Programa de Empleo Productivo: el nuevo "macororó" para los exportadores

septiembre 28, 2003Publicado el: 5 min. + -
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Programa de Empleo Productivo: el nuevo "macororó" para los exportadores Carlos Arze Vargas La "obligatoriedad" a la que se someten voluntariamente los empresarios, de contratar "al menos" al 30% de los trabajadores reclutados mediante el PEP, como trabajadores permanentes, constituye otra forma de dar visos legales a una acción ilegal: al permitirlo, el gobierno está aceptando que el restante 70% sea despedido sin el reconocimiento de ningún beneficio legal. Frente a todo esto, la propuesta del Ministro de Trabajo, de impulsar la derogatoria del artículo 55 del D.S. 21060 que impuso la "libre contratación", suena más demagógica que nunca.

Programa de Empleo Productivo: el nuevo "macororó" para los exportadores

Carlos Arze Vargas

El gobierno, después de haber soportado la andanada de críticas por el caso de la disposición arbitraria de conscriptos para realizar trabajos gratuitos en favor de algunos empresarios, ha presentado el denominado Programa de Empleo Productivo (PEP), que viene a sumarse a los numerosos intentos de profundizar la flexibilización laboral. El significado de esta medida, novedoso y aberrante a la vez, es que mientras anteriormente el Estado permitía la flexibilización de las condiciones de trabajo eludiendo su responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de los empresarios privados, hoy el PEP constituye una acción directa del Ejecutivo para deprimir las condiciones laborales, favoreciendo la reducción de los costos laborales de ciertas empresas, vulnerando las más elementales normas vigentes y asumiendo costos que se cubrirán con recursos públicos.

Como se conoce, el PEP permitirá a las empresas privadas, principalmente exportadoras, contar con un subsidio directo para pagar los salarios de un número adicional de trabajadores por un tiempo de 5 quincenas (dos meses y medio), comprometiéndose a extender el contrato de esos trabajadores por igual período y a incorporar, después de cumplidas las 10 quincenas, en su planilla de trabajadores permanentes "al menos" al 30 por ciento de los mismos. Los salarios que se pagarían serían de Bs. 480 para obreros y Bs. 1.600 para técnicos y profesionales.

¿Por qué ésta es una forma de flexibilización laboral? ¿Y por qué vulnera las normas laborales?

Al intervenir directamente en la fijación de salarios para los sectores privados, está presionando de manera arbitraria a la reducción de los salarios que, de otro modo, los empresarios se verían obligados a negociar con los trabajadores, en su necesidad de incorporar más fuerza de trabajo para incrementar su producción. Este aspecto es importante si tomamos en cuenta que los sectores a los que está destinado el programa son, principalmente, los de las manufacturas de exportación, donde se requiere mano de obra con cierto nivel de calificación que permita cumplir con los requerimientos de calidad de los mercados foráneos. De este modo, el gobierno está trasladando los efectos del PLANE, reputado por los trabajadores como un plan humillante, a otros ámbitos de la industria;. Se dispone a difundir el régimen salarial de ese plan, consolidándolo como un régimen legal, un régimen avalado y propiciado por el Estado.

Por otro lado, las características de este nuevo programa vulneran de manera flagrante varias normas laborales. La duración del contrato inicial pagado por el Estado, 5 quincenas o 75 días, permitirá mantener a los obreros en ese limbo denominado "período de prueba", donde los derechos están congelados y en el cual el empresario no está obligado a reconocer ningún tipo de beneficios al trabajador. Peor aún, el segundo período de igual duración, no sólo repetirá esta deplorable circunstancia, sino que permitirá eludir la norma según la cual, luego de los noventa días de trabajo, éste se convierte en permanente o por tiempo indefinido. Ello sería posible porque en los primeros 75 días, el salario estará pagado por el Estado (mediante una institución financiera), mientras que sólo en el segundo período de 75 días aparece el empresario como empleador; así nadie podrá acusar al empresario de violar la ley, al extender la permanencia del trabajador por más de 90 días.

Asimismo, la "obligatoriedad" a la que se someten voluntariamente los empresarios, de contratar "al menos" al 30% de los trabajadores reclutados mediante el PEP, como trabajadores permanentes, constituye otra forma de dar visos legales a una acción ilegal: al permitirlo, el gobierno está aceptando que el restante 70% sea despedido sin el reconocimiento de ningún beneficio legal. Frente a todo esto, la propuesta del Ministro de Trabajo, de impulsar la derogatoria del artículo 55 del D.S. 21060 que impuso la "libre contratación", suena más demagógica que nunca.

Con todo, a despecho de los diseñadores del PEP, habrá que señalar que las condiciones básicas del contrato laboral, por mucho que se tuerzan las cosas, siguen presentes: el obrero trabaja por cuenta y bajo dependencia del empresario, es más, lo hace en un lugar determinado (su fábrica); por tanto, los trabajadores pueden demandar sus derechos apegados al espíritu de la propia Ley General del Trabajo.

Como vemos, las novedosas y creativas formas de "generar" trabajo que montan cada cierto desde el gobierno, no son otra cosa que disposiciones que --unas más sutilmente que otras-- tienen el objeto de deprimir aún más las condiciones de trabajo de los bolivianos, en favor de la obtención de mayores ganancias por parte de un reducido número de empresarios. En el presente caso, se suma a ello, el que el Estado dispone de fondos públicos para favorecer intereses privados.

Contradiciendo el credo neoliberal, éstos siguen medrando a la sombra del Estado, por mucho que la propaganda oficial los alabe como representantes de la "Bolivia moderna".

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