Regularización de impuestos: un nuevo impuestazo

agosto 28, 2003Publicado el: 10 min. + -
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Regularización de impuestos: un nuevo impuestazo Carlos Arze Vargas A todas luces, la intención de las disposiciones de ?perdonazo? tributario tiene una finalidad recaudatoria, por lo que todo el discurso oficial sobre el establecimiento de una nueva cultura impositiva o la preocupación por restituir un Estado de derecho en el que prevalezcan las leyes, es puro cuento.

Regularización de impuestos: un nuevo impuestazo Carlos Arze Vargas A todas luces, la intención de las disposiciones de ?perdonazo? tributario tiene una finalidad recaudatoria, por lo que todo el discurso oficial sobre el establecimiento de una nueva cultura impositiva o la preocupación por restituir un Estado de derecho en el que prevalezcan las leyes, es puro cuento.

La verdad es que el Estado insolvente --que ha perdido con las sucesivas políticas de privatización toda fuente de ingresos fiscales de importancia, como lo fueron las empresas públicas, y que está agobiado por el peso de la deuda pública, tanto externa como interna, asumida para llevar adelante, precisamente, dichas políticas privatizadoras, y por el costo de los compromisos políticos de las coaliciones que se turnan en el poder (léase corrupción, elevada burocracia, lealtad de políticos y militares, etc.)-- está urgido por conseguir recursos. Esta situación se ha ido resolviendo desde 1985 con el aumento sostenido de las tasas de tributos que pegan a los bolsillos de los contribuyentes, particularmente de impuestos indirectos, que son los más importantes en términos de recaudación. Hoy, esta modalidad alcanza niveles críticos, pues se intenta afectar de una manera inusitada los ingresos de los asalariados --especialmente de la clase media-- a través de la llamada regularización impositiva, que contrasta con la condonación tributaria diseñada para favorecer a los empresarios evasores y defraudadores.

La ley 843 que impuso el régimen del RC-IVA tenía previsto que este mecanismo sirviera para garantizar que los impuestos pagados por los consumidores --entre ellos los que dependen de un salario-- y retenidos por las empresas, llegarán efectivamente a las arcas estatales merced al control de las facturas emitidas. Ello se justifica por el hecho de que en el régimen tributario vigente, la mayor parte de los impuestos que recibe el Estado son impuestos gravados al consumo de la gente (más del 75% como promedio anual). Hoy, eludiendo el hecho de que la mayor evasión corresponde a las grandes empresas, mediante la doble contabilidad, la adulteración de productos (gasolinas naturales), interpretaciones legales (el impuesto a las transacciones para el gas licuado), la devolución fraudulenta de créditos fiscales por exportaciones, etc., se pretende conseguir los ansiados fondos para solventar el gasto corriente del gobierno, presionando más sobre los asalariados bajo la amenaza de privación de libertad. La gravedad de la actual medida, reside en que se pretende llevarla a cabo en circunstancias políticas por demás delicadas, marcadas por el aumento sostenido del malestar social en distintos ámbitos y por el recuerdo fresco de las jornadas de febrero, que tuvieron en el tema impositivo su leit motiv.

Voces provenientes de diferentes ámbitos han cuestionado varios aspectos de la pretendida medida. Aquí nos referiremos a algunos que consideramos relevantes.

Una primera observación es la de su ilegalidad, pues estaría transgrediendo la propia Constitución Política del Estado. En efecto, la CPE en su artículo 14 señala: ?Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los asignados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al cómputo civil.?

De aquí se derivarían dos cuestionamientos: 1) al resolver mediante una disposición especial del Código Tributario, el ?perdón? de penas tipificadas como penales (el uso de instrumento falsificado) a través del mecanismo del pago del 5% del salario neto anual del 2002, se estaría vulnerando una disposición penal mediante una norma tributaria, además se estaría sustituyendo a los jueces designados para interpretar el hecho de la presentación de facturas falsas o ?clonadas? en un proceso judicial, por una nueva instancia, el Servicio de Impuestos Internos, que podría disponer que una persona que se acoja al referido mecanismo de pago del 5% de su salario, se ?libere? de un eventual proceso judicial, por cuanto el SIN cerraría toda futura investigación sobre el uso de facturas falsas que pudo haber hecho en el pasado dicho contribuyente, y 2) se vulnera un derecho fundamental de las personas, pues quien resuelva acogerse al mecanismo de la regularización, deberá, primero, declararse culpable por el uso de instrumento falsificado; deberá reconocer que cometió ese delito para acogerse al perdón, por parte del SIN, de una eventual investigación de las facturas presentadas como descargo del RC-IVA en los últimos cuatro años.

