La imprescindible renuncia de Sánchez de Lozada Andrés Soliz Rada Diversos analistas políticos, Cayetano Llobet, entre otros, afirman que el país ha ingresado a un proceso de des institucionalización que podría terminar en su disgregación. Tan severas conclusiones deberían, por un mínimo de seriedad, señalar las razones esenciales que nos han colocado en semejante riesgo.

La imprescindible renuncia de Sánchez de Lozada

Andrés Soliz Rada

Diversos analistas políticos, Cayetano Llobet, entre otros, afirman que el país ha ingresado a un proceso de des institucionalización que podría terminar en su disgregación. Tan severas conclusiones deberían, por un mínimo de seriedad, señalar las razones esenciales que nos han colocado en semejante riesgo.

Nadie duda que Bolivia estuviera obligada a detener la hiperinflación que, el 6 de agosto de 1985, había trepado al 20.000 por ciento, la más grande desde la Asamblea Constituyente de 1825 y la octava más elevada en la historia de las naciones. Ese descontrol fue contenido por el Decreto Supremo 21060, de 29-8-85. Sin embargo, la primera causa de nuestra des institucionalización reside en no haber elevado a rango de ley el mencionado decreto, que vulnera el artículo 228 de la Carta Magna, según el cual "La Constitución Política del Estado en la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional ...".

Después de 18 años, el 21060 mantiene plena vigencia, lo que implica, de manera inequívoca, el sometimiento del Congreso al Poder Ejecutivo, lo que desconoce la independencia de poderes asumida por nuestra ley de leyes. Ese sometimiento se tradujo en la ilegal delegación de funciones del Legislativo al Ejecutivo para ejecutar, por decreto, el proceso de "capitalización" o liquidación de las empresas estratégicas del Estado. Por lo anterior, los parlamentarios no debatieron nunca los contratos con las transnacionales petroleras, pese a la exigencia del artículo 59, inciso quinto de la Carta Magna. La entrega de la propiedad de los hidrocarburos a las compañías en boca de pozo, mediante el decreto 24806, de 4-08-07, fue la culminación de la demencial ilegalidad que mencionamos.

La destrucción del Estado de Derecho tuvo su punto culminante en el asalto "gonista" al Poder Judicial, mediante la artera destitución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, a través de un operativo montado por el agente de la CIA, Antonio Ibarra, de nacionalidad nicaraguense, en el domicilio de Carlos Sánchez Berzaín, en Cochabamba, con la ayuda del cónsul de EEUU, Willy Scarborough. Posteriormente, el propio Sánchez Berzaín ayudó a Ibarra a fugar del país (Ver mi folleto:"El Imperio en Bolivia.: EEUU, el 21060 y el Poder Judicial". Ediciones "Quality". La Paz. Agosto de 2002). Desde entonces el Poder Judicial quedó a merced de los neoliberales.

Así el 21060 dejó de ser una medida de coyuntura para transformarse en inmodificable política de Estado, utilizada por el poder extranjero para desarmar, pieza por pieza, al débil e inconstituído Estado Nacional. La anulación del orden jurídico precipitó la crisis moral, la que, con el argumento valedero de frenar la corrupción del estatismo, abrió las compuertas a la corrupción neoliberal, impulsada por las transnacionales. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) creó, en 1986, como Ministro de Planeamiento, los sobresueldos a dignatarios de Estado y altos funcionarios pagados por organismos internacionales y la Embajada norteamericana. Varios de estos personajes se vincularon a empresas "capitalizadoras", con lo cual perdieron su lealtad al Estado nacional. GSL dio el ejemplo al disponer que su empresa, COMSUR, recibiera créditos y favores, de su socio, el Banco Mundial, en pleno ejercicio de su función presidencial (Ver "La Epoca ", 22-06; 13-07; 20-07; 10-08; 17-08: 31-08 y 7-09 de 2003)

La quiebra económica fue el resultado de la ruptura ética y jurídica antes anotada. Así pasamos del "Bolivia se nos muere", de Víctor Paz Estenssoro, afirmación que acompañó al 21060, al "Bolivia está quebrada", de GSL, al cumplir el primer año de su segundo gobierno. Todo encubierto con mezquinas medidas de beneficencia y de una "Partición Popular", que paradójicamente, niega al país inclusive la información sobre el despojo del patrimonio público. Los descubridores tardíos de la crisis pretenden ignorar que la quiebra estatal ha radicalizado las demandas étnicas y regionales y provocado las matanzas que hoy padecemos. Y ello seguirá sucediendo si no reponemos las bases jurídicas, éticas y económicas del Estado nacional, pero ese camino estará bloqueado mientras el pueblo boliviano no logre la renuncia de Sánchez de Lozada.