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Área: Sociedad >> Educación
Actualizado el 2012-12-28 a horas: 03:07:41

Un derecho individual y también colectivo

Consideraciones generales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión

Frank La Rue *

Tal como está establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el derecho a la libertad de opinión y de expresión consiste de tres elementos diferentes: (I) el derecho a tener opiniones sin interferencia; (II) el derecho a buscar y recibir información, o el derecho al acceso a la información; y (III) el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, artísticamente, o por cualquier otro procedimiento.

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El derecho a la libertad de opinión y de expresión, como todos los derechos, impone obligaciones jurídicas a los Estados: (I) respetar el derecho o abstenerse de interferir en el goce del derecho; (II) proteger, ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas; y (III) dar cumplimiento al derecho, tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo efectivo.

Tal y como se destaca en la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, “el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, es propiciado por un entorno democrático que, entre otras cosas, ofrezca garantías para su protección, es esencial para la plena y efectiva participación de una sociedad libre y democrática y resulta decisivo para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas democráticos efectivos”.

La importancia del derecho a la libertad de opinión y expresión para el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas democráticos efectivos reside en el hecho que este derecho se encuentra estrechamente ligado a los derechos a la libertad de asociación, de asamblea, de pensamiento, de conciencia y de religión, y al de la participación en los asuntos públicos, simboliza más que cualquier otro derecho, la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos.

Como tal, el efectivo ejercicio de este derecho es un importante indicador sobre la protección de otros derechos humanos y libertades fundamentales. En este sentido, el derecho a la libertad de opinión y expresión debe también ser entendido como un instrumento esencial para promover y proteger otros derechos humanos, sin olvidar que a su vez es una herramienta importante en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción.

Además, la libertad de opinión y expresión, si bien es un derecho individual desde un sentido más amplio de su ejercicio, es también un derecho colectivo mediante el cual los grupos sociales tienen la posibilidad de buscar y recibir información plural y diversa, así como de emitir sus opiniones colectivas. Dicha libertad se extiende a las manifestaciones colectivas de diversa índole que incluye la celebración pública de sus creencias espirituales o religiosas o las manifestaciones culturales. También es un derecho de los pueblos, pues mediante su ejercicio efectivo los mismos pueden desarrollar, dar a conocer, y reproducir su cultura, su idioma, sus tradiciones y sus valores.

Derecho al acceso a la información

Como se especifica en el artículo 19 del PIDCP, toda persona tiene derecho a buscar información (más allá de ser receptores pasivos de información), el ejercicio de este derecho puede encontrarse sujeto a restricciones como se especifica en el artículo 19(3).

El Comité de Derechos Humanos ha enfatizado la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados de las actividades de los funcionarios públicos y tener acceso a información que les permita participar en los asuntos políticos. En la democracia, el derecho de acceder a la información pública es un derecho fundamental para el ejercicio de la transparencia.

Los procedimientos democráticos implican que las personas tengan acceso a la información pública, entendiéndose ésta como la relacionada con toda la actividad del Estado, esto permite tomar decisiones y ejercer el derecho político a elegir y ser electo, o a cuestionar o incidir en políticas públicas así como a mantener la calidad del gasto público y promover la rendición de cuentas; todo lo cual facilita establecer control sobre el abuso de poder.

Los Estados deben tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para facilitar a las personas el acceso a la información pública. Existen características legislativas y procesales específicas que deben estar implícitas en todo régimen de acceso a la información, incluido el principio de la máxima divulgación, la presunción del carácter público con respecto a las reuniones y los documentos fundamentales, amplias definiciones del tipo de información a la que se puede tener acceso, tarifas y plazos razonables, un examen independiente de las denegaciones de acceso y sanciones por incumplimiento.

Un aspecto importante del acceso a la información pública es el acceso a archivos históricos o a la información de procedimientos actuales que puedan esclarecer las violaciones de derechos humanos. Esto constituye que la verdad es la primera etapa para llegar al derecho a la justicia y luego al derecho a la reparación que son los derechos fundamentales de las víctimas. Las víctimas no sólo tienen el derecho a establecer la verdad – de por qué, cómo y quién violó sus derechos – sino además tienen el derecho a hacerlo público si así lo desean, especialmente para honrar la memoria de quienes se les violó el derecho a la vida.

Acceso a los medios de comunicación

El trabajo de todos los medios de comunicación, de diferente tipo, debe ser entendido en función social. Cabe hacer mención que el recurso de las frecuencias de ondas electromagnéticas constituyen un bien público estatal y por consiguiente su acceso éstas debe ser garantizado, el Estado debe utilizarlas y autorizar su uso en forma equitativa y justa hacia todos los sectores de la sociedad. Se recomienda que la administración y el manejo de la concesión de frecuencias de comunicación sea realizado por un ente estatal (público) independiente.

En el mundo ha prevalecido durante los últimos años la visión comercial de la comunicación social, lo cual promovió la concentración de los medios de comunicación en grandes consorcios privados o estatales; ello contradice el principio del pluralismo y la diversidad, que debe inspirar la libertad de expresión para que sea efectiva. La concentración de poder político atenta contra los modelos democráticos.

En la actualidad el acceso a la comunicación y en particular a la comunicación electrónica, representa una necesidad para alcanzar el desarrollo y por consiguiente, debe ser entendido también como un derecho económico social. Los Estados deben asumir la responsabilidad de facilitar y de subsidiar el acceso a medios de comunicación electrónica para garantizar el ejercicio equitativo de este derecho, combatir la pobreza y alcanzar sus metas de desarrollo.

