La Red de Protección Social creada por el gobierno de Carlos Mesa no arranca hasta el momento debido a que la Cooperación Internacional observó la forma de administración de esos fondos antipobreza. Los ejecutivos que manejan el programa ganan 7 mil dólares mensuales, mientras que los obreros reciben 480 bolivianos al mes Así se lucra con la plata de los pobres en Bolivia Miguel Lora Hace poco menos de cuatro meses las agencias de cooperación internacional cuestionaron la forma en la que el gobierno administraba alrededor de 50 millones de dólares destinados a la lucha contra la pobreza. Y en la disputa no sólo salió perjudicada la Dirección Única de Fondos (duf), cuyo director apareció sentado en el banquillo de los acusados, sino miles de beneficiarios de un programa de asistencia social que se retrasó al menos tres meses.

La Red de Protección Social creada por el gobierno de Carlos Mesa no arranca hasta el momento debido a que la Cooperación Internacional observó la forma de administración de esos fondos antipobreza. Los ejecutivos que manejan el programa ganan 7 mil dólares mensuales, mientras que los obreros reciben 480 bolivianos al mes

Así se lucra con la plata de los pobres en Bolivia

Miguel Lora

(El Juguete Rabioso).- Hace poco menos de cuatro meses las agencias de cooperación internacional cuestionaron la forma en la que el gobierno administraba alrededor de 50 millones de dólares destinados a la lucha contra la pobreza. Y en la disputa no sólo salió perjudicada la Dirección Única de Fondos (duf), cuyo director apareció sentado en el banquillo de los acusados, sino miles de beneficiarios de un programa de asistencia social que se retrasó al menos tres meses.

La Red de Protección Social (rps), una estrategia contra la pobreza diseñada por el Presidente Carlos Mesa a principios de este año y que fusiona el Plan Nacional de Empleo (Plane) y el Propaís con el objetivo de distribuir recursos en zonas de emergencia, arrancó tarde y hoy se ven a decenas de desocupados bajándose los calzoncillos en las calles y protestando con el trasero descubierto en las puertas de Palacio de Gobierno.

Al parecer, las agencias de cooperación están algo molestas por la forma en la que el gobierno ha decidido administrar la RPS y se dice que el Plane se quedó sin fondos porque los cooperantes tienen serias dudas sobre la adjudicación de la Red a la Cooperación Técnica Belga (ctb).

El PNUD y los belgas en disputa

No es poco lo que manejará la RPS; el gobierno asegura que son más de 70 millones de dólares, pero lo que realmente hay son 49,3 millones para pagar a obreros del Plane, a contratistas del Propaís y a entidades mayoristas, evaluadoras y supervisoras.

El 5 de marzo de este año, el Directorio Único de Fondos (duf) invitó a la GTZ, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a las cooperaciones técnicas de Suiza y Bélgica para gerentar esos recursos, pero sólo se presentaron el PNUD y la CTB.

El PNUD ofreció administrar el dinero a cambio de una comisión de 2.095.129 dólares en tanto que la ctb exigió 2.073.071 dólares por realizar el mismo trabajo, es decir 22 mil dólares menos. Sin embargo, explican fuentes del PNUD, la oferta de la CTB no incluye los costos del sistema Propaís (35.000 dólares); del sistema de información (20.000 dólares); las evaluaciones de impacto (40.000 dólares); el equipo de apoyo multidisciplinario (50.000 dólares), ni el costo de cierre del Plane II (223.855 dólares).

Eso quiere decir que la propuesta de la CTB es en realidad 614.885 dólares más cara que la del PNUD.

Según un análisis técnico que comparó las propuestas de ambos organismos, la CTB no presenta un organigrama de la unidad coordinadora, tampoco una propuesta técnica y financiera para la operación de los programas y sólo muestra un agregado sin detalle sobre el presupuesto, a diferencia del PNUD.

Por otro lado, elPNUDofrece operar el programa de inmediato porque ya tiene personal contratado, en tanto que la CTB sugiere revisar todo el proceso actual y sobre esa base diseñar instrumentos y manuales para luego operar el programa.

