El senador del MAS y secretario ejecutivo de la dividida Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Román Loayza, convocó a organizaciones de base de agricultores y mineros a tomar por la fuerza las propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus ex ministros. De inmediato, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, advirtió que cualquier toma ilegal de bienes es un acto delictivo que no será tolerado por el gobierno.

El senador del MAS y secretario ejecutivo de la dividida Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Román Loayza, convocó a organizaciones de base de agricultores y mineros a tomar por la fuerza las propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus ex ministros. De inmediato, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, advirtió que cualquier toma ilegal de bienes es un acto delictivo que no será tolerado por el gobierno.

El senador del MAS llamó a la toma debido a la falta de voluntad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para anotar preventivamente los bienes del ex presidente, quien, de acuerdo con informes de prensa, vendió las acciones de la Compañía Minera del Sur (Comsur) por 220 millones de dólares. El gobierno tomó las previsiones respectivas ante el anuncio, independientemente de quien sea el afectado, pues el Estado debe garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, dijo Lara.

Goni tiene, entre otros bienes, un inmueble en la zona de Obrajes, otro en la calle 15 de Calacoto y un terreno de 235 metros cuadrados en la calle 7 de Obrajes. El ex ministro Carlos Sánchez Berzaín tiene un inmueble en la avenida Costanera.

Los bienes del ex presidente, incluidas las acciones de la mina Comsur, fueron anotados preventivamente el 15 de enero; pero si alguno de esos bienes fue vendido antes de esa fecha la situación se complica, afirmó el fiscal General de la República, Pedro Gareca Perales.

Comenzamos la investigación para establecer en qué fecha fue vendida Comsur a una firma suiza, dijo Gareca, pero reportes de prensa indican que la transacción se realizó entre noviembre y diciembre del año pasado.

La imputación formal contra el ex presidente y sus ex ministros, acusados en un juicio de responsabilidades, será presentada el 20 de marzo ante la Corte Suprema. La imputación no fue presentada antes porque hay una dificultad jurídica: el recurso de nulidad planteado ante el Tribunal Constitucional por el ex ministro Javier Torres Goitia contra la resolución congresal que autorizó el juicio.