Un segundo cuestionamiento tiene que ver con la falta de ecuanimidad de las nuevas normas tributarias, al momento de tratar a los diferentes contribuyentes. Junto a la disposición que permite regularizar la situación tributaria de los asalariados, se halla el llamado ?perdonazo? de deudas provenientes de intereses y multas que beneficiará, principalmente, a grandes empresarios. Ese ?perdonazo? es una figura que permite eludir las sanciones de un ilícito tributario cometido por dichos sujetos; es decir, está perdonando de forma definitiva y sin condición alguna, un alto monto adeudado al fisco (alrededor de 1.800 millones de Bolivianos). Más aún, los deudores morosos que acumularon por varios años esas deudas ?accesorias?, podrán beneficiarse con otros tratamientos beneficiosos en el pago de la deuda principal, que pueden derivar en la rebaja de los impuestos adeudados. Todo ello, permitiría a esos evasores, eludir un eventual proceso judicial por defraudación, pues parte importante de esas deudas tienen que ver con impuestos retenidos a los consumidores por concepto de IVA, ICE, etc. A todas luces, entonces, se trata de un tratamiento distinto al de los asalariados, que proporcionalmente son deudores menores del fisco y son responsables de acciones menos dolosas que las de los grandes evasores, pues en su caso se trata de acciones irregulares realizadas para evitar la reducción de sus menguados ingresos laborales y no de ganancias obtenidas gracias al trabajo ajeno, es decir ganancias capitalistas. En otras palabras, en el caso de las empresas se trata de recursos que fueron evadidos para incrementar --utilizando recursos fiscales retenidos-- sus ganancias, mientras que en la mayoría de los casos de los trabajadores, se trata de acciones cuyo fin fue disponer de medios para cubrir necesidades básicas de las familias.

Finalmente, está el hecho fundamental de la justeza o no de las imposiciones tributarias directas sobre los ingresos salariales, en virtud de la reducida capacidad adquisitiva de los ingresos laborales de amplios segmentos de ciudadanos, incluida la clase media. De acuerdo a los funcionarios gubernamentales, la medida de regularización afectaría ?sólo? a 150.000 asalariados que ganan por encima de los 2.010 Bolivianos. Esa estimación resulta de restar las deducciones por aportes al seguro social obligatorio (12.21%) y el monto equivalente a 4 salarios mínimos nacionales que, en criterio de los tecnócratas de turno, es un monto que cubriría el gasto en bienes y servicios esenciales de una familia. En otras palabras, se nos dice que quienes gana más de 2.010 Bolivianos deben tributar sobre los ingresos que ?exceden? al consumo de la familia y que no sea posible ?descargar? mediante la presentación de facturas; en otras palabras, se supone que quienes compran facturas para el descargo, estarían eludiendo el pago de impuestos por cierto ?excedente? resultante luego de deducir los ítemes permitidos y de presentar facturas por gastos verdaderamente realizados.

Estas afirmaciones, sin embargo, no toman en cuenta varios aspectos relevantes. Primero, no considera los bajos niveles salariales que prevalecen en el país. El cálculo de un límite de 2.010 Bolivianos es arbitrario e irreal. Diferentes cálculos han establecido que los recursos monetarios necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo está muy por encima de esos 2.010 Bolivianos. Así, por ejemplo, la COB en sus distintos congresos y pliegos petitorios ha reivindicado un salario mínimo de 6.500 Bolivianos, cifra que comparada con el promedio que reciben los obreros parece una enormidad, pero constrastada con los precios de los bienes y servicios necesarios es, por lo menos, conservadora. Aquí, entonces, cabría preguntar a los legisladores y tecnócratas del gobierno, que a duras penas ?según las declaraciones juradas de varios de ellos- logran sobrevivir con sus jugosas dietas, sueldos y sobresueldos, ¿cuál es el salario mínimo para sostener a una familia dignamente? ¿siendo 2.010 Bolivianos el salario de referencia por encima del cual lo demás es ahorro o gasto superfluo, qué justifica sus elevadas dietas, sueldos y sobresueldos?

Finalmente, se debe mencionar que una parte importante de los ingresos de los asalariados es destinada a comprar bienes y servicios por los que no se obtiene, generalmente, notas fiscales o facturas. De acuerdo a las ponderaciones del IPC, elaborado por el INE, se puede afirmar que varios capítulos de gastos que componen la canasta básica y que poseen una elevada participación porcentual, son gastos por los que es poco probable obtener dichas facturas: Alimentos y bebidas 49%, Vestuario 8.2% y Transporte 10.8%. Es decir, el 68% de los ingresos están destinados fundamentalmente a pagar el costo de bienes y servicios imprescindibles. Peor aún, si consideramos el ítem de Vivienda, por el que no es muy corriente recibir facturas, con un 9.8% de ponderación, tenemos un total de 78%. En este último caso, habrá que tomar en cuenta que debido al elevado déficit habitacional en el país y al fracaso estruendoso de todos los planes de vivienda social manejados por el Estado, muchas familias de clase media, principalmente, han asumido créditos de vivienda a un alto costo financiero, y cuyo pago representa un fuerte gasto que no recibe nota fiscal alguna.

Para sintetizar, las nuevas medidas impositivas no tienen argumentos válidos que las justifiquen, si las enfrentamos a la precaria situación económica en que se encuentran grandes sectores de la población. El único justificativo que hallan los gobernantes es la insolvencia del fisco, la que es resultado de las políticas que los mismos grupos de políticos y empresarios, hoy beneficiados por las condonaciones, implementaron a sangre y fuego durante 18 años. Empero, quienes insisten en este tipo de medidas, que evitan por todos los medios afectar las ganancias de los grupos empresariales ?en especial a los inversionistas extranjeros- y prefieren agudizar la presión sobre la gente que vive de su trabajo, no piensan en las consecuencias que esa actitud puede tener, para el modelo y el sistema político que todavía administran.

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