La propuesta económica del PNUD establece que los montos no ejecutados del presupuesto serán revertidos al DUF y que se cobra exclusivamente un porcentaje de administración por los recursos efectivamente ejecutados. En cambio, la CTB cobra un monto independientemente de cuánto se ejecute efectivamente de la inversión y señala que si no se llegara a gastar la totalidad del presupuesto, el 50% del remanente se “donará” al DUF y que la otra mitad se utilizará en otros proyectos de la CTB. Esto es insólito, consideran los especialistas, pues nadie puede “donar” dinero que no es suyo y menos disponer de él.

Pese a las observaciones, el 31 de marzo de 2004 el DUF decidió por unanimidad adjudicar a la CTB la gerencia de la RPS.

La Cooperación observa el proceso

En una reunión celebrada el 28 de abril de este año, las agencias de cooperación de Estados Unidos (Usaid), Alemania (GTZ) y Suiza (KFW), además de los representantes de Suecia y Holanda, expresaron sus preocupaciones al presidente del DUF, Sergio Weise, por la forma en la que se adjudicó la RPS a los belgas y el mecanismo utilizado para contratar personal.

Weise explicó entonces que el DUF calificó propuestas para manejar la Red según la cobertura y el precio, y reiteró que la oferta de la CTB era más barata. La Embajada de Holanda le observó que la oferta belga no contenía aspectos importantes como un detalle del organigrama propuesto; los flujos de información entre el DUF, administradores, mayoristas y supervisiones; un detalle de las actividades y de los costos, entre otras deficiencias. De todas maneras, el director del DUFopinó que la propuesta era suficiente, pero su respuesta no convenció a los asistentes.

Weise tuvo que argumentar que el DUF no está contento con la forma en la que el PNUD cierra el Plane II, por los costos y el retraso en la transferencia de sistemas. Además, dijo que el BID no estaba de acuerdo con que el PNUD administre esos recursos y que eso también influyó a la hora de calificar propuestas.

Informó, además, que la CTB entregaría una boleta de garantía por el 10% del presupuesto total que podría ser ejecutada en caso de incumplimiento de compromisos.

No conforme con la explicación, el 14 de mayo de este año el representante interno del PNUD, Alfredo Marty, envió una carta a Weise solicitando la revisión de la adjudicación ya que el costo de administración propuesto por su organización “es mucho más bajo que el de la CTB”. Pero el DUF no respondió.

Cisneros: Juez y parte

En la misma reunión, los financiadores expresaron su preocupación a Weise por la labor que cumplía el coordinador general de la RPS, Rodrigo Cisneros Merino, antiguo funcionario encargado del Plane I desde el gobierno de Jorge Quiroga.

A la cooperación le molestó que Cisneros haya actuado en dos bandos simultáneamente. Cisneros fue contratado como asesor del DUF y como tal organizó a nombre del gobierno concursos para administrar el Plane y el Propaís. Al mismo tiempo elaboró las propuestas de los ganadores y finalmente ocupó un cargo en la administración de ese proyecto.

Desde mayo de 2004, Cisneros controla el Plane III junto a la CTB por un sueldo de 7.000 dólares mensuales y por los próximos 20 meses, es decir hasta enero de 2006. Eso quiere decir que Cisneros actuó como juez y parte, lo que originó un conflicto de intereses.

El PNUD tiene información fidedigna que confirma que Cisneros, a cuenta del DUF, preparó los términos de referencia, elaboró la propuesta de la Cooperación Belga y también calificó las propuestas, situación que demuestra una absoluta falta de ética, suficiente para convertir al proceso en irregular y anómalo. Weise admitió que Cisneros diseñó el Propaís y que participó en la elaboración de los términos de referencia, pero que no tuvo responsabilidad en la calificación ni en la elaboración de la propuesta de la CTB.

En realidad, dicen algunos consultores, no es la primera vez que Cisneros actúa de esa manera. Durante el Plane I elaboró los términos de referencia, calificó, adjudicó y terminó como Coordinador de ese proyecto. Quiso hacer lo mismo en el Plane III, pero la Cooperación Técnica Alemana se opuso por el conflicto de intereses. Es por eso que la GTZ se autoexcluyó de participar en el concurso para administrar la RPS porque recibió una orden superior desde Frankfurt. Los alemanes estaban preocupados porque la administración de la RPS en esas condiciones afectaría su imagen.

