El gobierno boliviano no informa sobre los acuerdos de propiedad intelectual Los gobiernos andinos y EE.UU. negocian en secreto la privatización de seres vivos Miguel Lora Reza la lógica capitalista que las mentes brillantes del mundo merecen ?recompensa material? por contribuir a la mejora constante de la calidad de vida de la humanidad. Dicho reconocimiento, que incentiva la innovación y la creatividad, se traduce en las patentes, una especie de protección otorgada a un inventor para que explote comercialmente durante 20 años, y de manera exclusiva, el producto de sus investigaciones. Pero, ¿se puede considerar invento a la descripción genética de un ser vivo?

Los gobiernos andinos y EE.UU. negocian en secreto la privatización de seres vivos

Miguel Lora

Reza la lógica capitalista que las mentes brillantes del mundo merecen ?recompensa material? por contribuir a la mejora constante de la calidad de vida de la humanidad. Dicho reconocimiento, que incentiva la innovación y la creatividad, se traduce en las patentes, una especie de protección otorgada a un inventor para que explote comercialmente durante cierto tiempo ?generalmente 20 años?, y de manera exclusiva, el producto de sus investigaciones.

Para merecer esa protección, el inventor debe ofrecer a cambio un producto que tenga uso práctico, aplicación industrial y sobre todo ?altura inventiva?. Ese el caso de la luz eléctrica, cuyas patentes estaban en manos de Edison y Swan; el plástico, propiedad de Baekeland; los bolígrafos, de Biro y los microprocesadores, de Intel.

La norma actual indica que se patentan los inventos, no lo que ya existe en la naturaleza. Considerando el vertiginoso avance de la ingeniería genética, numerosas legislaciones nacionales establecen que las obtenciones vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales y métodos para el tratamiento médico no pueden ser patentados y mucho menos el genoma humano. La generalidad piensa que la descripción genética de un ser vivo no puede considerarse una invención y, por lo tanto, no tiene derecho a patente. Por eso la Organización Mundial de Comercio (OMC) se ha visto obligada a precisar que los animales y las plantas no son patentables.

Sin embargo, Estados Unidos quiere ir mucho más allá de las normas de la OMC en cuanto a la protección de la propiedad intelectual y en este momento negocia en secreto y contra reloj varios Tratados de Libre Comercio (TLC) que legalizan el patentamiento de animales, plantas y, en general, de cualquier ser vivo.

El capítulo sobre propiedad intelectual del proyecto TLC propuesto en mayo pasado por el gobierno norteamericano a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sorprendió a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú por su agresividad. El artículo 8 de ese capítulo dice textualmente que “Cada parte (cada país que firme el TLC) deberá permitir las patentes para las siguientes invenciones: a) plantas y animales, y b) procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales”.

El documento confidencial entregado a la CAN por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, contiene 10 artículos que buscan ampliar el espectro de las invenciones patentables, aumentar la vigencia de una patente y obligar a los países a ratificar tratados sobre patentes y protección de variedades vegetales más privatizadores que las mismas normas de la OMC. (Algunas organizaciones denuncian que existen negociaciones para otro tratado internacional que instauraría un nuevo régimen de patentes vigilado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una agencia de Naciones Unidas).

“En derechos de propiedad intelectual, Estados Unidos viene por todo”, le dijo una fuente oficial del gobierno colombiano al diario El Tiempo de Bogotá. Y si la potencia consigue legalizar las patentes sobre seres vivos, se abre la posibilidad para que el titular de esas licencias, en algún momento, también se apropie de individuos, una especie y hasta de una raza, advierte Margarita Flórez, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa).

¿Patentan sus investigaciones o lo que copian?

Con ayuda de sus gobiernos, las multinacionales están en carrera por apropiarse de cualquier materia viviente que sea susceptible de explotación comercial, aún aquello que no les pertenece, es decir los recursos naturales, procesos biológicos de carácter universal, segmentos genéticos humanos y los conocimientos milenarios de las comunidades indígenas.

