Más allá de la privatización de seres vivos y recursos naturales, los tratados de libre comercio de Estados Unidos promueven la destrucción definitiva los estados nacionales TLC, el camino de la anexión política Miguel Lora Comenzó la VI Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y la Comunidad Andina (CAN) en Tucson, Estados Unidos. En esta penúltima ronda, que se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, los países de la región negociarán con la primera potencia del mundo algo más que un acuerdo comercial. Bolivia participarán una vez más como país observador, con un equipo reducido de 21 personas y sin contar con una estrategia específica.

Más allá de la privatización de seres vivos y recursos naturales, los tratados de libre comercio de Estados Unidos promueven la destrucción definitiva los estados nacionales

TLC, el camino de la anexión política

Miguel Lora

Comenzó la VI Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y la Comunidad Andina (CAN) en Tucson, Estados Unidos. En esta penúltima ronda, que se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, los países de la región negociarán con la primera potencia del mundo algo más que un acuerdo comercial. Bolivia participarán una vez más como país observador, con un equipo reducido de 21 personas y sin contar con una estrategia específica.

El Tratado de Libre Comercio que el gobierno boliviano pretende suscribir con Estados Unidos es mucho más que un acuerdo comercial negociado. Es un pacto de carácter político y obligatorio destinado no sólo a normar la relación comercial del país más pobre de la Comunidad Andina con la primera potencia del mundo, sino a consolidar las reglas del libre mercado en las Constituciones Políticas de todos los países del hemisferio.

Los acuerdos de libre comercio van más allá de los negocios y no buscan simplemente la eliminación de aranceles, admite la Oficina del representante comercial Robert Zoellic. En el fondo, el gobierno de Estados Unidos concibe a los TLC como herramientas de una estrategia política de largo plazo ?que tiene al Plan Colombia como brazo militar? cuyo objetivo es afianzar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica y apaciguar las llamaradas de rebeldía.

Desde que comenzó el siglo, insurrecciones populares en ascenso derribaron al menos a cinco presidentes complacientes con Washington, mientras que cuatro líderes irreverentes subieron al poder en Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina defendiendo un discurso contrario a la ortodoxia neoliberal. Simultáneamente, el poder imperial ha perdido importantes batallas y todavía no se resigna al fracaso del ALCA y al reciente colapso de la OMC en Cancún. De ahí la reelección de George W. Bush y la urgencia de imponer el TLC antes de junio de 2005.

La acometida estadounidense consiste en dividir para triunfar. En el hemisferio ya firmó acuerdos de libre comercio con Canadá, México y Chile; negocia un acuerdo con Panamá, sometió a cinco países de Centroamérica y ahora se apresta a domesticar a las naciones andinas.

Lo que está en juego

Más de la mitad de los 23 tópicos que trata el TLC Andino reglamentan temas que van más allá del intercambio de mercancías industriales, textiles, agrícolas, servicios en general o telecomunicaciones. El TLC propuesto por Estados Unidos exige también modificaciones en la administración aduanera, reglas de origen, salvaguardas y medidas sanitarias y fitosanitarias muy severas e interviene en compras estatales, reglas de propiedad intelectual, solución de controversias, garantías a la inversión y en asuntos institucionales, ambientales y laborales.

Se podría decir que el tratado norma el intercambio de todo material orgánico e inorgánico susceptible de ser comercializado y en su afán mercantilista limita el ejercicio de la soberanía nacional. Porque no solamente postula el patentamiento de flora y fauna, la privatización del agua y de los servicios o la libre comercialización de semillas y alimentos transgénicos, sino que promueve la modificación de las leyes para ajustarlas a las reglas del libre comercio y el apuntalamiento de una justicia supranacional diseñada para garantizar las inversiones de las empresas transnacionales.

Los TLCs no sólo crean una zona de libre comercio entre economías sumamente desiguales. Estos acuerdos, además, constituyen una especie de “Constitución Económica” continental, que impone un orden económico neoliberal en todos los países del hemisferio, socavando la soberanía de los Estados y otorgando amplios privilegios a las empresas transnacionales.

Los TLCs disponen amplios derechos para los inversionistas a través de “cláusulas estado-inversionista” que limitan severamente los derechos de los Estados nacionales en temas fundamentales como la banca, seguros y finanzas, transporte, telecomunicaciones, correos, salud, turismo, distribución y tratamiento de agua, educación y electricidad, servicios que no sólo son vitales para la economía sino también para las personas, ya que son productos que satisfacen necesidades básicas.

