Ayo Ayo, el pueblo que quemó a su alcalde y destruyó la casa del patrón Aroma de rebelión Miguel Lora Seguidores contemporáneos de Alcides Arguedas entienden que los caciques “bárbaros y cavernarios” responsables de los recientes sucesos en Collana deben ser sancionados con dureza. Sin embargo, la criminalización de los hechos no parece ser suficiente para contener semejante desacato en la tierra de Zárate Willca y de Tupac Katari.

Ayo Ayo, el pueblo que quemó a su alcalde y destruyó la casa del patrón

Aroma de rebelión

Miguel Lora

(El Juguete Rabioso).- Seguidores contemporáneos de Alcides Arguedas entienden que los caciques “bárbaros y cavernarios” responsables de los recientes sucesos en Collana deben ser sancionados con dureza. Sin embargo, la criminalización de los hechos no parece ser suficiente para contener semejante desacato en la tierra de Zárate Willca y de Tupac Katari.

La población aymara de Ayo Ayo, en el altiplano paceño, colgó de una cuerda a su alcalde acusado de corrupción y luego prendió fuego al cuerpo. Poco tiempo antes, en Collana, la comunidad ocupó las tierras del patrón por la fuerza y destruyó su hacienda. Y para rematar, incendió las viviendas de quienes, buscando enriquecimiento personal, se aliaron al k?ara y pasaron por alto los intereses de la comunidad. Todo eso ocurrió en los últimos 15 meses.

Las autoridades entienden que tal estallido de violencia ?se trata de actos vandálicos y criminales contra la propiedad privada y el estado de derecho, explican? debe ser atendido por la justicia ordinaria y prefieren dejar a los dirigentes en manos de jueces, aunque en este caso la criminalización de los hechos no parezca suficiente para resolver semejante desacato.

Pues no son “indios” levantiscos cualquiera quienes desconocen al sistema y a sus instituciones ni es la primera vez que lo hacen. En realidad, los vecinos de la legendaria provincia Aroma del departamento de La Paz, descendientes de Julián Apaza, el gran Tupac Katari, y de Pablo Zárate, “el temible Willca”, hace más de 200 años que protagonizan periódicas rebeliones.

En las planicies áridas de Aroma del siglo XXI todavía se sienten las reacciones indígenas frente a un despojo sistemático que comenzó en el siglo XVI, cuando la Corona se repartió tierra e indios de la zona, y que continuó a la largo de la historia republicana. Melgarejo estatizó sus tierras comunales en el siglo XIX; los liberales se compraron esas tierras a principios del XX y en 1952 los nacionalistas revolucionarios no acabaron con todos los latifundios de la región rebelde. Como es de suponer, medio siglo después de la Revolución, éstos desheredados todavía reclaman por el despojo y otra vez apelan a la acción directa.

Conquistados, no sometidos

Una vez desintegrado el imperio de Tiahuanacu, en el siglo XII, las etnias collas pacajakis y sucasucas que poblaron lo que hoy es la provincia Aroma fueron dos veces víctimas de la expansión de imperios extraños.

Primero enfrentaron a Tupac Inca Yupanqui, quien convirtió a sus habitantes en mitimaes, y después a los conquistadores comandados por Francisco Pizarro. Luego de la conquista, los dominios de Sica Sica, Ayo Ayo y Calamarca se convirtieron en un extenso corregimiento del Virreinato de Perú. A partir de 1594 la Corona Española comenzó a titular y a vender sus tierras de comunidad, fragmentando algunas de ellas o haciéndolas desparecer. Fueron sucesivos los despojos entre 1618 y 1674, a cargo de los visitadores Alonso Ibañez de Lobera, Alonso de la Torre, Joseph de Meneses y Pedro Luis Enriquez. Pero tuvo que pasar más de un siglo, entre el hostigamiento y la usurpación permanente, para que madure la rebeldía.

En febrero de 1781 se sublevaron Calamarca y Sica Sica bajo la jefatura de Tupac Katari, célebre dirigente nacido muy cerca de Collana, quien el 7 de marzo se intituló por vez primera en Ayo Ayo “yo el virrey Catari”. En escarmiento, el 20 de junio de ese año las tropas españolas incendiaron Sica Sica y el 22 de abril de 1782 tomaron Collana, prendieron fuego a las casas y ejecutaron crueles matanzas de indios en los cerros.

Se pensó que la independencia corregiría el trauma, pero los herederos de la Corona que tomaron el mando del nuevo Estado reconocieron el pongueaje y entre

1838 y 1877 recurrieron a todos los medios posibles para hacerse de la tierra de los 18 ó 20 originarios registrados en Collana.

