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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2013-04-06 a horas: 03:57:32

En el gobierno existe una “supra red de persecución política”, dice Juan del Granado; hay “terrorismo de Estado”, alerta el vocero del MSM

El MSM enjuicia a los ministros Romero y Suxo por espionaje político

Redacción Bolpress

El Movimiento Sin Miedo (MSM) activó el año pasado un juicio penal contra el ministro de Gobierno Carlos Romero por el presunto delito de espionaje político, y en abril de 2013 amplió la demanda incluyendo a la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo y al viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, todos ellos acusados de comandar una “supra red de persecución política”.

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El 8 de mayo de 2012 el ministro Romero y el viceministro Pérez confesaron públicamente haber espiado a la diputada del MSM Marcela Revollo al presentar a los medios de comunicación una grabación de una conversación sostenida por la parlamentaria opositora con dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Romero y Pérez difundieron documento de audio para demostrar que Revollo y su partido financiaron la IX marcha indígena en defensa del Tipnis, y posteriormente presentaron la grabación como prueba de la “conspiración” del MSM en un proceso penal instaurado por el ministro Romero contra la diputada opositora por los presuntos delitos de “sedición e instigación a delinquir”.

La diputada del MSM se defendió con una contrademanda penal contra Romero por el delito de espionaje, pero el proceso no avanza y hasta fecha ni siquiera se ha tomado la declaración al acusado. De manera contraria, la querella presentada por el Ministro de Gobierno contra Revollo continúa su curso regular.

La denuncia de espionaje adquirió mayor relevancia luego de que los ex abogados del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas; el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, y el ex funcionario de Dircabi Ramiro Ordoñez reconocieron que efectivamente hostigaron y persiguieron a dirigentes políticos opositores por órdenes de los jerarcas del Ejecutivo.

Villegas, Rivera, Rodas, Gómez, Ordoñez y otros acusados de integrar una red de extorsión y corrupción fueron detenidos preventivamente en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz en noviembre de 2012, y luego de más de tres meses de encierro rompieron el silencio y confirmaron que el gobierno de Evo Morales persigue a sus enemigos políticos.

En febrero de 2013 los acusados presentaron un memorial de petición de acción de libertad en el que revelan con detalles el modus operandi de un “Gabinete Jurídico” creado por el Ejecutivo para hostigar y perseguir a dirigentes sociales y políticos opositores, al mando del ministro Carlos Romero y del viceministro Jorge Pérez.

En el memorial, Villegas, Rivera, Rodas, Gómez y Ordoñez cuentan con lujo de detalles su participación en al menos 14 procesos judiciales como representantes del Poder Ejecutivo, y revelan que efectivamente espiraron a la diputada del MSM, por órdenes de Romero y Pérez.

Cuando el viceministro Pérez difundió la grabación de la conversación telefónica interceptada la presentó “a los medios de prensa haciéndose a que la diputada Revollo tendría al interior de su oficina gente infiltrada y que de esa forma se habría obtenido la grabación, extremo por demás falso, mentiroso y temerario, pues fue desde el Ministerio de Gobierno en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada, contenidas en cualquier soporte; tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta uninominal Marcela Revollo de Del Granado, por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, confiesan los ex funcionarios de gobierno en su revelador memorial.

Los abogados detenidos en Palmasola detallan que las escuchas telefónicas y el espionaje a la diputada del MSM se realizaron con equipos adquiridos por la Unidad de Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELICN), una entidad creada por el gobierno en reemplazo de la DEA y la NAS estadounidenses.

“El primer semestre de 2012 la Jefe Nacional de la UELINC, por determinación del encargado de contrataciones, realizó la contratación y adjudicaciones de equipos consistentes en radio escuchas y aparatos de intercepción telefónica, los mismos que estuvieron en poder del Dr. Jorge Pérez Valenzuela por el tiempo aproximado de seis meses, equipos utilizados por esta autoridad para cumplir sus apetitos personales, extremo que contraviene la previsión contenida en el artículo 26 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz N. 004, hechos que de forma clara y precisa se puede advertir en los antecedentes relacionados al proceso de contratación y adjudicación de los equipos cursantes en la UELICN”, aseguran los ex empleados del Ejecutivo.

