La radio pública local

Publicado el: julio 21, 2004 9 min. + -
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La radio pública local Alfonso Gumucio Dagron Acabo de leer el libro "Radio Pública Local", de Manuel Chaparro Escudero, y quiero comentarlo por su relevancia con la situación de las radios comunitarias en Bolivia. Si bien el libro de Chaparro aborda específicamente la trayectoria de las radios municipales de España, con un capítulo sobre el contexto europeo, las enseñanzas de esa experiencia merecen ser más conocidas en nuestro país, porque es muy posible que en un futuro cercano el proceso de descentralización política y administrativa conocido como la Participación Popular derive en la creación de emisoras de radio municipales, como sucedió en España.

La radio pública local

Alfonso Gumucio Dagron

Acabo de leer el libro "Radio Pública Local", de Manuel Chaparro Escudero, y quiero comentarlo por su relevancia con la situación de las radios comunitarias en Bolivia. Si bien el libro de Chaparro aborda específicamente la trayectoria de las radios municipales de España, con un capítulo sobre el contexto europeo, las enseñanzas de esa experiencia merecen ser más conocidas en nuestro país, porque es muy posible que en un futuro cercano el proceso de descentralización política y administrativa conocido como la Participación Popular derive en la creación de emisoras de radio municipales, como sucedió en España.

Manuel Chaparro es un amigo de América Latina y de Bolivia en particular, ya que como profesor universitario en la Universidad de Málaga y como activista de la comunicación participativa, ha apoyado numerosas iniciativas de radio comunitaria en nuestra región, y ha seguido de cerca el proceso que hace unas semanas culminó con el Decreto Supremo firmado por Carlos Mesa, que reconoce la necesidad de una normatividad diferenciada para las radios comunitarias, por su papel en la promoción de la cultura y de los valores locales.

Bolivia ha recorrido mucho camino desde fines de los años cuarenta, cuando la primera emisora minera surgió en el país. Estos cincuenta años de historia de luchas sociales han permitido acumular un enorme capital de experiencia con radios mineras y campesinas, y sin embargo, las radios comunitarias se ven obligadas todavía a luchar por su mera existencia y reconocimiento. Mientras las radios mineras de Bolivia se toman como ejemplo de comunicación participativa en todo el mundo, en el país atraviesan dificultades enormes para sobrevivir, gracias al esfuerzo de individuos, más que te redes o instituciones. La firma del decreto presidencial, por ejemplo, se logró gracias al esfuerzo y tesón de una persona, José Luis Aguirre, mientras que las redes de radios existentes mantenían un perfil bajo y se aislaban unas de otras.

La trayectoria de las radios municipales de España, que con lujo de detalles y estadísticas narra Chaparro en su libro, es inspiradora. Poco sabemos en esta parte del mundo de las 601 emisoras municipales españolas que se han desarrollado sobre todo en las regiones autonómicas de Cataluña, Andalucía y Galicia. La primera ?en el municipio cordobés de Pozoblanco- nació todavía bajo la dictadura franquista, en 1974, y fue pionera en su decisión de presentar una alternativa al centralismo y a la censura de los medios. En 1979, con la reconquista de la democracia y la puesta en valor de las autonomías, comenzaron a surgir nuevas emisoras. Los nombres de estas radios pioneras tienen sabor a leyenda: Radio Areyns (1979) en Cataluña, Radio Pizarra (1979), Radio Lebrija (1981) y Radio Aljarafe (1983) en Andalucía, y Radio Fene (1984) en Galicia.

Al igual que muchas de nuestras radios comunitarias latinoamericanas, las primeras españolas "estaban montadas con equipos caseros y kits de fabricación artesanal, en locales completamente improvisados, desde áticos a sótanos, pasando por garajes y graneros", según nos cuenta Manuel Chaparro. Sin embargo, el contexto de las autonomías, las luchas regionales por el reconocimiento de la voluntad de los pueblos, la recuperación de las lenguas que habían sido reprimidas por el franquismo, y una nueva valoración de lo local como contrapeso de lo nacional, permitieron plantear la existencia de las radios locales como una responsabilidad que debían asumir lo municipios, como parte de sus funciones a favor de la educación, de la cultura y de la participación. Añade Chaparro: "los asuntos que afectaban a la ciudadanía encontraban soluciones más cercanas, una vez que la democracia dotó a los municipios de contenido, y éstos recuperaron parcelas de poder".

