El decreto supremo 1302 promulgado la semana pasada por el Presidente Evo Morales establece sanciones para los maestros acusados de violaciones, abusos y maltratos en los establecimientos educativos de Bolivia. Entre 8 y 9 niños y niñas de un grupo de 10 son víctimas de algún tipo de violencia en el país, según un reporte del Ministerio de Educación. “El 10% de los niños y niñas en Bolivia son víctimas de agresiones sexuales”, precisa el informe de Violencia contra la Niñez en Bolivia.

El ministro de Educación narró el caso patético de un director de unidad educativa fiscal, cuyos nombres no precisó, que a la primera denuncia de acoso, en una suerte de protección solapada, fue removido a otro establecimiento, donde también incurrió en la figura de acoso sexual. El sistema canalizó a este director otra válvula de escape y, paradójicamente, fue transferido a la dirección de un tercer establecimiento, donde violó a una estudiante.

En ese marco, Aguilar explicó que el decreto 1302 contempla tres líneas maestras que facultan al Ministerio de Educación tutelar la lucha contra la violencia física, sicológica o sexual en los establecimientos educativos; a oficiar de denunciante y querellante en procesos identificados y, por último, “ante la situación de violencia sexual se asume la decisión de suspender al maestro”, es decir, “el Ministerio lo denuncia de oficio y le sigue la acción” en los tribunales de justicia.

No obstante, aclaró que la suspensión de un educador denunciado de acoso o violencia sexual no procederá a “simple denuncia… Tiene el fiscal que evaluar las pruebas y la Policía indagar”, y “si hay elementos de prueba (de acoso, agresión física o vejación sexual), el fiscal imputa y ahí viene la suspensión de educadores denunciados” sin goce de haberes, aseguró el ministro entrevistado por el programa Anoticiando de la Red ATB.

El Decreto también establece que si la investigación policial del caso denunciado no hallara elementos de prueba o convicción, el educador encauzado, en virtud de sus derechos reconocidos por la carta constitucional vigente, será exculpado y le serán restaurados sus privilegios salariales, en caso de probarse su inocencia.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana (CTEUB) Ciro Bozo garantizó la plena colaboración de su sector en los procesos de investigación de aquellos docentes denunciados por violación física, sicológica o sexual.

"Saludamos la aprobación de esta norma; somos conscientes que en las escuelas no debe haber ningún tipo de violencia, porque como educadores no hemos sido formados para hacer aprender las letras con presión o a golpes; por eso, toda vez que conozcamos uno de estos casos, impulsaremos para que se profundicen las investigaciones hasta sancionar a los culpables", dijo Bozo.

El dirigente admitió que se dan este tipo de casos en las escuelas y colegios, aunque de manera aislada. "Si bien como dirección sindical estamos obligados a defender los derechos de los profesores, en estos casos irregulares no lo haremos, porque no vamos a socapar hechos de esta naturaleza, contrariamente vamos a incentivar para que se profundicen las investigaciones y la sanción a los culpables".El sindicalista no descartó que estos casos puedan ventilarse en tribunales disciplinarios que existen en cada federación, además de las secretarías de conflictos. "Esperamos que en el futuro los padres de familia nos hagan llegar las denuncias, al margen de presentarlas ante las autoridades pertinentes", subrayó.

El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba lanzó el programa denominado "Brigadas de padres de familia", con el propósito de que los progenitores sean capacitados en patrullaje preventivo y conformen grupos de protección para estudiantes de las unidades educativas de la ciudad.

El comandante de la Policía cochabambina Erwin Montaño dijo que la iniciativa arrancó el 3 de agosto y se realizará cada viernes en las seis estaciones policiales integrales desplegadas en la mancha urbana, con la participación de habitantes de 14 distritos municipales. La concejala Ninoska Lazarte informó que la iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal de Cercado. Se prevé formar a unos 500 progenitores en una primera fase y contar posteriormente con entre 2.000 y 3.000 vigilantes capacitados.El director departamental de Educación Jorge Ponce, de manera preventiva, emitió una circular instruyendo a los regentes, secretarios y porteros de cada unidad educativa que colaboren en la seguridad de las unidades educativas.