Además, Villegas, Rivera, Rodas, Gómez y Ordoñez revelan que la diputada Revollo no fue la única espiada sino que inclusive se grabaron conversaciones del Presidente Evo Morales con el Alto Mando de la Policía, extremo que fue denunciado por el propio Mandatario; “sin embargo, a título de tapar este delito, incluso de grabar al Presidente, se creó la fantasiosa historia de que el doctor Boris Villegas Rocabado, ex funcionario del Ministerio de Gobierno por más de cinco años, era agente de la CIA”.

Del Granado: Existe una “supra red” de persecución política

Las revelaciones de los ex abogados del gobierno confirman la existencia de una “supra red de persecución, de espionaje y de enjuiciamiento de opositores políticos al gobierno”, dirigida en el pasado por Sacha Llorenti y en la actualidad por el ministro Romero, declaró el líder del MSM Juan Del Granado.

Según el jefe del MSM, el objetivo de esa supra red, fracturada recientemente, era perseguir, amedrentar y enjuiciar a políticos de oposición y a dirigentes de sectores sociales, lo que derivó en acciones de extorsión y corrupción ejecutadas desde altos niveles del Órgano Ejecutivo, del Ministerio Público y del Órgano Judicial. (1)

Durante la VIII marcha indígena en defensa del Tipnis en 2011, el Primer Mandatario “indígena” en persona admitió que su gobierno espiaba a sus propios “hermanos” originarios, al presentar públicamente un listado de llamadas telefónicas como supuesta prueba de la vinculación de algunos dirigentes con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. (2)

“Es el típico modus operandi de los gobiernos tradicionales y de las dictaduras; lamentablemente han comenzado a hacer una persecución política de todos quienes realmente le pueden hacer sombra en este proceso de cambio. Nunca imaginamos que el Presidente perseguiría a sus propios compañeros, a sus propios hermanos, por el sólo hecho de defender los derechos de los pueblos indígenas”, comentó entonces, consternado, el ex diputado del MAS Pedro Nuni.

En esa oportunidad, el ministro de Gobierno en funciones Sacha Llorenti aseguró que el Ejecutivo no había intervenido los teléfonos celulares de los líderes de la marcha sino que obtuvo un registro de llamadas telefónicas mediante una orden fiscal. “Eso no tiene nada que ver con pinchazos telefónicos, ni con la morbosa y paranoica intención de algunos opositores de complicar al país con un supuesto escándalo de escuchas telefónicas”, recalcó el ex ministro de Obras Públicas y Vivienda Walter Delgadillo.

“Lo que hoy podemos colegir con absoluta certeza es que aquel hecho delictivo de espionaje sobre nuestros parlamentarios era una más de las acciones de persecución que desplegaba esa supra red presidida por el Ministro de Gobierno e instrumentada por el conjunto de la estructura gubernamental”, retrucó Del Granado. (3)

El 15 de marzo de este año la senadora opositora de Convergencia Nacional Carmen Eva Gonzales presentó una grabación de una supuesta conversación del fiscal Marcelo Soza con uno de sus allegados. Soza investigó el bullado caso terrorismo desde el 16 de abril de 2009, cuando la Policía desarticuló a una célula de mercenarios europeos en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, pero renunció al cargo inmediatamente después de la difusión de la cinta.

En la grabación, que según Soza es falsa, el ex fiscal revela que los extorsionadores presos en Palmasola participaron en el proceso investigativo del caso terrorismo, y confirma la injerencia de altas autoridades del gobierno, entre ellos el Vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl.

