El Presidente debe renunciar Editorial del semanario La Epoca El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está obligado a renunciar. Su Gobierno ha conducido al país a los más sangrientos episodios -peores que las dictaduras más sañudas- intentando detener el descontento social. El 12 y 13 de febrero se dio la primera muestra de la ineficacia y negligencia gubernamentales (que incluso condujeron a la fuga del Presidente a un lugar desconocido durante casi un día) y exactamente ocho meses después (el 12 y 13 de octubre) la ceguera, inoperancia y autoritarismo gubernamentales provocan el más grave baño de sangre de las últimas décadas.

El Presidente debe renunciar

Editorial del semanario La Epoca

El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está obligado a renunciar. Su Gobierno ha conducido al país a los más sangrientos episodios -peores que las dictaduras más sañudas- intentando detener el descontento social. El 12 y 13 de febrero se dio la primera muestra de la ineficacia y negligencia gubernamentales (que incluso condujeron a la fuga del Presidente a un lugar desconocido durante casi un día) y exactamente ocho meses después (el 12 y 13 de octubre) la ceguera, inoperancia y autoritarismo gubernamentales provocan el más grave baño de sangre de las últimas décadas.

Gonzalo Sánchez de Lozada llegó al poder gracias a la magia del marketing electoral, con un 22 por ciento de la votación y con un altísimo índice de rechazo. La coalición de Gobierno que lo sustenta es también resistida por la población. Si democracia significa Gobierno del pueblo, éste es un régimen sin legitimidad y la causa que impide el diálogo y la convivencia pacífica. Sus errores serán demostrados por la historia.

La democracia está en juego debido a las acciones de grupos sociales y políticos en pugna. Los extremos radicales de los movimientos sociales y del Gobierno impiden cualquier posibilidad de salida pacifica y consensuada a la crisis.

Las razones coyunturales de la violencia de esta semana son la oposición popular a la venta del gas por Chile y otras demandas sectoriales de menor importancia y han logrado desestabilizar social y políticamente a la nación.

Pero existen también unas razones estructurales que sustentan a las movilizaciones: decenas, sino centenas, de años en los que un grupo social ha usufructuado de todas las ventajas económicas y ha detentado el poder político mientras gruesos sectores campesinos e indígenas debían contentarse con las migajas. Ese tipo de país ya no aguanta más. No se puede tener a más de la mitad de la población bajo condiciones de pobreza y miseria y, en muchos casos, sin posibilidad de real representatividad e influencia política. Esas razones estructurales deben enfrentarse también con propuestas de cambio estructural, destinadas a que la población sienta que sus condiciones de vida están empezando a mejorar. Como eso no ha de ocurrir de la noche a la mañana, lo que las autoridades y clase política deben hacer es dar señales de moderación, de austeridad, de respeto, de sintonía hacia la población. Nada de eso ocurre. El Gobierno, en vez de reducir la burocracia, la aumenta. En vez de cortar el gasto público, lo acrecienta. En vez de actuar escuchando a la opinión pública, la desprecia. En vez de actuar con austeridad, demuestra frivolidad. En vez de designar a la persona correcta para Defensor del Pueblo, elige a una intrascendente. En vez de conducir las designaciones con transparencia, opta por el cuoteo. En lugar de renegociar las condiciones que su propio régimen estableció con las petroleras, las deja tal cual. En vez de actuar con moderación, utiliza desembocadamente la violencia militar. Error, tras error, tras error, tras error.

Un país que enfrenta los más serios conflictos sociales de las últimas décadas y que se desangra tratando de encontrar un camino que lleve al desarrollo no merece tener a un Presidente de la República que dice que no renuncia porque su esposa quiere seguir siendo Primera Dama. Esa frivolidad, inaceptable e insultante, demuestra que el Presidente ha perdido todo contacto con la realidad y que es la persona menos indicada para enfrentar los graves desafíos del momento. Su presencia solo lleva al país a la violencia, la inestabilidad y la guerra fraticida. Dos caminos dejan la testarudez del Presidente: o la revuelta social sin dirección o el golpe de Estado militar. Ninguna es la adecuada para lograr enfrentar la situación actual. Por eso, el vicepresidente Carlos Mesa (que comprende cabalmente la situación nacional y que es el último resto de credibilidad del Ejecutivo) debería hacerse cargo del Gobierno para llamar a elecciones en el periodo más breve posible. No hay otra salida razonable.

Es posible que el Gobierno logre escapar una vez más, como lo hizo en febrero.

Digamos, a través de la represión y de más muertes, puede pasar una vez más la tormenta y seguir como un barco a la deriva. ¿A qué precio? A tener un régimen político que no toma ninguna decisión, que retira sus propuestas más importantes (impuestazo, gas por Chile, etc.), que es rehén de los movimientos sociales y de su propia ineficiencia e ilegitimidad. Ojalá que el Presidente entendiera que su primer objetivo nacional no debe ser "quedarse a como dé lugar", sino a gobernar para sacar al país adelante.