Según el director ejecutivo de la ONG chilena “Fundación Terram”, el economista Rodrigo Pizarro, “claramente (el TLCs con Chile) es más que un acuerdo comercial, puesto que significa compromisos profundos respecto a la estrategia de desarrollo vigente y a la autonomía de las políticas públicas del país”.

David contra Goliat

El ingreso per cápita de un estadounidense es 35 mil dólares anuales, 40 veces más que los 900 dólares obtenidos en promedio por cada ciudadano boliviano. Estados Unidos ocupa el séptimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano; Bolivia figura en el puesto 114 de una lista de 175 países. Según el Foro Económico Mundial, en 2001 la potencia del norte ocupaba el segundo lugar en el Índice de Competitividad, mientras que el país se ubica en la posición 94. Y antes de que ambos países tan disímiles comiencen a competir las asimetrías ya se revelan durante las negociaciones.

Estados Unidos no quiere tocar el tema de “ayuda interna” que proporciona a su sector agropecuario, una especie de dumping o práctica de comercio desleal que consiste en comercializar un producto a un precio por debajo de los costos reales de producción con el objetivo de eliminar la competencia y edificar un monopolio capaz de manipular los precios.

El subsecretario de Estado norteamericano para el hemisferio occidental, Walter Bastian, admite que las negociaciones serán muy duras. Colombia planteará a Estados Unidos que sean desactivados 13 mecanismos que actúan como subsidios indirectos, entre los que se encuentran rebajas en los impuestos o pagos directos a los agricultores en sectores como algodón, trigo y maíz. De todas maneras, la negociadora de Estados Unidos Regina Vargo adelantó que las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú no podrán basarse en la eliminación de los subsidios agrícolas, ya que ese tema solamente será dirimido en la Organización Mundial de Comercio.

Cada año, Estados Unidos concede a sus productores en promedio 90 mil millones de dólares de ayuda. En 2002, la potencia gastó en apoyo directo a sus agricultores aproximadamente 39.600 millones de dólares e invirtió otros 26.600 millones en investigación y desarrollo, servicios de inspección, infraestructura y mercadeo. Debido a esas subvenciones, el precio del trigo norteamericano está subvaluado en 40%; el maíz, entre 25 y 30%; la soya, 30%; el algodón, 57% y el arroz en 20% por debajo de su precio real.

Quedan fuera de las negociaciones las subvenciones agrícolas, pero Estados Unidos exige eliminar la franja de precios, salvaguardas que tienen los países de la CAN para proteger su mercado interno. La potencia ha dicho que no permitirá que algunos productos sean protegidos por más de 10 años, pero impone patentes para sus fármacos hasta por 40 años.

Pese a los desequilibrios, la jerarquía gubernamental se apresta a negociar el TLC con el argumento de que no hacerlo significaría aislarse de la corriente de la globalización, perder los beneficios del ATPDEA y desaprovechar un mercado de 230 millones de habitantes de alto poder adquisitivo.

El futuro por una camisa

Medio millón de bolivianos que no tienen trabajo sobreviven en el subempleo y cada año se suman a ese ejército 100 mil personas. El mercado nacional no basta para absorber a semejante cantidad de mano de obra y por esa razón uno cada dos bolivianos que nacen se va del país en busca de mejor fortuna.

Es una responsabilidad buscar nuevos mercados para productos y servicios y comenzar a exportar mercancías en vez de bolivianos desocupados. Es preciso, entonces, firmar acuerdos con todos aquellos que puedan ser potenciales compradores, incluyendo Estados Unidos, que consume la mitad de todo lo que se produce en el mundo, razona el gobierno.

Otra lectura tienen los movimientos sociales. Firmar el TLC es resignar la propiedad de la biodiversidad, hacer dependiente a la agricultura boliviana de las patentes y someterse a justicia extraterritorial. Significa la pérdida de soberanía del Estado sobre sus recursos a costa de vender “algunas camisas”, ironiza Pablo Solón, miembro del Comité Boliviano de Lucha contra el TLC.

Juan Carlos Iturri, el negociador oficial del TLC, está convencido de que no podrá lograr unanimidad en este tema: “Hay gente que está dispuesta a aceptar cualquier acuerdo porque es pro yanqui y existe otra gente que no quiere ninguno por motivos ideológicos”. Y no hay nada más débil que un negociador que representa a un país dividido, pues el enfrentamiento entre bolivianos es la mejor manera de que nos “saquen la mugre” en la negociación, opina la autoridad.

