No es para cantar victoria. La imputación formal por genocidio que el Fiscal General de la República presentó contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ex ministros de Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc apenas es el inicio del juicio de responsabilidades.

El abogado Rogelio Mayta, miembro del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Sánchez de Lozada, calificó de ?paso significativo? la imputación por genocidio. ?La imputación formal es el inicio del proceso. Nosotros lo tomamos como el primer paso. Más adelante vamos a ir solicitando, si encontramos evidencias, la ampliación de la imputación a otras ex autoridades porque existen responsables intelectuales?, añadió.

El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, piensa que la imputación es una muestra de que se están dando pasos adelante para esclarecer los sucesos de octubre de 2003, cuando más de 80 personas murieron acribilladas. Sin embargo, aclaró que la imputación por genocidio ?no es un acto definitivo porque es un acto formal antes de la segunda acusación, en la que se abrirá el proceso penal, donde se podría cambiar la tipificación de la acusación, que en el caso del Código Penal de Bolivia correspondería a masacre sangrienta?.

?Lo que tenemos que esperar es el debate jurídico y judicial. En la medida en que intentemos medidas de hecho vamos a perjudicar el proceso. Este debe ser un tema que debe ser manejado en ámbito jurídico y judicial?, afirmó la autoridad.

A más tardar en agosto la Sala Penal I de la Corte Suprema dictará el auto final de acusación o sobreseimiento en el juicio de responsabilidades al ex presidente y sus colaboradores, informó el magistrado Jaime Ampuero.

La Fiscalía General de la República entregó la imputación formal por genocidio contra Sánchez de Lozada, Kukoc y Sánchez Berzaín; los demás ex ministros fueron acusados de complicidad. Si el auto es de acusación, el proceso pasará a la Sala Plena de la Suprema, donde debe sustanciarse el juicio que concluirá con una sentencia absolutoria o condenatoria, explicó.

Una vez notificados todos los acusados, se fijará audiencia para hacerles conocer la imputación. En esta etapa el proceso puede seguir aunque los procesados no se presenten, añadió.

Goni deberá rendir cuentas por la muerte de 60 personas durante la ola de protestas que culminó con su renuncia en octubre del 2003.

Carlos Subirana, abogado de Kukoc, explicó hace poco por qué considera inválida la acusación de genocidio: ?El tipo penal de genocidio no se presta, no se aplica, toda vez que lo que hizo el Presidente de la República y su gabinete ministerial en ese momento fue cumplir un mandato constitucional de mantener el orden público y fueron rebasados por una población que tenía sus justas demandas, pero que obviamente no las estaban canalizando de acuerdo a ley?.

?La represión la hubo, lo que se tiene que determinar en este juicio es que si la represión estuvo dentro del marco constitucional, dentro del marco de la ley que obliga al gobierno a mantener el orden interno, o si hubieron algunos excesos. En todo caso eso se va a demostrar en el juicio, por un lado, y por otro lado se va a demostrar que el ex Ministro de Gobierno nunca tuvo a su mando ninguna tropa militar?, agregó.

Los 60 muertos y 151 heridos ?siguió Subirana- ?corresponden a varios días de enfrentamiento, en algunos casos para tratar de dejar expeditas las vías para suministrar productos a la ciudad de La Paz y en otros casos se refiere a la quema de edificios, la quema de bienes públicos, el ataque a los elementos que estaban en ese momento cumpliendo su obligación de mantener el orden público. En este momento tenemos que hacer un análisis netamente jurídico y un análisis legal y, si se quiere, por ser este un juicio político, también un análisis político. Nunca una muerte es justificable, pero el hecho es que hay la obligación del gobierno a mantener un orden interno un orden público y mantener un orden constitucional?.