Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, que ingresaron hoy al quinto día de ayuno voluntario, exigieron ayer la inmediata renuncia del superintendente de Saneamiento Básico, Erico Navarro, por interferir en la expulsión definitiva de una transnacional francesa del territorio nacional y por tergiversar información.

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto rechazó anoche las dos resoluciones enviadas por la Superintendencia de Saneamiento Básico por la que inicia la terminación del contrato con Aguas del Illimani y anunció que no retornará a la mesa de diálogo con el gobierno hasta que el ampliado de presidentes decida hoy viernes el rumbo del actual conflicto.

Navarro planea un proceso de terminación de contrato que demore entre seis y siete meses. El alejamiento definitivo de Aguas del Illimani tardaría hasta dos años.

Navarro declaró ayer que sólo 19.249 habitantes del Distrito 7 de El Alto no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado, y aseguró que no es cierto que la cifra de personas que carecen el servicio se acerque a los 200 mil. Navarro también indicó que el servicio de conexión de agua potable no cuesta más 400 dólares, sino 155 dólares.

El superintendente de Saneamiento Básico está desinformado y no conoce los estudios de su propia institución. Una resolución firmada por el anterior superintendente Johnny Cuellar confirma que a partir del 1 de enero de 2002 la empresa Aguas del Illimani cobra 196 dólares por el derecho de conexión para agua potable y 249 dólares por derecho de conexión para alcantarillado sanitario, lo que suma en total 445 dólares.

Navarro falsea los datos cuando asegura que sólo 19.249 habitantes carecen del servicio en El Alto porque se refiere al número de personas carentes en el área servida, pero se olvida de las miles de familias que moran en el área no servida, es decir en la periferia de la ciudad.

En base a información proporcionada por Aguas del Illimani, el ex superintendente de Saneamiento Básico, Franz Rojas Ortuste, calculó que al menos 68.400 personas carecen del servicio pese a que viven en barrios en los cuales existe red de agua potable. Esto ocurre porque los vecinos están imposibilitados de pagar los 445 dólares que exige la empresa.

La ex autoridad calculo que, además de esas 68.400 personas, aproximadamente 129 mil personas no cuentan ni con red y menos con conexiones de agua. Rojas aseguró que el 16% de la población de todo el municipio de El Alto (más de 800 mil personas según las proyecciones del INE para el año 2005) no acceden a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.

Los errores de cálculo de Navarro tienen una explicación. El Superintendente, conocido por sus vinculaciones con el MNR, fue empleado de la ex alcaldesa Gaby Candia justo en el momento en el que el servicio de agua potable fue entregado a Aguas del Illimani en 1997. En enero de este año, y a título personal, Navarro publicó en los medios de comunicación una solicitada en la que rechaza la salida de Aguas del Illimani. Casi un mes después, el Presidente Carlos Mesa le designó como Superintendente con la misión de romper relaciones con la empresa subsidiaria de Suez.