Lo cierto es que, unidos o no, economistas e intelectuales varios coinciden en que el TLC norteamericano si abrirá mercados a las manufacturas, pero a costa del desmantelamiento de la economía. Después de aplicar modelos de simulación económica (modelo de gravitación), los economistas aseguran que el panorama no será muy alentador para los países latinoamericanos. Con los TLC, van a perder sobre todos las grandes economías latinoamericanas, mientras que las economías más pequeñas recibirán un tiro de gracia.

Todo indica que de firmarse el TLC crecerá la brecha comercial y la región se consolidará como proveedora permanente de materias primas, una especialización regresiva en la división internacional del trabajo.

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El calendario TLC

Tras la reelección de George Bush se prevé que arreciará la presión sobre los gobiernos débiles hasta hacerse intolerable. Dos temas están en la agenda de la potencia: la profundización de la guerra contra las drogas y el aceleramiento de los TLC asimétricos.

Se supone que Estados Unidos tendrá que vencer tres rounds antes de imponer su proyecto. El primero consiste en negociar el acuerdo hasta principios de enero de 2005. La Ronda de Guayaquil ha sido la última programada en un país andino. La siguiente, supuestamente la antepenúltima, se desarrolla en Tucson. Se calcula una Ronda “prolongada” en Washington a principios del próximo año.

El segundo round será la firma del Presidente en febrero y el tercero la ratificación congresal en marzo. Todo el proceso tendría que concluir en mayo de 2005. Se estarían repitiendo los mismos pasos y argumentos aplicados en el CAFTA, dejando así la mayor parte del texto encorchetado hasta la última ronda. Por tanto son de preverse los mismos resultados a los que dicha estrategia llevó a los países centroamericanos a firmar el TLC con Estados Unidos

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El mandato del referéndum contradice al TLC

En la consulta la gente ordenó al Presidente recuperar Yacimientos para que retome las riendas del negocio energético y anular una ley de hidrocarburos neoliberal, y ahora Estados Unidos le obliga a firmar un tratado internacional que veta toda forma de estatismo.

Un informe reservado del Banco Mundial indica que si Bolivia desea negociar oficialmente el TLC está condicionado a aprobar una Ley de Hidrocarburos compatible con los intereses de la inversión extranjera.

La Ley de Hidrocarburos “populista” del Congreso reposiciona al Estado en el negocio energético, interviene en el sector privado y aumenta los impuestos, contradiciendo la esencia de los acuerdos comerciales, es decir la libertad comercial total y la reducción de la injerencia del Estado en los negocios productivos.

A Estados Unidos le molesta particularmente que la ley cambie el estatus de las petroleras de concesionarias a prestadoras de servicios. Los puntos observados son 1. Modificación obligatoria de contratos (art. 5). 2. Aumento de impuestos y regalías al 50% (art. 53). 3. Propiedad y entrega del 100% de la producción a YPFB (art. 16 y 68). 4. El monopolio del Estado un el negocio del gas (art. 10 y 13 y 15). 5. El capítulo referido a Pueblos indígenas, áreas protegidas y medioambiente, que reconoce la posibilidad de que los pueblos afectados veten proyectos de inversión (Titulo IX, art. 123 y 132).

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Un chaleco de fuerza para la Constituyente

En teoría, la Asamblea Constituyente es soberana y puede decidir todo sin pedir permiso a nadie. Pero, ¿qué ocurre si previamente a su realización se firma un acuerdo de “libre comercio” que condiciona una serie de aspectos de la futura Constitución?, se pregunta el activista Pablo Solón.

Una vez negociado, el Estado deberá dar fiel cumplimiento al TLC bajo la amenaza de ser juzgado en tribunales internacionales. El TLC plantea la modificación de las leyes e incluso constituciones de los países para adecuarlas a las reglas del libre comercio.

El TLC choca con la Constitución y ocasiona un problema jurídico legal porque reconoce a los tribunales internacionales como entes que diriman conflictos comerciales. La Constitución señala expresamente que las empresas deben regirse a las leyes bolivianas.

Según un informe de los técnicos del gobierno que asistieron a la tercera ronda de negociaciones en Lima y que fue presentado a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, serían necesarias adecuaciones, modificaciones y nuevas disposiciones legales en al menos 13 de los 23 temas del TLC en discusión.

