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Área: Economía >> Agricultura
Actualizado el 2013-02-15 a horas: 21:31:10

Fomento al agronegocio, principal responsable del cambio de uso del suelo

La Ley N. 337 estimula la ampliación de la frontera agrícola y perdona a los depredadores del bosque

Ricardo Rojas Quiroga / Cipca *

El pasado mes, el Presidente Evo Morales promulgó la Ley N. 337 de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques. Dicha normativa jurídica propone el establecimiento de un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011 en todo el país, excepto en Áreas protegidas y tierras forestales. Esta Ley beneficiaría a propietarios de predios titulados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a dueños de tierras en proceso de saneamiento o sin sanear, y a titulares con procesos administrativos sancionatorios que no cuenten con Resolución Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

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Asimismo, establece que los empresarios que desmontaron sus tierras sin autorización, además de pagar multas, tendrán que desarrollar un plan de reforestación por cinco años, producir de forma obligatoria alimentos para el mercado interno y externo, y mejorar su rendimiento. Además, los pequeños empresarios podrán incrementar sin multas su frontera agrícola hasta en 15 hectáreas. Estos empresarios están obligados a acogerse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado. El empresario que acceda al programa pagará una multa de 60 $us/ha; las empresas medianas de uso forestal, 40 $us/ha.; las medianas de uso múltiple, 30 $us/ha. y las pequeñas propiedades y comunidades indígenas 10 $us/ha.

Así también, la Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10% y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios mayores a 50 has. Si incumplen los requisitos, sus tierras serán revertidas y pagarán multas elevadas. De acuerdo con el gobierno, esta política permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de ton/año a 13,6 ton/año, sobre todo de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar, garantizando así la seguridad alimentaria del país.

En relación a la expansión de la frontera agrícola, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), indica que en Bolivia el sector agroindustrial y el ganadero son los principales responsables del cambio de uso del suelo, aproximadamente 100 mil has./año. La monoproducción en la que el agronegocio basa su sistema de explotación de los recursos naturales deja impactos muy negativos y amplía los riesgos de contaminación a causa de un uso intensivo de maquinaria, uso de semillas transgénicas, agroquímicos y fertilizantes. La Fundación Plaguicidas Bolivia(PLAGBOL) muestra que en los últimos 10 años las importaciones nacionales de plaguicidas habrían aumentado en 150%. A propósito, luego de la promulgación de la Ley Marco de la Madre Tierra, el sector agroindustrial manifestó su disconformidad con los artículos referidos a la prohibición de transgénicos en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral N. 300.

Del mismo modo, la deforestación tiene una fuerte relación con la distribución de la tierra y la regulación en el uso de la misma. En el país esto sucede por los elevados costos del manejo forestal sostenible; normas de dificultosa aplicación; conflictividad respecto a la tenencia de tierras; falta de apoyo a los beneficiarios locales de los recursos forestales; limitaciones institucionales y económicas del sector público; una débil gestión de los recursos forestales y; un incremento en la demanda de productos forestales. En este contexto según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el país registró al menos 160 mil hectáreas de bosques destruidas en este año (2012). A su vez, de acuerdo con el Plan Nacional para el Manejo Integral del Bosque, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la conversión de bosques a otros usos se incrementó de 150.600 has./año entre el periodo 1992-2001, a 350.000 has. en el 2007.

Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF, 2011) se estima que en el país existen 5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente de las cuales 38% pertenece al sector ganadero (1.900.000 has), 28% al agroindustrial (1.400.000 has), 17% a colonizadores extranjeros (850.00 has), 12% a campesinos (600.000 has) y 5% a pueblos indígenas (250.000 has). Con esta norma se pretende legalizar el desbosque y cambio de uso de suelos en estas cinco millones de hectáreas poniéndole un precio y una multa mínima para los actores que sean incorporados en el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. El sector agroindustrial logra una especie de perdonazo, ya que esas hectáreas de tierras deforestadas ya no serán revertidas al Estado -como indica la ley- en contrapartida sólo pagarán una multa por hectárea deforestada sin considerar el daño ambiental que significa la pérdida de estas hectáreas de bosque. Con el pago de una multa mínima por la deforestación ilegal consolidará los predios en proceso de saneamiento o sin sanear.

Esta Ley es un incentivo a la ampliación de la frontera agrícola y un perdonazo a quienes han deforestado el bosque de manera ilegal, utilizando como pretexto a la seguridad alimentaria. La ampliación de la frontera agrícola no garantiza en sí misma la seguridad alimentaria nacional, en contra partida genera una fuerte degradación en los medios de vida de las poblaciones locales y tiende a amplificar la extranjerización de la tierra. Esta normativa proyecta que la frontera agrícola se multiplique por cinco, al pasar de 3,17 millones de ha. a 15 millones de ha. para garantizar el consumo interno y generar excedentes para la exportación. Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la superficie cultivada en 2012 a nivel nacional alcanza los 3,17 millones de has. Se estima que en esta gestión la superficie llegue a 3,25 millones de has, lo que representa un incremento del 2,5%.

La Ley, además de ser un perdonazo para los depredadores del bosque, contradice a la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que fue promulgada a finales del año pasado, la cual plantea maximizar la eficiencia productiva y energética para minimizar el avance de la frontera agrícola y la afectación irreversible de zonas de vida, con el fin de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

* Miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

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