Desde hace décadas, empresas y universidades relacionadas con la genética, la producción agrícola, fertilizantes y farmacéuticos ?investigan? la biodiversidad y registran a su nombre el saber tradicional sobre animales y plantas construido en milenios por las comunidades indígenas de todo el mundo.

Los resultados de este tipo de ?exploración? son evidentes. Actualmente, el 95% de las patentes de organismos vivos o sus procesos biológicos está en manos de los países industrializados, pese a que el 90% de los recursos naturales se encuentran en los países en desarrollo. (La Jornada, 4/8/00). Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor de las plantas medicinales de los países del sur utilizadas por la industria farmacéutica asciende a 32.000 millones de dólares al año. La Rural Advancement Foundation International (RAFI) calcula que Estados Unidos debería a los países pobres al menos 5.000 millones de dólares en regalías de productos farmacéuticos y otros 200 millones de dólares de regalías agrícolas.

Sucede que el gobierno norteamericano intenta legalizar esa nueva forma del expolio firmando acuerdos de “derechos de propiedad intelectual” con regiones ricas en biodiversidad. Su objetivo es institucionalizar la biopiratería para que las multinacionales, además de no pagar por el conocimiento construido socialmente, patenten los ?hallazgos? como si fueran propios y con el único fin de lucro personal.

El gobierno, mutis

Tras el fracaso de la negociación mutilateral del ALCA, Estados Unidos se ha dado a la tarea de acelerar tratados bilaterales como el TLC Andino. En lo que resta del año habrá una ronda de negociación por mes con en único fin de tener listo y firmado ese acuerdo hasta 2005.

A muchas organizaciones bolivianas no les cabe en la cabeza que su gobierno sea hermético a la hora de informar sobre el estado de la charla con Estados Unidos, que incluye temas tan polémicos como la privatización de la vida.

El 31 de mayo, una delegación del Movimiento Boliviano de Lucha contra el ALCA compuesta por representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y de la Fundación Solón se entrevistó con el viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Isaac Maidana, para recibir un informe oficial sobre la primera ronda de negociaciones del TLC Andino realizada en Cartagena, Colombia, el 18 de mayo. La autoridad dijo que Bolivia asiste a las reuniones en calidad de ?observador? y se limitó a dar un informe ambiguo y general, como que la reunión en Colombia fue la primera, que no hubo grandes avances y que la discusión se centró en la metodología de negociación.

Pablo Solón, miembro del Movimiento, considera inadmisible que el gobierno ofrezca a la sociedad civil menos información de la que ya circula en la prensa de los países vecinos. ?Esto sólo puede ocurrir porque los observadores bolivianos que participaron de la negociación son muy poco observadores o porque no están autorizados a informarnos?.

De todas maneras, el Viceministro Maidana no negó ni afirmó ninguna de las aseveraciones del Comité y se limitó a decir que a él, personalmente, no le constaba que Estados Unidos haya presentado el borrador final de lo que podría ser el TLC Andino, que refleja la geopolítica norteamericana e incluye draconianas normas referidas a la propiedad intelectual.

Fuentes:

www.wipo.int/index.html.en

http://www.portoalegre2003.org/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/1P1OO/view.htm?infoid=5639&editionsectionid=74&user=reader

http://www.choike.org/nuevo/informes/3.html

http://www.ecoportal.net/content/view/full/29808

http://www.globalexchange.org/countries/mexico/biopirateria.html

El Tiempo, 2 de junio de 2003

La salud, de derecho social a ?bien de mercado?

Si se aprueban disposiciones relativas a la propiedad intelectual en el TLC Andino, se restringiría severamente el acceso a medicamentos esenciales. Esos acuerdos retrasarían e incluso bloquearían la competencia de genéricos, el único mecanismo probado para reducir los precios de las medicinas.

