Subvención a los hidrocarburos en Bolivia alcanzará los $us 4.000 millones en 2024, duplicando el gasto del año anterior
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El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que la subvención a los hidrocarburos en Bolivia alcanzará los $us 4.000 millones en 2024, duplicando la cifra registrada en 2023, que fue de $us 1.821 millones. Esta cifra récord plantea un desafío para la economía del país, ya que, según Lima, estos recursos podrían haberse destinado a otras prioridades nacionales. La sostenibilidad de esta política está en el centro del debate público, especialmente ante la posibilidad de un referendo en diciembre que podría definir su futuro.
Lima subrayó que la subvención ha ejercido una presión creciente sobre las finanzas públicas, señalando que, en comparación, en 2023 se asignaron Bs 12.678 millones ($us 1.821 millones) para cubrir estos gastos, una cifra que ya representaba un aumento significativo respecto a lo proyectado en el Presupuesto General del Estado (PGE) de ese año. El incremento en los costos de subvención, que ahora superan los $us 4.000 millones, plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de continuar con este modelo.
El presidente Luis Arce también expresó su preocupación por el impacto de la subvención en la economía nacional, calificándola como una carga costosa para el Tesoro General de la Nación. Arce sugirió que un levantamiento gradual y estratégico de la subvención podría ser más beneficioso para el país a largo plazo. El mandatario destacó que el 86% del diésel y el 56% de la gasolina consumidos en Bolivia son importados, lo que aumenta la dependencia del país de los mercados externos en un contexto de disminución de la producción interna de gas y líquidos.
Ante esta situación, se plantea un referendo el 1 de diciembre, donde la población decidirá si mantener o no la subvención. El ministro Lima enfatizó la importancia de este ejercicio democrático, señalando que todos los bolivianos tienen derecho a estar informados y a decidir sobre un tema que afecta a todo el país. Además, alertó que gran parte del combustible subvencionado no beneficia directamente a la población urbana ni al transporte público, sino que va a sectores como la minería y la agroindustria, con un 30% destinado al contrabando hacia otros países.