El Estado en bancarrota acude al bolsillo indígena

Agobiado por su debilidad permanente, e incapaz de cobrar impuestos a las élites y a las clases medias urbanas, el Estado blanco-mestizo intentó reformar el sistema impositivo y modificar la contribución indígena a partir de 1850. En esa coyuntura aparecieron los decretos de Melgarejo de 1866 que transformaron el ayllu Collana en hacienda, estatus que se consolidó con las leyes de 1874 y 1882.

El objetivo del Estado era cobrar tributos a los indígenas para que consolidaran la propiedad de su tierra. Fue así que en 1868 se traspasó por ley todos los predios de comunidad al fisco. En 1867 el corregidor de Ayo Ayo notificó a los originarios que tenían 60 días de plazo para pagar el tributo, y como José Manuel Eguino y Policarpio Arancibia, jilaqatas de Collana, se negaron, entre julio y agosto se remataron las tierras en favor del coronel Francisco Javier Cárdenas. Sin embargo, dicho remate fue anulado por la Ley de 1871.

En 1874, los mistis que controlaban la supuesta república democrática de Bolivia abolieron el ayllu, desconocieron a todas sus autoridades originarias y ocuparon la tierra usando la violencia. La Ley Ex Vinculación confería títulos individuales, pero no reconocía comunidades, y traspasaba parte de las tierras al Estado. Reinante el positivismo que consideraba el retorno al incario como la incivilización, en 1880 esa ley fue ratificada y ampliada con el argumento de activar un mercado de la tierra.

En la década de los 80 del siglo XIX criollos y mestizos comenzaron a comprar tierras y a convertir en “pongos” a sus habitantes, pese a que los usurpados portaban títulos coloniales que reconocían su propiedad comunal. De esta forma pasó a manos de una élite de comerciantes aproximadamente el 16% de la tierra comunal de Sica Sica.

Entre 1882 y 1883, Ayo Ayo estaba dividida en seis comunidades: Arcata, Sullcani, Araca, Collana, Pomarasa y Pomani, que en conjunto poseían casi 50.000 hectáreas de las cuales sólo un tercio era apta para el cultivo de papas dulces, cebada, canahua y quinua, entre otros productos. En Collana ?que detentaba el 15% de esa tierra, es decir 7.399 hectáreas? vivían 126 contribuyentes de 18 a 50 años, cada uno poseedor de 58,73 hectáreas en promedio.

En 1882 los indígenas originarios y agregados de Collana recibieron una escritura de propiedad pro indiviso y a partir de 1886 acordaron vender “libre y espontáneamente” parte de las tierras, convirtiéndose en colonos de la hacienda de Cesáreo Zalles, liberal y miembro del gobierno de Severo Fernández Alonso.

Desintegradas comunidades enteras en nombre del libre mercado, el latifundio se expandió. Las víctimas apelaron a la justicia y contrataron indios letrados para que los representasen en los tribunales. Así aparecieron los “caciques apoderados”, uno de los cuales fue Pablo Zárate, “el temible Willka”, vecino de la zona y cacique encargado de defender las tierras de Sica Sica en 1890.

La compra, venta y remate de tierras aumentó en las últimas dos décadas del siglo XIX, acelerando la concentración en manos de k?aras y mestizos a través de la vía legal. Fueron tantas las denuncias que pronto se conformó una red de caciques apoderados con representación en varios departamentos. Como la justicia sacaba cara por los hacendados, a fines del siglo XIX el descontento se generalizó. Y así, entre las frustraciones de la pelea judicial, fermentó la rebelión de 1899.

¿Y la Revolución?

La alianza con los liberales no detuvo la expropiación colectiva de la tierra y más bien significó la derrota indígena y el cese de la resistencia comunal organizada hasta la segunda década del siglo XX. Luego de la guerra federal, conservadores y liberales se abrazaron con el objetivo de contener a la fuerza campesina, conservar su monopolio político y económico, y continuar con la agresión contra las tierras de comunidad, cuya cúspide fue 1907.

De 1900 a 1936, la heredera Pilar Zalles administró Collana con su esposo Wenceslao Yanguas. Entre 1915 y 1921, caciques de la hacienda denunciaron varias veces a Yanguas por embargar terrenos y domicilios y promover detenciones injustas. En calidad de pongos, y angustiados por el trato despótico traducido en trabajos forzosos y servicios personales, los colonos llegaron a pedir garantías personales a la Cámara de Diputados.

En febrero de 1916 Feliciano Condori denunció que Yanguas, con ayuda de sus dos hijos y de la fuerza pública, hostigó y abusó a su familia e intentó quitarle su tierra por el solo hecho de ser vecina de la hacienda. Firmó el reclamo Santos Marka Thola, líder de una nueva red de organizaciones indígenas que se levantó desde Pacajes contra la expansión latifundista en 1914.