Tiene muchísima lógica que si entendemos la descentralización y el fortalecimiento del poder local como una manera de estimular la participación ciudadana en los asuntos que tienen que ver con su desarrollo social, cultural y económico, la radio local sea también una responsabilidad asumida por los municipios, como lo son la educación, la salud y la cultura. El derecho a la información puede ser mejor servido desde un concepto de cercanía y participación de la sociedad civil, y para ello, los municipios tienen que invertir y abrir las puertas a la comunidad. En el caso de Bolivia, como en España, esto sería factible a través de las organizaciones territoriales de base (OTB) y los consejos de vigilancia conformados por ciudadanos.

La investigación de Manuel Chaparro muestra que el camino no ha sido fácil. Por una parte, las emisoras municipales tuvieron que enfrentarse al centralismo de Madrid, particularmente cuando gobernaba la derecha, que luego se aglutinó en el Partido Popular. La llegada del partido Socialista al poder, con Felipe González, significó en cambio una mayor apertura, aunque también el riesgo de que en las municipalidades ganadas por los socialistas, éstos tuvieran la tentación de utilizar las emisoras como instrumentos de propaganda. Otras amenazas, todavía vigentes, surgieron del sector de las radios privadas, aglutinadas en una poderosa organización, la Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP), que nunca cesó de ejercer presiones a través de sus influyentes contactos en círculos gubernamentales. Los argumentos de la AERP son los mismos que utilizan los poderoso dueños de medios en nuestros países: la banda de frecuencias ya está saturada, la radios de servicio público no deben recibir ayudas del Estado, debe prohibirse a las emisoras comunitarias contar con espacios publicitarios?

Para hacer frente al poderío de las radios privadas, que constataban que las preferencias de la audiencia local favorecían a las radios municipales, estas comenzaron a organizarse en redes que pudieran representarlas adecuadamente en el proceso de lucha por un legislación más justa. Así nacieron las asociaciones EMUC (Cataluña), EMA (Andalucía) y EMUGA (Galicia), y todas ellas crearon la Coordinadora de Asociaciones de Emisoras Municipales (CAEM).

Las propias emisoras municipales, conscientes de que debían negociar ciertas condiciones para obtener su reconocimiento legal, establecieron normas que fueron aceptadas, por ejemplo ocupar las frecuencias de radios entre 107.0 y 107.9, restringir la publicidad a menos del 10 % del tiempo de programación, limitar la potencia de los transmisores de acuerdo a la población de los municipios y la altura de la antena a 37,5 metros, entre otras. Estas restricciones eran de alguna manera compensadas con un presupuesto municipal asignado a las emisoras, suficiente para cubrir más de la mitad de los gastos corrientes.

Los principios que defienden las radios municipales de España son los mismos que se defienden en otras latitudes. En las palabras de Chaparro: "La garantía del servicio público implica mayores compromisos y sólo puede existir cuando la actividad radiodifusora logra situarse por encima de los intereses de mercado, cuando se busca un ascendente sobre la audiencia en beneficio del progreso, cuando se intenta el nivel útil de información de las audiencias antes que contentar o proyectar autocomplacencia. Radio competente antes que competitiva."

La experiencia española, hoy consolidada, no ha sido una taza de leche. Además de las presiones políticas y del sector privado, muchos municipios, sobre todo en Andalucía, han cometido prevaricato al ceder las emisoras municipales, a intereses privados. Esto, a mi juicio, tiene mucho que ver con la falta de participación de la población local en la gestión y programación de las emisoras. Un alcalde puede obrar a espaldas del pueblo, cuando éste se lo permite. En teoría, según nos informa Chaparro, la Ley Reguladora de Bases Locales establece que "los agentes sociales, asociaciones vecinales y representantes públicos de todas las fuerzas, tengan opinión y voz, bien estando presentes en los consejos de administración o a través de los consejos asesores creados al efecto".

La relevancia de la experiencia española a la situación de las radios comunitarias en Bolivia es notoria. El potencial de las emisoras municipales es enorme, si se consolida la Participación Popular y sus mecanismos de vigilancia por parte de la población. Las emisoras locales con apoyo municipal, serían una solución frente a la situación bastante crítica de las emisoras comunitarias, que dependen cada vez más de la iglesia o de financiamiento externo. El panorama de la radiodifusión independiente en Bolivia se complica aún más en la medida en que irrumpen cada vez más emisoras de grupos evangélicos que no persiguen fines de desarrollo comunitario, sino de propaganda religiosa. Alianzas entre las radios comunitarias existentes y el poder municipal descentralizado, podrían abrir el camino a una extensa red de radios de proximidad, comunitarias y municipales, que tengan definidas por ley las premisas esenciales de las emisoras de servicio público a favor de la educación, de la cultura y de la participación, para un desarrollo social y económico que tome en cuenta las aspiraciones locales en lugar de las imposiciones verticales.

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