insumos externos (semilla transgénica costosa y agroquímicos, ambos producidos por la transnacional estadounidense Monsanto), el pago de patentes por el uso de semilla genéticamente modificada y el desplazamiento de pequeños y medianos productores ya que la tecnología transgénica solo es económicamente rentable cuando se practica en extensiones mayores a 50 hectáreas. Esto ha ocasionado en Argentina el desplazamiento de más de 300 mil pequeños y medianos productores a los cordones de pobreza después de haber masificado el cultivo de soya transgénica.

Además, el cultivo implica riesgos ambientales causados por el uso de altos niveles de agroquímicos tóxicos y el potencial de contaminación genética, sin mencionar la ampliación de la frontera agrícola con destrucción de ecosistemas naturales para aprovechar la economía a escala de la soya genéticamente modificada.

La soya transgénica combinada con glifosato atenta contra la biodiversidad de Bolivia, que es uno de sus mayores potenciales de desarrollo ya que el país es uno de las 15 naciones megadiversas del mundo.

Las irregularidades en el proceso de aprobación

El proceso de aprobación de la soya transgénica en Bolivia después de la solicitud de la transnacional Monsanto en 1998 se ha caracterizado por la viabilización de pruebas de manera prácticamente clandestina con diseños de estudio inadecuados a través de un Reglamento de Bioseguridad incompleto y sin la convocatoria del Comité de Bioseguridad y sin Registro Público.

Estos cultivos no cuenta con estudios de inocuidad y de impacto ambiental elaborados en el país y por la autoridad competente.

Hay un conflicto de interés del SENASAG al firmar una solicitud para la desregularización de la soya transgénica (Resolución del Comité Regional de Semillas Santa Cruz 012/2004 firmada el 7 de Diciembre de 2004), pues al mismo tiempo es parte del comité de aprobación.

Por otro lado, el Comité de Bioseguridad está compuesto solo por representantes de ministerios y universidades, excluyendo a representantes de consumidores, organizaciones de base, representantes de territorios indígenas (TCOs) que se encuentran en el área de influencia de la actividad agroindustrial y empresas nacionales elaboradoras de alimentos, quienes son los principales potenciales damnificados ante la posible aprobación de soya transgénica.

En el país no existe una Ley de Bioseguridad, requisito previo para cualquier acción relacionada con la investigación, cultivo y comercialización de organismos genéticamente modificados.

La empresa Monsanto y las instituciones que apoyan su solicitud (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo – ANAPO) se mueven en función de sus propios intereses económicos sin dar espacio a la opinión de los pequeños productores (70% de los agricultores del país) o consumidores.

El senador Esteban Silvestre pidió un informe escrito el 2 de marzo de 2005 al Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; Ministro de Agricultura, Ganadera y de Desarrollo Rural; Ministra de Salud; y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, pero no ha recibido respuesta hasta la fecha.

La alternativa

En muchos países, dice la AOPE, tanto los agricultores como los consumidores se resisten a la introducción de productos y el consumo de alimentos genéticamente modificados por sus riesgos en la salud humana, medio ambiente y marginación de la pequeña y mediana producción agrícola. La aprobación de soya transgénica en Bolivia sería el inicio de apertura a otros cultivos genéticamente modificados como papa y maíz.

Ante los peligros y las irregularidades relacionadas, las organizaciones sociales solicitan apuntar a una producción cualitativamente diferente y no tratar de arriesgar en mercados saturados donde su participación es mínima (Bolivia interviene en el mercado mundial de soya con menos del 1%) y no cerrar la posibilidad de incursionar en mercados donde los transgénicos son rechazados o restringidos, como China, Japón y la Unión Europea.

En lugar de la tecnología transgénica se requieren políticas que fomenten el desarrollo de la agroindustria bajo criterios de manejo responsable y sostenible, así como el fomento a la agricultura familiar campesina (sin excluir la agricultura mediana); el uso de los recursos locales y no la dependencia de insumos externos; el fortalecimiento del mercado interno de alimentos; y la competitividad de la producción nacional en mercados externos de productos cualitativamente diferentes.

Los productores ecológicos están seguros que la producción de transgénicos destruirá la competitividad de la industria nacional de oleaginosas, que exporta aceite de soya convencional no transgénica a los mercados internacionales, impactando severamente en los ingresos por exportaciones y la generación de empleo.

La legalización de la soya transgénica en Bolivia niega el derecho de los consumidores a una alimentación sana y libre de sustancias peligrosas, representa una violación a las leyes y atentado a la salud pública y bienestar socioeconómicos de nuestra sociedad, asegura la AOPEB.