Seguramente fatigada por la presión de los colonos, en 1936 la familia de Pilar Zalles vendió la propiedad a Sara Calderón de Borda, quien en 1940 transfirió la hacienda a Humberto Peinado. Se tiene referencia de que en 1944 Jorge Rodríguez Balanza compró las tierras de Collana a Carmen y Blanca Rosa Estenssoro.

Se supone que los revolucionarios de 1952 tendrían que haber puesto fin al entuerto centenario, pero la Reforma Agraria fue tolerante con Collana. Mediante resolución especial de 1955 se decretó como propiedad inafectable a 7.050 hectáreas en favor de Rodríguez Balanza, aunque la misma ley definía que la extensión máxima para una empresa agrícola en el Altiplano era de 800 hectáreas. La hacienda tenía 12.070 hectáreas, pero sólo 4.500 fueron repartidas entre los colonos, 10 a cada uno.

En 1976 Gonzalo Iturralde Monje, el hermano de la ex primera dama Ximena Iturralde, compró 1.833 hectáreas en Collana a los herederos de Rodríguez Balanza, sin imaginar que ese negocio marcaría para siempre la vida de su familia. A las ocho de la noche del 28 de agosto de 1984, Oscar Mamani Paco, su empleado, le disparó dos veces, en la nuca y en la cien. “Lo maté porque éramos esclavizados y maltratados como animales”, declaró el asesino, quien fue condenado a 30 años de cárcel.

La muerte de Iturralde no sólo confirmó que la guerra por la tierra de Collana se mantuvo vigente hasta el siglo XX, sino que fue considerada “el inicio de la lucha de clases”, tal y como advirtió el entonces representante de los empresarios privados Fernando Illanes. El asesinato, un “premeditado plan revolucionario en aras de la sovietización del país”, a decir de los empresarios, fue una más de las causas para que la derecha política emergente presionara de tal forma al gobierno que Hernán Siles se vio obligado a adelantar las elecciones.

De la protesta al desacato

Diez años después de la muerte de Iturralde, su viuda Amparo Campuzano enfrenta una vez más las réplicas violentas de un conflicto centenario. El 29 de junio de 2003 la comunidad Collana Tholar ocupó físicamente la hacienda demandando al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la reversión de 1.833 hectáreas con el argumento de que no cumplían con la función económica y social establecida por ley.

El INRA tardó casi 12 meses en responder que reconocería 1.050 hectáreas a los dueños de Collana y que revertiría al Estado otras 700. Durante la negociación, el dirigente de los campesinos sin tierra de la zona, Gabriel Pinto Tola, fue detenido en las oficinas del mismo INRA acusado de “apología del delito, sedición, actividad criminal y presunto asesinato del alcalde de la población de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano”.

La ocupación de Collana constituye una de las 41 tomas de tierra ?28 de responsabilidad del Movimiento Sin Tierra (MST)? registradas desde octubre de 2003. Y como el INA ha dicho que sólo dispone de 32 mil hectáreas de áreas fiscales para atender todos esos reclamos “irracionales” y altamente “politizados”, los nietos de la reforma agraria ?esa generación que heredó de una a dos hectáreas y que ahora sobrevive en el minifundio y el surcofundio? decidió actuar saqueando la hacienda Collana y repartiéndose las vacas antes de incendiar las viviendas de dos familias de “llunk?us” que compraron tierra a los patrones mientras la comunidad esperaba un fallo del INRA.

En ese contexto, los sucesos en la provincia Aroma transcienden el ámbito criminal como quieren hacer ver algunos fieles de la pseudo antropología de Alcides Arguedas. Con los años, la pelea por tierras se ha transformado en una lucha por la sobrevivencia, pues en una población como Collana, donde el 86% de la gente vive en comunidad, la tierra, más que un bien privado, es fundamental para la subsistencia.

Los campesinos de estas tierras solían conformarse con denunciar las agresiones de sus patrones a la Policía o defender sus predios en los tribunales. Hoy en Ayo Ayo, municipio del que Collana forma parte, se desconoce a la autoridad estatal y el objetivo político, frente a un Estado considerado ineficiente y ajeno, es la autodeterminación.

Referencias:

? Daniela Otero, Rossana Barragán, Florencia Durán y otros; Collana, conflicto por la tierra en el Altiplano; Fundación Tierra, 2003.

? Carlos Mamani Condori; Taraqu 1866-1935; Ed. Aruwiyiri, 1991.

? Marta Irurozqui; Las armonías de las desigualdades: Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920; CSIC-CBC, 1994.