Mesa y las oligarquías hacen fuerza común para defender los intereses de las empresas petroleras El referéndum: papel mojado Miguel Lora En el referéndum del 18 de julio la administración de Carlos Mesa recibió el mandato de anular la ley neoliberal que norma el negocio energético en Bolivia y de elaborar otra que recupere la propiedad de los hidrocarburos, que modifique los contratos de riesgo compartido y aumente los tributos a las empresas transnacionales de 18 al 50%. Tres meses después, el gobierno conforma una alianza con las elites empresariales y los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz para desacreditar cualquier propuesta que refleje los resultados de la consulta con el pretexto de no “ahuyentar” a la inversión extranjera.

El referéndum: papel mojado

Miguel Lora

En el referéndum del 18 de julio la administración de Carlos Mesa recibió el mandato de anular la ley neoliberal que norma el negocio energético en Bolivia y de elaborar otra que recupere la propiedad de los hidrocarburos, que modifique los contratos de riesgo compartido y aumente los tributos a las empresas transnacionales de 18 al 50%. Tres meses después, el gobierno conforma una alianza con las elites empresariales y los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz para desacreditar cualquier propuesta que refleje los resultados de la consulta con el pretexto de no “ahuyentar” a la inversión extranjera.

Superados temporalmente los arrebatos nacionalistas, la agenda de la alta política boliviana ha cambiado. Hoy la prioridad ya no es cumplir la voluntad de la gente sino garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros, aunque esa decisión signifique enemistarse con el Congreso y hacer fuerza común con los sectores más conservadores del país.

Luego de que el Congreso descartara el proyecto de Ley del Ejecutivo por considerarlo ambiguo y una continuación de la política energética de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Comisión Mixta de Desarrollo Económico vio por conveniente elaborar un segundo proyecto de Ley que refleje con mayor fidelidad los mandatos del referéndum, propuesta que finalmente fue aprobada en grande en la Cámara de Diputados el 21 de octubre. De inmediato, el Ejecutivo rechazó el proyecto y, al viejo estilo de los estrategas que desplegaron campañas psicosociales en la década del 90 con el fin de impulsar las privatizaciones, otra vez apela al miedo ciudadano para imponer una ley que no comprometa demasiado los intereses de las empresas petroleras.

“Si la señal no es la correcta, corremos serios riesgos en la visión general que tome la comunidad internacional”, advierte el Presidente Mesa, refiriéndose a los juicios que puede ocasionar la propuesta del Congreso.

Los líderes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Roberto Mustafá y Svonko Matkovic, respectivamente, consideran que la ley congresal “es demasiado estatizante, confiscatoria y expropiadora” porque obliga a las empresas a modificar sus contratos. Coincidiendo con esa línea, también defendida por los cívicos de Tarija y Santa Cruz, el ministro de la Presidencia José Galindo es tajante al evaluar las consecuencias del “inviable” e “irracional” proyecto: “Lo digo una vez más, y 100 veces si fuera necesario: aprobar esa ley conduciría a un descalabro económico”.

Es por eso que Mesa y Galindo proponen a los legisladores reconsiderar el proyecto y concertar una alternativa “que tome en cuenta el deseo de todos los bolivianos, pero sin espantar o liquidar a la inversión extranjera”, exactamente lo mismo que plantea el presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Roberto Ruiz, otro dirigente del bloque reaccionario.

Las causas de la discrepancia

En el fondo, Mesa y sus circunstanciales aliados descalifican toda iniciativa que sea un milímetro más ambiciosa que el proyecto de Ley del gobierno.

El artículo 2 de la propuesta oficial abroga la Ley 1689 que reglamenta los contratos de riesgo compartido y el artículo 27 promete “establecer los términos” para convencer a las empresas de que adecuen sus contratos a la nueva ley. En otras palabras, abroga la ley gonista, pero mantienen todas las demás normas colaterales y sobre todo los contratos. Ese es el “verdadero y real” concepto de nacionalización “sensata” de los hidrocarburos, según el Presidente.

En el tema impositivo, el gobierno proyecta cobrar a las petroleras un impuesto progresivo hasta llegar al 50% recién a partir de 2012. Para ello crea el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), que impone tributos diferenciados al gas natural de exportación, al GLP y al petróleo según el volumen de exportación y el tamaño del campo.