Reforzar las regulaciones de propiedad intelectual significa subordinar las necesidades de salud de los pacientes a los intereses comerciales de las corporaciones. Y si eso ocurre, la salud, tradicionalmente considerada un derecho social y un bien público, se transformaría en una ?responsabilidad individual y en un bien del mercado?.

La organización internacional médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) está preocupada por las devastadoras consecuencias que un acuerdo de ese tipo tendría para millones de personas en la región andina, especialmente aquellas infectadas con VIH/SIDA. Es obvio que estos acuerdos causarían severos efectos en el precio de los fármacos, pues una protección de patentes demasiado estricta puede limitar la capacidad de los gobiernos y del sector privado de los países en vías de desarrollo de producir o importar medicamentos más baratos.

¿Cómo bloquearían las farmacéuticas el acceso a medicamentos genéricos?

Extendiendo la vigencia de las patentes más allá de los 20 años e incluyendo el criterio de ?nuevos usos? de las patentes. Estados Unidos quisiera que se permita a sus compañías solicitar nuevas patentes para cada ?nuevo uso? demostrable de un producto. Esto quiere decir que un medicamento que actualmente se utiliza para tratar el SIDA podría beneficiarse con un nuevo monopolio de 20 años si se demostrara, por ejemplo, que es eficaz contra el cáncer. (Hay que subrayar que más del 90 por ciento de los medicamentos “nuevos” que producen estas gigantes son apenas copia de los que ya existían, con alguna modificación menor).

A la vez, las multinacionales quieren limitar el registro de un medicamento genérico si una versión patentada ya ha sido registrada.

Contra la soberanía de los países

Una de las disposiciones más peligrosas que se intenta incluir en los TLC es conceder a la autoridad nacional reguladora de medicamentos el rol de ?policía de patentes?. Así, se presiona a los Estados para que se conviertan en empleados de las farmacéuticas encargados de velar por los intereses de las transnacionales.

De esta forma, quedaría inutilizado de facto el mecanismo de las ?licencias obligatorias? ?una de las salvaguardas más importantes de las reglas de propiedad intelectual previstas por la OMC? que permite a los estados saltar las barreras de las patentes y fabricar o comprar fármacos genéricos en caso de emergencia pública.

El derecho de las ?licencias obligatorias? está reconocido en los Acuerdos de Propiedad Intelectual de Comercio (ADPIC) de la OMC, convenios que fueron reforzados con una declaración histórica en la IV reunión ministerial de la OMC en Doha (Qatar) en noviembre de 2001. La Declaración de Doha antepuso la protección de la salud pública a la protección de los intereses privados comerciales y reforzó el derecho de los países a limitar los efectos del monopolio establecido por las patentes cuando se trate de proteger la salud pública y de fomentar el acceso a los medicamentos.

Sin embargo, atendiendo los intereses comerciales de sus multinacionales, Estados Unidos argumenta que las licencias obligatorias deberían restringirse a unas cuantas enfermedades infecciosas ?SIDA, tuberculosis y malaria?, y a otras 19 enfermedades adicionales como la fiebre amarilla, la peste, el cólera, enfermedades menigocócicas, la tripanosomiasis africana, el dengue, la gripe, la leishmaniasis, la hepatitis, la leptosporosis, la tos ferina, la poliomielitis, la esquistosomiasis, la fiebre tifoidea, el tifus, el sarampión, la sigelosis, las fiebres hemorrágicas y los arbovirus.

Se omiten o se restringen dos de las cuatro principales causas de mortalidad infantil en África (neumonías y enfermedades diarreicas) y se excluye a todas las enfermedades no infecciosas, aunque las estadísticas de la OMS confirmen que casi la mitad de las 20 enfermedades más mortíferas en África son las mismas que matan gente de Occidente.

¿Por qué se intenta restringir la lista? Simplemente porque las compañías no están dispuestas a perder el negocio, pues para todas esas enfermedades existen medicamentos patentados en Occidente. Por ejemplo, la primera vacuna neumocócica para niños fue registrada en 2000 en Estados Unidos.