Se requerirán cambios normativos y de procedimiento en la administración aduanera; habrá que adecuar la normativa nacional en reglas de origen; crear una legislación específica sobre salvaguardas, adecuar la legislación sobre compras del Estado; crear una legislación y autoridad en temas referidos a la competencia; adherirse a 8 tratados internacionales administrados por la OMPI sobre propiedad intelectual; crear una legislación sobre servicios financieros prestados por entidades no financieras; un cambio profundo de la legislación nacional referida a los servicios; ajustes al marco normativo en telecomunicaciones; creación de normativa en comercio electrónico; adecuación de leyes ambientales y actualización de la normativa laboral.

La Cancillería admitió que “siempre que se negocia hay que hacer algunas adecuaciones legales”. Y el Parlamento no está enterado de estos cambios.

En síntesis, tarde o temprano se exigirá “ajustar” la Constitución Política del Estado que está en vigencia.

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La Constitución vs. el TLC

La Constitución indica en el artículo 142 que “El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran”. El TLC limita totalmente la posibilidad de un monopolio sobre las exportaciones, sobre todo cuando se trata de las exportaciones de empresas transnacionales.

El Artículo 141 de la CPE menciona que “El Estado podrá regular, mediante Ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa”. Este precepto constitucional va contra todo el espíritu del TLC Andino, pues éste último persigue limitar y reducir la intervención del Estado en la economía.

Según el Artículo 24 de la CPE “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas”. El Artículo 135 señala que “Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”. Sin embargo, los tratados bilaterales firmados por Bolivia en los últimos años reconocen privilegios especiales a las empresas extranjeras y les autorizan apelar al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial. Eso quiere decir que en Bolivia hay empresas de primera que tienen su propia justicia y empresas de segunda, nacionales, sometidas a la justicia boliviana.

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La subida de impuestos se considera “expropiación”

Estados Unidos ha propuesto que se considere como expropiación, y por lo tanto con derecho a indemnización, cualquier cambio en las normas tributarias, lo cual, según expertos en el tema, llevaría a que ni siquiera se pudiera modificar, hacia arriba, impuestos directos e indirectos.

Estados Unidos aspira a que la deuda externa de los países ?la que llega como crédito o la que se adquiere por la venta de papeles? sea tratada también como una inversión a la cual se le apliquen los mecanismos de protección que se acuerden en el TLC.

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Una negociación patética

En la V Ronda de Negociaciones del TLC CAN ? EE.UU. realizada en Guayaquil, Ecuador, del 25 al 30 de octubre, la Delegación boliviana no fue debidamente considerada y apenas mencionada en la inauguración oficial del evento. No se le proporcionó un lugar físico adecuado para el trabajo y tampoco una sala adjunta como a los otros países.

La participación del sector gubernamental en las salas de negociación fue bastante limitada no solo por su calidad de observador sino también porque atendía más de una mesa de negociación a la vez.

El sector privado tuvo que limitarse a obtener información de manera esporádica e informal, asegura Erika Dueñas, representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol).

Ya se han realizado siete rondas de negociación y en todas ellas la discusión se caracterizó por la extrema confidencial. Al sector privado le resultó más difícil obtener información de la propia delegación boliviana, a diferencia de lo que sucedió con Ecuador, Colombia y Perú.

En todo el proceso Bolivia ha cambiado al menos cuatro representantes en la negociación. Algunos de ellos ni siquiera manejaban el tema, como el último, que tuvo que bajarse del avión cuando se enteró que no tendría asesor durante las conversaciones. Lo grave es que no hay plan, ni estrategia, y tampoco una lista de productos con sus respectivas proyecciones. ¿Quién capacita a los bolivianos para que negocien con Estados Unidos? Nada menos que funcionarios de USAID.

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Textiles, los privilegiados

El gobierno y algunos empresarios aseguran que el TLC es necesario porque abrirá mercados a los textiles nacionales. El país exporta aproximadamente 30 millones de dólares en este rubro a Estados Unidos, de los cuales 23 millones son obtenidos por una sola empresa, Ametex.

Si es tan buen negocio como afirma el gobierno, la pregunta es ¿por qué Ametex no trabaja al 100 por ciento de su capacidad?

Las empresas protagonistas del negocio textil son Ametex, LArtigiano, Maquibol, Ferbo, Trial, Bolam Ltda., Asea Ltda., Mitsuba, Rey Wear , Casa Fisher, Millma S.A., Asarte, Josdo Ltda. y Ferias Bolivianas.