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Área: Sociedad >> Regiones
Actualizado el 2013-01-30 a horas: 06:14:14

Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, ¿en su hora crítica?

Pamela Cartagena / Cipca *

Tras la fractura del Pacto de Unidad, el gobierno intenta recuperar a las organizaciones hoy aisladas, pero sus estrategias no parecen ser las más éticas. La generación de organizaciones paralelas, el desprestigio de algunos líderes o la cooptación de dirigentes repercute en una gran pérdida para el movimiento campesino indígena como bloque. Por otro lado, no muestran tampoco indicios de sostenibilidad en el tiempo las acciones para preservar a las organizaciones aliadas a través de espacios de poder absoluto para algunos líderes, acciones prebendales, e inserción de campesinos e indígenas en la agenda doméstica del gobierno como acto meramente simbólico.

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En los últimos 30 años se registraron importantes avances en el reconocimiento de los derechos para los pueblos indígenas a partir de diferentes Convenios y Declaraciones internacionales, que sumado al ascenso de gobiernos progresistas en la región, han coadyuvado a que estos pueblos hayan dejado de ser objetos pasivos de las políticas públicas para convertirse en sujetos activos en la construcción del Estado.

En los últimos dos años se han dado y acrecentado una serie de desencuentros entre las principales organizaciones campesinas e indígenas del nivel superior. Tan sólo cinco años atrás, las principales organizaciones del nivel nacional: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores Indígenas Originarios de Bolivia (CSCIOB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCIOB-BS) conformaron el Pacto de Unidad, y lograron articular e incidir en el diseño y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009.

El acercamiento de las organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, o de sus dirigentes con el gobierno actual en torno a la toma de decisiones ha generado diferentes formas de relacionamiento. Por el lado positivo las organizaciones han logrado poner en el debate y en la agenda pública diferentes demandas e intereses estratégicos del sector, así como ser parte y protagonista del denominado proceso de cambio que vive el país, o por lo menos sentirlo de esa manera. Por el lado negativo este relacionamiento ha conllevado ciertos grados de dependencia o clientelismo político, en el peor de los casos ha desembocado en tensiones y hasta fracturas entre sectores campesinos y sectores indígenas, cuyos pueblos sin duda comparten la misma problemática en torno a la pobreza y marginación, estando hoy, lamentablemente distanciados y sin posibilidad de influir o articular acciones en torno a temas de sus agendas estratégicas.

La CSUTCB, la FNMCIOB-BS y la CSCIOB, organizaciones de base eminentemente campesina, siguen en la línea de sostener al gobierno y apoyar el proceso de cambio, dado que son dueñas del partido gobernante; sin embargo, CONAMAQ y la CIDOB, organizaciones de base indígena, pese a ser gestores del denominado proceso de cambio, hoy han quedado aisladas e incluso son tildadas de enemigas de dicho proceso.

Si bien la CPE articuló a estas cinco organizaciones en torno al Pacto de Unidad, en el tiempo también lo fue el hacer frente a la oposición que se mantuvo vigente hasta 2008. Las tensiones internas en el Pacto se asientan en las diferentes formas de ejercicio del poder y capacidad de interlocución con el gobierno, así como en diferentes visiones sobre temas de la agenda estratégica campesina e indígena -el modelo de desarrollo, las autonomías indígenas, los derechos económicos, políticos y territoriales- generaron el distanciamiento de las organizaciones que conformaron este bloque social; sin embargo, el partido gobernante también contribuyó a estas tensiones, porque al querer consolidarse como única opción política dejó de lado a líderes indígenas aliados que mostraron capacidad para cuestionar temas de fondo.

Pero el estar aliado o no al gobierno no necesariamente significó la consecución de las demandas estratégicas para las organizaciones. En los casi siete años de esta relación estrecha entre gobierno y organizaciones se ha priorizado más bien la agenda del gobierno, que en sus inicios estaba centrada en la generación de cambios estructurales dirigidos al logro de una nueva Constitución Política del Estado que establezca las bases para la construcción del Estado plurinacional; pero en los últimos años, esa agenda de gobierno más bien parecería estar centrada en el ejercicio pleno y perpetuo del poder, independientemente esto conlleve a renunciar a los principios y valores que habían caracterizado la etapa de construcción de las bases del nuevo Estado, que pretendía ser plurinacional, incluyente, democrático, autonómico y diverso, entre las muchas cualidades planteadas en la Constitución.

