Lo dice el Viceministro de Justicia Será imposible juzgar a Sánchez de Lozada en rebeldía Una fuente del entorno de Gonzalo Sánchez de Lozada le dijo a Bolpress que el ex presidente pediría asilo en Estados Unidos si el Congreso daba luz verde al juicio de responsabilidades porque había perdido toda la confianza en sus “operadores” del Poder Judicial. La fuente emenerrista confirmó que Goni aduciría “falta de seguridad jurídica” luego de que el Presidente Mesa nombrara por decreto ?aunque de forma interina? a 17 magistrados y fiscales. De esta forma, esa fuente reveló indirectamente parte de la estrategia que aplicarán los abogados defensores.

Será imposible juzgar a Sánchez de Lozada en rebeldía

Miguel Lora

Una fuente del entorno de Gonzalo Sánchez de Lozada le dijo a Bolpress que el ex presidente pediría asilo en Estados Unidos si el Congreso daba luz verde al juicio de responsabilidades porque había perdido toda la confianza en sus “operadores” del Poder Judicial. La fuente emenerrista confirmó que Goni aduciría “falta de seguridad jurídica” luego de que el Presidente Mesa nombrara por decreto ?aunque de forma interina? a 17 magistrados y fiscales. De esta forma, esa fuente reveló indirectamente parte de la estrategia que aplicarán los abogados defensores.

“Sus delitos son de lesa humanidad y por eso no tiene derecho de asilarse en ningún país. Según normas internacionales, ningún Estado debería otorgarle ese privilegio. Si es que no se presentara a declarar, el juicio puede tramitarse en rebeldía; como en el caso de García Mesa, se puede pedir su extradición ya que entre Bolivia y Estados Unidos existe un tratado al respecto”, opina el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Sacha Llorrenti.

De otra forma interpreta la situación el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón: “El nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) y los tratados de derechos humanos vigentes prohíben las condenas en rebeldía, no hay esa posibilidad; es un proceso indebido, contrario a los derechos fundamentales”. ¿Eso quiere decir que si Sánchez de Lozada es convocado por la justicia y no se presenta no se podrá juzgarlo? “No hay proceso en rebeldía, pueden avanzar las investigaciones, pero no se puede llegar a sentencia cuando hay rebeldía. Por eso urge agotar todos los mecanismos para que si no comparece voluntariamente, comparezca aplicando medidas coercitivas”, responde la autoridad.

El embajador de Estados Unidos, David Greenlee, prefirió no adelantar ni especular sobre el tema para no “echar leña al fuego” e informó que en este momento no existe demanda alguna de extradición. Ahora, el viceministro Alarcón promete que todo requerimiento judicial, por ejemplo una solicitud de extradición de Sánchez de Lozada, será oportunamente diligenciada por el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería, que es la instancia competente.

Con “optimismo moderado”

Pese a todos los obstáculos que comienzan a revelarse el gobierno tiene fe en que el proceso avanzará. “Antes se dudaba del Congreso, la gente decía que si los imputados están como diputados sería difícil que se autorice el juicio, sin embargo nos llevamos la sorpresa. Ahora comenzamos a desconfiar del Poder Judicial, pero yo tengo un optimismo moderado de que las cosas irán bien. Todos los ciudadanos debemos estar expectantes para que eso ocurra”, opina Alarcón.

Pero, ¿cómo ser optimistas si ni siquiera se fijan plazos para el juicio? El Viceministro de Justicia considera que los vacíos jurídicos y lagunas de la Ley que norma los juicios de responsabilidades ?considerada muy genérica y ambigua porque no detalla las formas del procedimiento? podrían ser subsanados aplicando el nuevo CPP.

“La ventaja es que como telón de fondo de estas imperfecciones puede entrar en aplicación el nuevo Código. Como se trata de material procesal la analogía no está prohibida. Hasta los plazos del nuevo CPP pueden ser indicativos, aproximadamente seis meses para la fase preparatoria y hasta tres años para el proceso total”.

¿Eso quiere decir que Goni podría ser sometido a un juicio oral? Si el proceso pasa a la etapa de acusación, lo más probable es que la audiencia sea oral y pública, responde el Viceministro.

Condiciones del éxito

Según Alarcón, existen las condiciones necesarias para llevar adelante el juicio. La Fiscalía General y la Corte Suprema están completas gracias a las designaciones que hizo el gobierno, y aunque se trate de autoridades interinas, tienen plenas atribuciones, potestades y jurisdicción para realizar su trabajo, pues el interinato es una figura constitucional.

Sin embargo, es preciso cumplir algunas formas para alcanzar el éxito, como por ejemplo no aumentar más el número de implicados y no presionar al Poder Judicial. Se puede ampliar la acusación a otras personas que no tienen fuero constitucional, pero cuando hay un número exagerado la celeridad del juicio se ve perjudicada. Claro que no será un proceso sencillo porque son varios delitos y varios implicados, pero 16 es un número razonable, no 40 como en el juicio contra el banquero Roberto Landívar.

El juicio de responsabilidades es un acto trascendental, el primer paso para hacer justicia por los hechos de octubre; fortalece la institucionalidad del Congreso y del sistema democrático en su conjunto, y constituye una señal a la comunidad internacional de que Bolivia respeta los derechos humanos. El Presidente está convencido de que el juicio debe seguir adelante porque esa será la base de reconciliación de los bolivianos, asegura Alarcón.

De ahí que es necesario actuar con mucho cuidado. El MAS impuso un plazo a la Corte Suprema para que envíe a la cárcel al ex presidente, pero si se comienza a politizar un tema estrictamente judicial el riesgo es que los imputados argumenten que no existen condiciones para un debido proceso. “Hay que ser muy prudente para garantizar la total independencia del Poder Judicial. Eso de presionar será contraproducente al objetivo de conocer la verdad. Por eso el Ejecutivo se va a limitar a cumplir con los requerimientos de la justicia, como intervenir en el trámite de una solicitud de extradición”, señala el viceministro de Justicia.