El vocero del MSM Edwin Herrera consideró que estos oscuros hechos no solo son “indicios de corrupción y de extorsión, sino gravísimos síntomas de terrorismo de Estado practicado desde esferas gubernamentales para amedrentar, intimidar y hasta eliminar a los opositores y a la gente que no comulga con las acciones y el discurso del gobierno”.

Este viernes la asambleísta del MSM Marcela Revollo informó que la denuncia penal por espionaje político, interpuesta inicialmente contra el ministro Romero, fue ampliada a la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al viceministro Jorge Pérez. La denuncia fue presentada hace dos días mediante un memorial ante el Ministerio Público por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Legisladores y ex autoridades del partido de gobierno reconocieron que Suxo no solo estaba enterada de las actividades irregulares de la red de extorsionadores, sino que inclusive protegió a algunos cabecillas. El ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez declaró en varias oportunidades que Suxo abogó personalmente por Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas; la propia ministra admitió haber contratado a Villegas como funcionario del Ministerio de Transparencia.

Al respecto, el ministro Romero reiteró que él y el viceministro Pérez “nunca escucharon conversaciones telefónicas, ni cuentan con equipos para hacerlo. El audio presentado es una grabación de una reunión interna de la diputada con sus militantes; y seguramente por sus pugnas internas alguien que estaba en desacuerdo hizo llegar la grabación al Ministerio de Gobierno... Yo no infiltro espías ni escucho llamadas, y me tiene sin cuidado el proceso ese”.

En plena batalla judicial, el responsable del MSM en Santa Cruz Ramiro Núñez fue detenido en la madrugada del miércoles por pintar grafitis políticos en vía pública, y trasladado maniatado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Según la dirigencia nacional del MSM, se trata de una represalia política.

El vocero del MSM aseguró que la detención alevosa es una acción represiva porque se produjo horas después de que su compañero Núñez anunciara públicamente en Santa Cruz que se reactivará el juicio en contra del Ministro de Gobierno.

Notas:

1. En diciembre de 2012 el Vicepresidente Álvaro García Linera propuso la creación de una “Unidad de Agentes Encubiertos” para identificar a los responsables de actos de corrupción en las entidades públicas. “Lo que hay que hacer es potenciar más transparencia, el tema de los agentes encubiertos que están permitidos en temas de corrupción requieren que se los ponga en marcha, está en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero todavía el Ministerio no ha creado esa estructura, entonces este es un buen momento para que el Ministerio pueda crear esa unidad de agentes encubiertos que puedan moverse en los distintos ministerios en la búsqueda de estos indicios de mal manejo de la cosa pública”, argumentó. (ABI)

2. El ex líder del Conamaq y actual dirigente de la CAOI Rafael Quispe recuerda que días antes de la brutal intervención policial a la IX marcha en defensa del Tipnis “vivimos momentos muy difíciles como en las viejas épocas de dictadura, lo digo con conocimiento de causa. Veíamos de cerca todo el control gubernamental y sus intentos para desbaratar la marcha; había agentes infiltrados en la movilización, grupos de inteligencia que llevaban y sacaban información en audio y video, y compraban a pobladores buscando enfrentamientos entre civiles y así justificar la intervención policial. Los funcionarios públicos de salud se encargaban de mantener informados a los operadores del Poder Ejecutivo, mientras los ministros distraían a la población con amagues de diálogo para interrumpir la marcha. Era común la intervención de teléfonos y correos electrónicos, y la investigación y persecución de asesores y técnicos de las organizaciones indígenas...”.

3. Durante la VIII y IX marchas en defensa del Tipnis el gobierno del MAS persiguió judicialmente y hasta encarceló a los luchadores sociales que apoyaron a los indígenas. Tal es el caso de Cancio Rojas de Mallku Khota y otros activistas anarquistas acusados de “terrorismo”. El 4 de junio de 2012 cuatro militantes del MSM fueron detenidos en la zona de Chasquipampa en La Paz por pintar consignas de apoyo a la IX marcha.

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