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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2013-02-26 a horas: 23:58:44

Guerrilleros colombianos declaran guerra a megaproyectos mineros

Crean fuerza civil de autodefensa contra la expoliación de riquezas en Chiapas

México, Bogotá y Santiago de Chile (PL y Mapocho Press).- Habitantes de 11 municipios de la Sierra Madre, estado mexicano de Chiapas, conformaron batallones de autodefensa civil para proteger a la región del saqueo de oro, titanio y barita, entre otros recursos naturales. En Colombia guerrilleros de las FARC-EP y del ELN unieron fuerzas para enfrentar a los megaproyectos mineros.

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Unos dos mil indígenas mexicanos de las etnias mam, cachiquel y mocho exigieron al gobierno federal y al estado de Chiapas que cancelen de manera definitiva los 52 permisos otorgados a empresas extranjeras; y que pongan freno a la exploración y explotación de las minas y la tala indiscriminada en la reserva de El Triunfo y La Sierra Madre.

El diario El Universal informó este martes que los pobladores de la zona alegan que las empresas mineras canadienses que operan en varias zonas del territorio provocan daños a la fauna y flora y envenenan el agua de los ríos que desembocan en manglares, mientras que los residuos sólidos y la lixiviación contaminan el agua destinada al consumo humano.

Los grupos de autodefensa civil para proteger los recursos de la región fueron conformados en los municipios de Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, Escuintla, Acacoyagua, Siltepec, Motozintla, Frontera Comalapa, El Porvenir y Chicomuselo.

A menos de tres meses de haber asumido la presidencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta uno de los mayores problemas para su naciente administración: el surgimiento de varias policías comunitarias o guardias ciudadanas de autodefensa, que al margen de la ley intentan suplir la función elemental del Estado que es garantizar la seguridad de la población y procurar justicia frente a los hechos delictivos, advierte Salvador del Río, periodista de la agencia Mapocho Press.

Según Del Río, el surgimiento de los grupos de civiles armados para detener y someter a juicio a pretendidos criminales es una secuela de actos desesperados que en medio de la guerra declarada por el gobierno de Calderón, en algunos municipios del país optaron en el pasado reciente por hacerse justicia por propia mano con juicios sumarios y linchamientos que en su mayoría las policías estatales o municipales no pudieron evitar.

El periodista de Mapocho Press considera que el dilema del gobierno de Peña es qué hacer frente al fenómeno de las guardias de autodefensa, “que si no por la ejecución sumaria de supuestos delincuentes, ahora por la vía de juicios ciudadanos pretenden hacer justicia al margen de las instituciones y los instrumentos jurídicos para garantizarla”.

El problema es de una complejidad tal que afecta al estado de derecho y la gobernabilidad misma. Por una parte, es un hecho que las acciones de las policías comunitarias se explican, aunque no necesariamente se justifican, por la impunidad en la que buena parte de la criminalidad se desarrolla y por la incapacidad de los órganos de todos los niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía en la que surgen brotes de autodefensa que reclaman como legítima, explica Del Río.

Guerrillas colombianas contra megaproyectos mineros

El 19 de febrero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron un acuerdo para unir fuerzas contra los megaproyectos de explotación minera. En la instalación de la mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012, el jefe del equipo de paz guerrillero Iván Márquez denunció que de 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera y 11 millones a la minería.

Un comunicado publicado en la página oficial del ELN y en la cuenta de facebook de las FARC-EP precisa que en los primeros días de febrero altos mandos se reunieron en el norteño departamento de Antioquia para hacer frente a las llamadas locomotoras mineras y se comprometieron “a seguir luchando contra las grandes represas para hidroeléctricas y el monocultivo de maderas y agrocombustibles, que empobrecen a la gente y al medio ambiente”.

En el texto precisan que “unidades del frente Capitán Mauricio del ELN y miembros de las FARC-EP, en el municipio de Amalfi, atacaron el 12 de febrero una posición de la brigada móvil 25, perteneciente a la Fuerza de tarea Nudo de Paramillo”.

Entretanto, alrededor de 12 mil trabajadores de la transnacional minera Cerrejón se mantienen en paro tras rechazar la propuesta de esa empresa de fijar un nuevo plazo de cinco días para continuar las negociaciones interrumpidas de manera unilateral. La multinacional anunció que, gracias a las gestiones del Ministerio colombiano de Trabajo, se había abierto un nuevo espacio de diálogo para la solución del paro que paraliza todas sus operaciones.

Iniciada el 7 de febrero, la huelga se desató al no llegar los trabajadores a un acuerdo con la comisión negociadora de la compañía, y fue decidida por el 97% de los afiliados traducido en 3.097 votos a favor. Miembros del Sindicato de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) aseguran que el objetivo de la actual dilación de las negociaciones es llevar el tema a un tribunal de arbitraje. O, en su defecto, que el Gobierno levante la huelga por su incidencia en la economía del país, uno de cuyos principales rubros de exportación es ese mineral. Cerrejón cubre el 40% de la producción carbonera colombiana

El presidente de Sintracarbón Igor López declaró al canal Telesur que no se quiere buscar una salida negociada del conflicto, sino subsanarlo en el plano jurídico. “Queremos una metodología sana, sin obligarnos uno al otro, agregó. Aquí nadie está en posición de obligar a nadie. Ellos desconfían de nosotros y nosotros de ellos (...) No hemos encontrado coherencia por parte de una empresa que cree tener el poder absoluto de imponer criterios”.

Carbones de Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado, con una mina a cielo abierto que produce 34 millones de toneladas de carbón térmico al año; un ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo habilitado para recibir barcos de hasta 180 mil toneladas de carga.

El paro asumido por los líderes sindicales y obreros se suma a la suspensión de la licencia de cargue y descargue del mineral, decretada por las autoridades ambientales colombianas, contra la transnacional norteamericana Drummond, segunda productora de carbón con una cuota de mercado del 29% nacional.

Obreros de Drummond denunciaron a esa empresa por desconocer como enfermedades profesionales las adquiridas durante el trabajo en la minería de carbón, lo cual dio pie a numerosos despidos. Buscamos que la empresa sea sancionada por no tener un programa de seguridad industrial adecuado, declararon al diario El espectador.

La multinacional con sede en la ciudad estadounidense de Alabama enfrenta a la par sanciones y un proceso de investigación de la fiscalía por daño ecológico y contaminación ambiental de la bahía de Santa Marta, al verter en enero unas 500 toneladas de carbón al mar para evitar el hundimiento de una de sus barcazas. El incidente no fue reportado de inmediato a las autoridades ambientales, como está estipulado, sino un mes después, lo que impidió activar el plan de contingencia correspondiente.

El presidente de la Asociación de Trabajadores enfermos de Drummond Aníbal Pérez afirmó que de sus dos mil afiliados, 15 padecen cáncer del pulmón. Solo en Santa Marta hay 800 aquejados de enfermedades de diversa índole, debido a las condiciones infrahumanas en que laboran. Tenemos casos de tendinitis, enfermedades respiratorias, padecimientos de la columna vertebral y problemas psiquiátricos, entre otras dolencias, y cada día se suman más, precisó el dirigente sindical.

Los afiliados responsabilizan a la empresa con esta situación, ya que no cuenta con un programa de seguridad industrial adecuado. Prueba de ello, argumenta Pérez, es que en los 18 años de operaciones de la compañía en el país, 25 trabajadores murieron y se han reportado más de ocho mil accidentes laborales.

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