Se han diseñado diferentes políticas, programas y proyectos sociales o de desarrollo orientados al sector campesino indígena cuya implementación es gradual: en materia crediticia hay importantes avances para pequeños medianos y grandes productores; las políticas de regulación de exportaciones y precios de alimentos impactan positivamente en la economía campesina indígena; los programas de infraestructura productiva (agua para riego o maquinaria agrícola) responden a las necesidades más sentidas del sector, especialmente en el occidente del país; los proyectos de desarrollo o fortalecimiento organizativo atendidos por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y las Comunidades Campesinas, al ser transferencias financieras no reembolsables, son significativos para el desarrollo productivo del sector campesino indígena.

Las organizaciones del Pacto han tenido una participación activa en estos programas, pero tras la ruptura del mismo, hoy sólo las tres organizaciones aún aliadas al gobierno juegan un rol importante, aspecto que deja en desventaja a las organizaciones afiliadas al CONAMAQ y la CIDOB. Sin embargo poco o nada se ha avanzado hacia la consecución de los temas fundamentales de la agenda estratégica de las organizaciones campesinas e indígenas. Centrándonos en tres temas como participación política, el modelo económico de desarrollo y el acceso a la tierra y los recursos naturales, podemos ver que los avances son escasos.

Es evidente que se ha incrementado la participación política de campesinos e indígenas, y que desde el gobierno se han generado condiciones para que éstos participen en importantes espacios de toma de decisiones como la Asamblea Legislativa Plurinacional, las Asambleas departamentales y municipales en el nivel sub nacional ó la participación en el Órgano Ejecutivo. Pero, la toma de decisiones lamentablemente ha seguido la tendencia de obediencia vertical al partido, y no la que idealmente se pensaba, es decir articulada a las bases que eligieron a estos representantes campesinos e indígenas.

Como ejemplos últimos están la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que fue observada por asambleístas de tierras bajas debido a los elevados condicionamientos para la implementación de las autonomías indígenas, pero que al final gozó del respaldo y aprobación tanto de campesinos como de indígenas; o el cuestionado decreto 748 del gasolinazo que pese al férreo rechazo de las organizaciones intermedias y de base en su momento logró el respaldo incondicional de los asambleístas campesinos y de principales dirigentes campesinos de organizaciones mixtas o de mujeres, lo cual muestra distanciamientos de las organizaciones intermedias y de base con sus entes matrices y con sus representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este distanciamiento es la evidencia más clara de las fracturas internas que también sufre la organización campesina, aunque la cultura prebendal juega en momentos de crisis un papel importante en la mediación.

En referencia a la participación de la base social en la toma de decisiones, ésta aún es protocolaria, está contaminada de actitudes prebendales o simbolismos, y sigue también la cultura de obediencia vertical.

En referencia al modelo económico se habló de un cambio del patrón primario exportador por uno basado en la economía plural con una visión integral del desarrollo. En el marco de los cuatro pilares del desarrollo tomó importancia el logro de la soberanía y seguridad alimentaria para lo cual el rol de los pequeños productores campesinos e indígenas era sustancial apuntando hacia un cambio en la estructura de la tenencia de tierra y el acceso al agua, los insumos productivos y el crédito. Son interesantes las estrategias para el logro de la seguridad alimentaria referidas al control de servicios públicos rurales y a la participación gubernamental como actor económico en la producción y comercialización de alimentos; empresas estatales como EMAPA han jugado un rol importante durante la crisis del precio de los alimentos aunque han tenido capacidades limitadas para llegar a áreas con escasa conectividad al eje troncal como las zonas fronterizas del país; otros programas de desarrollo productivo menos coyunturales con base en alianzas Estado-productores rurales (Criar, Empoderar, Sembrar) han iniciado la producción de alimentos pero aún atraviesan fases piloto y tienen escasa cobertura en relación a las unidades productivas campesinas indígenas del mundo rural.