Después de todas las observaciones expuestas, Weise terminó argumentando que el nombramiento de Cisneros fue una “decisión e instrucción” del Presidente Carlos Mesa.

“Es una pelea entre la cooperación”

Según el ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, el conflicto surgido a raíz de la adjudicación del RPS nada tiene que ver con las irregularidades que se denuncian y más bien es resultado de la “pelea de intereses entre la cooperación internacional”.

“ElPNUD estaba acostumbrado a ganar todo y es la primera vez que una agencia de cooperación más chica le gana una licitación, en una especie de batalla de David contra Goliat”. En ese marco, según el Ministro, el problema se reduce a que la gente que formó parte del PNUD “patalea porque ahora se quedó sin trabajo”.

Consultores se enriquecen administrando la pobreza

La burocracia que se encarga de controlar los créditos y donaciones destinados a la lucha contra la pobreza se queda con casi 2,1 millones de dólares por cada 50 millones de dólares que administra. En otras palabras, un poco menos del 5 por ciento del dinero que las agencias de cooperación regalan o prestan al país va a parar a los bolsillos de un selecto grupo de consultores nacionales y extranjeros.

Por ejemplo, los dos principales ejecutivos del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane y Propaís), Rodrigo Cisneros Merino y Rigoberto Sossa, ganan un sueldo mensual de 7.000 dólares cada uno desde mayo de este año, es decir que duplican el salario del Presidente Carlos Mesa. En proyectos anteriores, Cisneros llegó a recibir una remuneración de la GTZ que bordeaba los 7.200 dólares mensuales. Con esos salarios se podría pagar a 280 obreros desocupados que perciben un salario de apenas 480 bolivianos al mes.

Casi el 70% del monto total propuesto por la Cooperación Técnica Belga (CTB) para administrar la RPS, es decir 1,3 millones de dólares, es invertido en el pago de salarios de 51 personas. El costo promedio por persona de la CTB en dos años es de 27 mil dólares, en tanto que el costo propuesto por el PNUD es de 10.250 dólares por persona.

Con la plata de todos

El ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, considera que es perfectamente lícito que los profesionales bolivianos accedan a jugosos sueldos trabajando para la cooperación internacional porque ganar bien no es un delito. Sin embargo, la figura cambia un poco cuando esos abultados emolumentos se financian con créditos internacionales que luego deben ser pagados por todos los bolivianos, incluidos aquellos desempleados que últimamente andan mostrando sus carnes desnudas en público para llamar la atención del poder.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contrató al profesional Carlos Prommel Querejazu para diseñar y planificar una estrategia institucional.

Acordó pagarle 12.640 dólares por un trabajo realizado desde el 27 de abril hasta el 5 de junio, es decir seis semanas calendario. Por otro lado, la misma institución contrató a Paula María Ipiña Nagel para que haga una auditoría de gestión estratégica de recursos humanos y definió una remuneración de 9.000 dólares por un trabajo de cinco semanas calendario. En ambos casos el dinero que financia esos sueldos proviene de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscrito en 2001.

Según el Decreto Supremo de Austeridad emitido por el gobierno de Carlos Mesa en enero de este año, los consultores unipersonales, independientemente de la fuente de financiamiento o función, no pueden recibir un sueldo mayor al que reciben los directores generales de los ministerios, es decir 16.900 bolivianos. Sin embargo, el mismo decreto legaliza las consultorías bien pagadas cuando éstas se contratan para realizar “trabajos específicos por plazo y producto determinado”.

Mientras eso ocurre en las altas esferas de la burocracia, 200 mil desocupados siguen en las calles esperando 120 pesos semanales por empedrar calles o construir baños.

Más de un millón de personas no tiene una fuente de empleo y se espera que este año otras 350 mil personas engrosen filas de ese ejército. “No pido que me den nada gratis, quiero empleo permanente, de lo que sea, para alimentar a mis hijos. Quiero comer lo mismo que comen ellos”, decía una de esas marginadas, mientras rezaba desnuda el hace pocas semanas en la Iglesia San Agustín de La Paz.