Eso quiere decir que Mesa condiciona el tributo del 50% demandado por el referéndum a la exportación de mayores volúmenes de gas y de esta manera confirma que el principal objetivo de su política energética no es la industrialización sino la exportación. Lo ha dicho varias veces: Bolivia debe exportar ya “sea como materia prima, sea como producto industrializado”.

En contraposición, el Congreso plantea la recuperación del derecho de propiedad de manera obligatoria modificando los contratos de riesgo compartido y el aumento de tributos al 50% vía regalías, pues considera que el ICH es un engaño para el país ya que el monto obtenido con un impuesto sería sensiblemente menor que el que provendría del aumento a través de regalías.

El proyecto de los diputados dispone que la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma el control monopólico de la cadena productiva de hidrocarburos, desde la explotación hasta la comercialización y el transporte, mientras que el gobierno promete trabajar con el sector petrolero en calidad de asociado en un régimen de economía mixta. Al gobierno no le parece que YPFB tome el control de toda la cadena, como se había pedido en el referéndum, sino simplemente poner en pie una empresa con atribuciones muy limitadas. Según su proyecto, YPFB no participará en inversiones de alto riesgo (upstream) ?que son negocios no recomendables, pues la exploración y desarrollo de campos ya está cubierto por las transnacionales? sino en operaciones secundarias (downstream), es decir en petroquímica, termoeléctricas y refinerías.

La ley del Congreso garantiza a las petroleras un margen de rentabilidad que oscila entre 12 y 19%, en tanto que el proyecto del gobierno les asegura hasta 30%. Para las autoridades, entonces, “nacionalización racional y sensata” significa reducir la renta petrolera a un rango de entre 225 y 115 millones (actualmente se quedan con 250 millones) y subir los ingresos del Estado de los 125 millones actuales hasta 150 o 250 millones de dólares.

¿Vetan una ley “nacionalista”?

Una vez comparadas ambas propuestas, satanizar la ley del Congreso parece un exceso. Diputados del MNR, MIR, MAS y NFR coinciden en que su proyecto de Ley no comete la “irracionalidad” de confiscar ni de expropiar los bienes de las transnacionales ?como demandan otros sectores sociales? ni plantea el “absurdo” de la “nacionalización total”, como sucedió en 1936 y 1969 cuando se expulsó a las empresas petroleras, sino que busca compartir las ganancias del negocio petrolero respetando la seguridad jurídica y la inversión privada.

El MAS, responsable de la Ley, era uno de los actores que pedía expulsar a las transnacionales, pero moderó su discurso y ahora propone una norma que, si bien va más allá de la propuesta del Ejecutivo, puede ser calificada de centrista.

Si esto es así, ¿por qué el Ejecutivo se empeña en ignorar el mandato popular acomodando su discurso según los humores de la oligarquía cruceña? Una posibilidad es que Mesa sea un hombre más del aparato pro petrolero que se rearticula; otra es que la voluntad del Presidente haya sido anulada por una guerra psicológica orquestada desde el exterior.

El poder del lobby petrolero

No es casualidad que llegaran a Bolivia el subsecretario de Estados Unidos para la Región Andina y el Caribe, Charles Shapiro, y Marco Aurelio García, delegado del presidente Lula da Silva, a negociar con el Ejecutivo y el Congreso una ley petrolera que no afecte los intereses de sus empresas. En realidad, el poder internacional comenzó una guerra psicológica en nombre de la seguridad jurídica, que no es más que una forma de asegurar sus altas tasas de rentabilidad, para evitar cambios.

Y la presión comienza a dar resultados porque dentro del país tiene como aliado al empresariado. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) asocia a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, es decir al gremio de las petroleras, y es lógico que su discurso sea el mismo que el de las transnacionales, esto es mano dura y respeto a la ley de Goni.

El MAS ha resignado parcialmente su posición respecto a los hidrocarburos y está dispuesto a consensuar una “tercera propuesta” sobre la base de la Ley 1189 del gobierno de Jaime Paz Zamora, que cobre el 50% de impuestos a las petroleras combinando regalías e impuestos, que “pacte” la modificación de contratos y que ya no “refunde” sino que “refuerce” YPFB.

Por lo pronto, el superestado petrolero ha conseguido que el MIR y MNR propongan la postergación del tratamiento de la Ley de Hidrocarburos hasta después de las elecciones municipales, que sus representantes nacionales, las oligarquías empresariales, armen una tramoya nacional so pretexto de las autonomías, y que el Presidente Mesa se suba al carro de la reacción y olvide su promesa de construir un país nuevo.