En virtud de lo anterior, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se debe garantizar el derecho al acceso a la comunicación electrónica y a la libertad de opinión y expresión en general. Por ello se hace necesario reducir la brecha digital y de avance tecnológico entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración del Milenio (A/Res/55/2, puntos III, párrafo 20).

En particular, la meta 8.F del Objetivo 8 de los ODM establece: “en cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones”.

Libertad de Expresión de los Pueblos Indígenas, Minorías y Grupos Vulnerables

El derecho a la libertad de expresión adquiere un valor agregado cuando a través del mismo se logra la protección de grupos o minorías que necesitan una atención específica, tales como las mujeres, la población infantil, la población en extrema pobreza, las minorías, pueblos indígenas y población migrante.

Las Mujeres

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información necesaria para construir opiniones o para tomar decisiones. Sin embargo, las mujeres en particular, han sido relegadas de este derecho, el cual en casos extremos ha constituido la negación de la información o educación necesaria, pues la falta de esfuerzos por parte de 4 los Estados para promover y garantizar el acceso a las mismas, así como el acceso a medios para emitir su opinión -al igual que a programas de salud y de prevención de la violencia han influido negativamente para que las mujeres puedan tomar libremente decisiones informadas. Los Estados deben priorizar dentro de sus políticas públicas, aquellas relacionadas con la educación y el acceso a la informaciónpara todas las mujeres.

Niños y niñas

La Convención de los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados de garantizarles el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es la primera forma de participación y es un mecanismo de inclusión, que necesariamente tiene que ver con el reconocimiento y valoración de la dignidad humana desde la niñez. El ejercicio de su derecho a la libertad de expresión incluye la obligación del Estado de protegerlos de información que pueda ser dañina para su dignidad y desarrollo. Por lo que los Estados deben definir en leyes, en el marco de los Derechos Humanos, estos mecanismos de protección, su contenido, su alcance y su forma de implementación. Respetar la libertad de expresión de la niñez y escuchar con atención su mensaje es también un elementoimportante para combatir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar y evitar la impunidad de estos actos.

Población en extrema pobreza, acceso a la comunicación y libertad de expresión

Siendo la pobreza un fenómeno multidimensional que limita el ejercicio de todos los Derechos Humanos, su erradicación implica garantizar la realización de los mismos, incluyendo el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a los medios de comunicación relativos a las nuevas tecnologías. Las limitaciones a este derecho generan exclusión social y son un obstáculo para el desarrollo humano.

Al igual que otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, las personas pobres tienen dificultades para hacer oír su voz. Su condición les impide ejercer su derecho a expresarse libremente, la pobreza limita su acceso a la información, a la educación y el acceso a los medios de comunicación.

La libertad de opinión y expresión, así como el acceso a la comunicación, son herramientas que pueden coadyuvar a la erradicación de la pobreza. A través del ejercicio de este derecho, los grupos sociales pobres pueden informarse, hacer valer sus derechos y participar en el debate público para generar cambios sociales y políticos que mejoren su condición. El acceso a la comunicación es también fundamental para el desarrollo económico y social, pues implica que las comunidades estén informadas para dirigir sus actividades, por lo que los Estados deben garantizar el acceso a la comunicación en general y en particular a la comunicación electrónica para coadyuvar en el combate a la pobreza.

Minorías y pueblos indígenas

El ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión tiene especial relevancia para las minorías y los pueblos indígenas, ya que la libertad de opinión es un instrumento necesario para el cumplimiento específico de los derechos que estos grupos demandan. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indica que “tienen derecho de establecer sus propios medios de información, en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación”. En virtud a esto, animo a los medios de comunicación social a que su personal sea representativo y diverso, y además exhorto a la prensa y a los medios de comunicación social a que en su cobertura generen un ambientede respeto a la diversidad cultural y multiculturalidad.

Medios de comunicación comunitaria

El derecho a la libertad de opinión y expresión incluye la libertad de dar, recibir y transmitir información, de los grupos minoritarios y excluidos, por lo que los medios de comunicación comunitaria constituyen instrumentos efectivos para cumplir esa función y es deber de los Estados facilitarlos, apoyarlos y garantizar su acceso en forma equitativa.

Para que todos los sectores sociales tengan acceso a la información y la posibilidad de participar en el debate público nacional, es importante garantizar el principio de diversidad y pluralismo de los medios y la eliminación de los monopolios y las grandes concentraciones de medios.

Resulta prioritario eliminar todas las barreras que dificulten el ejercicio pleno del derecho a la libertad de opinión y expresión, y obstaculicen su desarrollo y toma de decisiones para estos grupos.

En conclusión, debo decir que la Libertad de Expresión es un Derecho que se ejercita en dos vías, por un lado el Derecho que tiene la persona de emitir sus ideas y opiniones, y por el otro el derecho al acceso a información con diversidad y pluralismo. Esto es posible si también existe un ejercicio de prensa plural y diverso, que permita a todas las personas tomar sus decisiones yconstruir un pensamiento propio.

* Relator especial de Naciones Unidas para la defensa de la libertad de expresión, fuente: Boletín de Grupo de Gobernanza y Justicia, 17 de diciembre de 2012.

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