La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de junio 2011 a través de las dieciséis políticas del artículo 12 responde en parte a las demandas que anteriormente habían planteado sectores campesinos e indígenas. Sin embargo, su promulgación estuvo plagada de contradicciones; su objeto central es lograr la soberanía alimentaria del país pero no toca temas estructurales, ya que la soberanía alimentaria cuestiona el modelo de desarrollo primario exportador, se contrapone a las políticas de liberalización del comercio e interpela el control de los recursos productivos (tierra, agua y semillas), y la ley promulgada pasa por alto estos aspectos en su contenido, no apunta hacia un cambio de la estructura de la tenencia de tierra como base de la producción campesina indígena, y con la evidente voluntad del Estado para abrir camino hacia la producción transgénica de especies en los cuales el país no es centro de origen o diversidad, evidencia una política de liberalización del comercio poniendo en riesgo incluso el control de la tierra y los recursos genéticos, asociados a este tipo de producción.

Finalmente, el acceso a la tierra y los recursos naturales –demanda histórica de las organizaciones campesinas e indígenas- ha tenido importantes avances en el país. Según datos oficiales alrededor del 60% del territorio nacional está saneado y titulado. Sin embargo, en el último tiempo el proceso está prácticamente estancado; por un lado, el problema del minifundio del altiplano y los valles no ha sido resuelto con la política de asentamientos humanos; y por el otro, no se ha garantizado el cumplimiento de la FES ni se han tocado los latifundios existentes en el oriente. El acceder a más tierras o incidir en que exista una distribución más equitativa como fue el plan inicial del gobierno no pasa por enfrentar a campesinos contra indígenas arguyendo que en TCO y propiedades comunarias hay mucha tierra e improductiva, aspecto que sólo muestra la vigencia de un modelo agrarista en el país dejando de lado las bondades y ventajas comparativas de los bosques y su manejo y aprovechamiento integral y desconociendo los derechos colectivos de éstas poblaciones.

Por otra parte, es posible que la tarea aún pendiente de dotar tierra a las poblaciones que no la tienen o la tienen de manera insuficiente esté relacionada con el anuncio gubernamental de ampliar en un 37% la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria del país, sin embargo, la tierra fiscal disponible es escasa frente para esta oferta, por lo que no estarían alejados de la realidad los temores de las organizaciones de tierras bajas respecto a garantizar sus derechos territoriales en las TCO o la vigencia de algunos parques nacionales.

En síntesis, podemos ver que las organizaciones campesinas e indígenas aliadas o no al gobierno aún no logran las grandes transformaciones esperadas del proceso de cambio. Su participación política es protocolaria, está influenciada por cuestiones de clase y etnia frente a los compromisos para responder a intereses colectivos de los pueblos campesinos e indígenas que deberían primar. Las realidades y desafíos de los pueblos campesinos e indígenas aún se enfrentan a un modelo económico primario exportador (hidrocarburos y minerales) con bajas intervenciones en la problemática del mundo rural que no logra políticas que apunten hacia temas estructurales de alcance masivo para el sector.

La equidad en el acceso y distribución de la tierra como principal factor productivo para campesinos e indígenas se enfrenta a la escasa voluntad política del Estado para hacer cumplir la Ley, dificultades para implementar un programa integral de asentamientos humanos en las tierras fiscales ya detectadas, y serias dificultades para entender las dinámicas de vida de los pueblos indígenas y campesinos de las TCO y propiedades comunarias o escasa capacidad de garantizar con políticas eficientes la gestión integral y sostenible de esos territorios ya saneados.

El relacionamiento estrecho entre gobierno y organizaciones fue algo muy esperado de este proceso de cambio, pero las fracturas entre el movimiento campesino e indígena y/o de éstas con el gobierno no lo fueron. En este contexto, el gobierno viene intentando recuperar a las organizaciones hoy aisladas pero las estrategias no parecen ser las más éticas, la generación de organizaciones paralelas, la irrupción de sus instalaciones, el desprestigio de algunos líderes o la cooptación de dirigentes, en lugar de mejorar la situación repercute en una gran pérdida para el movimiento campesino indígena, como bloque; y por otro lado, el preservar a las organizaciones aliadas a través de espacios de poder absoluto para algunos líderes, acciones prebendales, inserción de líderes campesinos e indígenas en la agenda doméstica del gobierno como acto meramente simbólico, no muestran tampoco indicios de sostenibilidad en el tiempo.

Sin duda la peor parte de la fractura y sus consecuencias hoy corresponde al movimiento campesino indígena, que ha luchado por años por reivindicar sus derechos y que ha sacrificado muchas vidas.

* Revista Mundos Rurales N. 7, CIPCA, agosto de 2012.

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