La lista de ?licencias obligatorias? incluye mayoritariamente enfermedades comercialmente irrelevantes y excluye muchas enfermedades importantes desde el punto de vista comercial.

Cualquier acuerdo basado en una lista de esta índole, opina MSF, crearía sin lugar a dudas falsas garantías. A excepción del VIH/SIDA, la lista propuesta incluye enfermedades para las que no existe tratamiento; enfermedades para las que los tratamientos recomendados son tan viejos que ya dejaron de ser patentados; enfermedades para las que apenas si existen nuevos tratamientos o hay muy pocas probabilidades de que alguno se desarrolle en el futuro próximo.

Aceptar la lista propuesta por Estados Unidos significa que los países en vías de desarrollo pierdan el derecho de determinar qué constituye una necesidad de salud pública en sus propios territorios y que no puedan emitir las licencias obligatorias que necesiten.

Lucrando con información pública

Los principales científicos involucrados en el Proyecto Genoma Humano sacan provecho personal de la información obtenida por las investigaciones públicas y arman empresas privadas para lucrar con ese conocimiento. Es el caso de Craig Venter, quien abandonó el Proyecto Público del Genoma Humano del Instituto Nacional de la Salud donde trabajó durante 10 años, y luego hizo su propio negocio en 1994. Ahora es dueño de Celera Genomics y acumula una fortuna personal de más de 300 millones de dólares. (1)

Venter, dispuesto a vender información sobre cómo interpretar el mapa genético humano, es parte de ese grupo de científicos dispuestos a patentar genes para poder lucrar con ellos.

Si la naturaleza es patrimonio de la humanidad, entonces los seres vivos y las semillas no pueden ser patentados. La acumulación de patentes, un hábito propio de la cultura occidental cuyo sistema de valores se fundamenta en la propiedad privada y la búsqueda de la riqueza individual, degenera en un lucro inmoral pues implica el saqueo de recursos y conocimientos indígenas.

Las comunidades indígenas de los países del tercer mundo reclaman el derecho de usar y producir las medicinas que necesitan sus poblaciones sin depender de las multinacionales. Ellos creen que dejar las claves genéticas de la especie libradas a los excesos del mercado es extremadamente peligroso.

(1) Ana Barón, corresponsal de Clarín en Washington, 2 de abril de 2000.

Para no creer

En 1994 la empresa de biotecnología Agracetus patentó todas las variedades transgénicas del frijol de soja, alimento básico para millones de personas. Monsanto se opuso porque consideraba que “no implicaba ningún proceso creativo”, pero después compró Agracetus, se apropió de los derechos mundiales de la patente e impuso un férreo control a su explotación. Hasta 1999, Monsanto había denunciado a más de 475 agricultores por guardar semillas para siembras posteriores, como se hace en la agricultura tradicional. En 1986, la International Plant Medicine Corporation de Estados Unidos patentó la ayahuasca, planta sagrada en la Amazonia. En 1994, dos ?investigadores? de la Universidad de Colorado patentaron una variedad de la quinua.

En 1985, el importador de madera norteamericano Robert Larson patentó algunos usos del árbol Nim, empleado desde hace milenios como planta medicinal en la India. En 2001, la empresa francesa DuPont patentó una variedad de maíz con alto contenido en aceite que se cultivaba tradicionalmente en México. La presión de ONGs y organizaciones indígenas logró que todas estas patentes sean revocadas por la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU.

La compañía japonesa Asahi Foods patentó el nombre del “cupuaçu”, fruta de la Amazonía, como marca internacional. Dicha patente impide que Brasil pueda exportar su fruta autóctona con su verdadero nombre. Es como si se intentara registrar los nombres de “manzana” o “plátano”.

Hace 14 años, la Universidad de Harvard inventó una especie de ratón propenso al cáncer. El animal fue patentado en Estados Unidos y Europa y hoy, previo el pago de derechos a la entidad educativa, es usado por los laboratorios privados y centros de investigación para realizar estudios contra el cáncer.