Pacto de Unidad se declara en emergencia y califica de ilegal sesión de Asamblea de “evistas” y opositores

 (ABI). – El Pacto de Unidad se declaró este jueves en emergencia y cerró filas en contra de la sesión de Asamblea Legislativa convocada y presidida por Andrónico Rodríguez, que es considerada ilegal y resultado de una alianza entre legisladores afines a Evo Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

Dirigentes y bases de organizaciones sociales llegaron hasta las inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la plaza Murillo, centro del poder político, para protestar en contra de la sesión, donde se aprobó en tiempo récord las leyes que exigía el “evismo” y la oposición de cese de mandato de los prorrogados magistrados y la suspensión de plazos procesales.

La sesión fue instalada a pesar de la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de suspensión de la competencia del presidente del Senado de convocar a sesiones, por una demanda del presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui.

Visiblemente molesto, el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, reprochó el accionar de Rodríguez que, pese a la determinación constitucional, convocó e instalo la sesión en la que se aprobó el proyecto de ley 075 antiprórroga, un crédito por $us 176 millones, el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

“La sesión que se ha llevado es ilegal, Andrónico ha pactado con la derecha”, denunció, rodeado por los dirigentes de varias organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad.

Quispe acusó a Rodríguez de confabular en contra de la gestión del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, quien ejerce la presidencia interina ante el viaje del presidente Luis Arce a Rusia.

“Estamos molestos como organizaciones sociales, rechazamos esta decisión. Todo lo que han aprobado no tiene validez”, aseguró el dirigente.

Mientras la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Guillermina Kuno, culpó a Rodríguez de ejecutar un “golpe de Estado” en contra de Choquehuanca, en clara vulneración de la Constitución.

“Es un golpe al Estado, y lo que buscan es convulsionar al país”, advirtió.

El secretario general de la Csutcb, Mario Seña, informó que el Pacto de Unidad se declaró en “emergencia” y convocará a un ampliado para evaluar el accionar de la “derecha y de la nueva derecha”, en alusión a los seguidores de Carlos Mesa, Fernando Camacho y Evo Morales, que “apuntan a convulsionar el país”.

“Estos señores están buscando confrontar a los bolivianos. Si es que hay que tomar las acciones, las vamos a tomar. Hasta aquí hemos aguantado el pactado con la derecha extrema, con la nueva derecha, lo que pretenden es convulsionar al país”, denunció.

Para el dirigente distrital del MAS en La Paz, Waldo Alvarado, todo es una estrategia para habilitar una nueva candidatura de Morales, porque terminan consolidan una alianza con la oposición para elegir a magistrados que anularán el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, que afecta las aspiraciones del también dirigente cocalero del Chapare.

Por procedimiento, las leyes aprobadas deben pasar al Gobierno para su promulgación y vigencia.

El numeral 10 del artículo 163 de la Constitución, establece que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción”.

“Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes”, refiere el numeral once.

Mientras que el numeral 12 señala que la “ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado” y que “las leyes no promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea”.

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