Mientras la empresa Aguas del Illimani confirmó que demandará al Estado exigiendo una indemnización si se rescinde su contrato unilateralmente, el gobierno admitió que fue un error contratar los servicios de esa empresa en la ciudad de El Alto y abrió la posibilidad de dejar sin efecto el contrato.

Mientras la empresa Aguas del Illimani confirmó que demandará al Estado exigiendo una indemnización si se rescinde su contrato unilateralmente, el gobierno admitió que fue un error contratar los servicios de esa empresa en la ciudad de El Alto y abrió la posibilidad de dejar sin efecto el contrato.

El viceministro de Saneamiento Básico, José Barragán, abrió la posibilidad de dejar sin efecto el contrato en 60 días si la comisión revisora comprueba las denuncias contra la empresa y si los ejecutivos de ésta se niegan a corregir errores. El gobierno propone revisar el contrato con AISA y Fejuve plantea la expulsión de la empresa para que luego el servicio de agua potable sea administrado por una entidad pública y sin fines de lucro.

Aguas del Illimani es filial de la francesa Suez Lyonnaise de Enaux y algunas de sus acciones pertenecen al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a ciudadanos bolivianos.

AISA tiene un contrato de 30 años, siete de los cuales ya han transcurrido.

El gerente de Operaciones y Planificaciones de Aguas del Illimani Sociedad Anónima (Aisa), Alberto Chávez, aseguró que esa empresa atendió el 97 por ciento del área delimitada en el contrato suscrito en 1997. Sin embargo, El Alto creció aceleradamente y su población se multiplicó en los últimos años con la migración de ciudadanos de otros distritos del país en busca de fuentes de trabajo.

El ejecutivo aseguró que la empresa cumplió con sus compromisos dentro de zonas censales, pero existe una demanda fuera de esa área por el crecimiento de la ciudad. “Lo que hemos hecho en cobertura de agua en esta gestión es subir la atención en la mancha urbana de un 79% a un 97%, y ahora se debe modificar el área para atender a la gente que no tiene”. El funcionario calcula que se puede atender a la gente que carece del servicio con un plan de tres años de duración.

“Hay como 40 mil familias que tienen restricciones para acceder al servicio de agua, el problema con el alcantarillado todavía es un poco mayor, y el contrato, como está formulado ahora, no permite alcanzar a todos los pobladores. Lo mínimo que tenemos que hacer es preguntarles, si ellos nos dicen que no quieren atender a esta población, porque es pobre, porque no les paga, porque no les resulta rentable y todo lo demás, tendremos que buscar otro operador”, afirmó el viceministro Barragán.

Alrededor de 650 mil habitantes tienen acceso al agua en El Alto, si se considera que existen 130 mil conexiones y que por cada familia existen 5 personas.

No existe una razón fundamentada para romper el contrato y si se lo rescinde de manera unilateral, el Estado deberá indemnizar a la empresa, asegura el ejecutivo de Aguas del Illimani.