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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2012-07-10 a horas: 23:23:38

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sarayaku y los gobiernos progresistas

Medidas cautelares de la CIDH y protección de los derechos de los pueblos indígenas

Sumak Cuji Mancilla y David Cordero Heredia *

En las últimas semanas se ha debatido mucho sobre la razón de ser de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus competencias para proteger los derechos humanos. Lo curioso es que las críticas más fuertes provienen de gobiernos que se dicen ser progresistas y que están constituidos por personas que en el pasado lucharon por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, para lo cual no dudaron en recurrir a la CIDH al no encontrar protección al interior de sus propios Estados.

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Un ejemplo de esto es el “Caso Sarayaku”, que fue llevado a la CIDH por abogados que defendían los derechos de los pueblos indígenas y que ahora son parte del Estado ecuatoriano; nos referimos a José Serrano, actual Ministro del Interior, y a Patricio Pazmiño, actual Presidente de la Corte Constitucional[1]. La actuación de la CIDH en el Caso Sarayaku se ha dado como respuesta a las peticiones hechas por Serrano y Pazmiño en el año 2003, cuando eran militantes del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)[2]. Completaba el equipo Mario Melo, quien se mantiene en el caso hasta la actualidad y que ha debido enfrentar la prepotencia del gobierno nacional, cuyo presidente no ha dudado en denigrar a los dirigentes indígenas y a las ONGs que apoyan al pueblo sarayaku.

Los Estados progresistas, que no han logrado salir del modelo neoliberal y aún basan su economía en la extracción de recursos naturales, miran a la CIDH como un obstáculo para su afán de acceder a estos recursos, en su mayor parte ubicados en territorios indígenas, y por ello han recurrido a una serie de mentiras para justificar sus críticas y ocultar su intención de reducir las competencias de la CIDH para actuar con total impunidad frente a los derechos indígenas y, en el caso del Ecuador, violentar además los derechos de la naturaleza, fijados en la Constitución del 2008.

En el presente boletín analizaremos el Caso Sarayaku y su incidencia en la CIDH, así como las molestias que los gobiernos progresistas tienen frente al trabajo de este organismo en relación con los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el derecho a la “Consulta Previa, Libre e Informada”, lo que los ha llevado a buscar restringir las competencias de la CIDH; una posición que, liderada por el gobierno ecuatoriano y venezolano, ha recibido el respaldo de gobiernos americanos que tienen serias deudas en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

El caso Sarayaku

El Pueblo de Sarayaku se ubica en la amazonia central ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, a orillas del Rio Bobonaza. El ingreso se lo puede realizar desde la comunidad de Canelos, ubicada a 35 km. al noroeste de Sarayaku, desde allí se sigue una trocha a pie o en canoa por el rio; también se puede ingresar por vía aérea, despegando desde la base militar de Shell, cerca al Puyo, capital de la provincia.

El nombre de pueblo Kichwa de Sarayaku fue dado por las sabios abuelos hace cientos de años, traducido al español significa “Río de Maíz”[3], constituye uno de los asentamientos kichwa de mayor concentración poblacional y extensión territorial en la amazonia ecuatoriana, pues cuenta con una población de 1.200 habitantes, organizados en seis comunidades: Shiguakucha, kali-kali, Chunta Yaku, Sarayakillu, Centro Sarayaku y Teresa Mama, las que se asientan en una extensión de territorio ancestral de 135.000 ha[4].

La comunidad de Sarayaku, mantiene su cultura, tradición, idioma, que es el Kichwa; sus costumbres, música, creencias, sus danzas, sus ritos, sus artesanías y su forma de vida, las que han sido trasmitidas por sus abuelos, de generación en generación.

Los habitantes de Sarayaku, subsisten de la agricultura familiar colectiva, las familias poseen chacras, en las que se cultiva yuca, plátanos, piña, maíz, maní, naranja, limón, la papa china, tomates; las plantas se siembran según la calidad de la tierra. Viven también de la caza; realizan dos tipos de cazas, la primera es la caza comunitaria, que es una actividad que se la realiza en algunos momentos del año, especialmente para las fiestas; y la segunda es la casa familiar, que se la realiza más a menudo, en poca cantidad, para poder asegurar la alimentación de la familia. Igualmente, la pesca comunitaria es otra practica que realizan en momentos muy determinados del año, y la pesca familiar es la cotidiana, donde los hombres, los niños y muy pocas veces las mujeres, pescan con anzuelos.

La cerámica, que es de una arcilla muy especial que se encuentran en el interior de la selva, es realizada por las mujeres de la comunidad; se fabrica mukawas, que son usadas para beber la chicha; la tinaja, que es una jarra muy grande, generalmente se la pinta de rojo y blanco y sirve para conservar la chicha durante su proceso de fermentación; las callanas, de color gris oscuros, sin pintas, que se usan solo para servir la comida, y muchos otros enseres que sirven para la vida cotidiana.

Existen muchas variedades de palmeras; las hojas de muchas de éstas, como la wayuri panga y uksha panga, se las utiliza para el tejido o la cubierta de los techos de sus casas, en tanto que de raíces y nervaduras de las hojas se fabrican cuerdas, cordones, etc.

En 1996, el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Energías y Minas, y la empresa petrolera estatal Petroecuador, sin consultar a las comunidades, concesionó a la compañía General de Combustible S.A, Consorcio CGC San Jorge, de la Republica de Argentina, el denominado “Bloque 23”, ubicado en territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la Provincia de Pastaza, para que se desarrolle actividades de exploración y explotación. Dicho bloque afecta 200.000 hectáreas de bosque primario en territorios históricos de los pueblos indígenas, el 85% en territorio kichwa del pueblo de Sarayaku, que aparece en el centro del bloque 23. El resto son territorios de los Achuar, con un 10%, y Shuar en un 5% [5].

En el año 2002, esta compañía, con protección de las fuerzas armadas, la policía y seguridad privada, ingresó agresivamente al territorio sarayaku, provocando pánico, violencia y división entre las familias habitantes de la comunidad. Dicha compañía intentó desplazarlos forzadamente. Se militarizó la zona y cerró con cadenas el paso por el Rio Bobonaza para impedir el tránsito de los miembros de la comunidad y que lleguen las delegaciones de organizaciones que apoyaban a Sarayaku; sin embargo, el pueblo de Sarayaku se levantó en resistencia por más de 4 meses en la selva, donde los niños, jóvenes, hombres, mujeres y ancianos se enfrentaron a las fuerzas militares, inclusive debieron enfrentarse a los propios miembros de la comunidad y de comunidades aledañas que habían sido utilizados por la empresa como obreros.

La compañía petrolera CGC logró introducirse hasta los lugares denominados “zonas vivientes”, las mismas que quedaron brutalmente afectadas por explosivos. CGS sembró en el subsuelo una tonelada y media de peligrosos explosivos conocidos como pentolita[6]. Ante la negativa de retirarse de la compañía, los habitantes de sarayaku se organizaron para desalojar a los invasores y actuar en legítima defensa, pues el gobierno ecuatoriano violó los derechos ancestrales del pueblo y envío al ejército para respaldar el ingreso de la petrolera. Durante un primer enfrentamiento entre los habitantes de la comunidad y los militares, fueron capturados cuatro miembros de la comunidad.

En contrapartida, las mujeres de Sarayaku, con gran conocimiento de la selva, lograron detener a algunos trabajadores de la compañía y despojaron de sus armas a los militares. Las armas fueron devueltas al Ejército bajo promesa del retiro de la compañía del territorio de Sarayaku.

Durante los 4 meses de resistencia, mientras las mujeres, los jóvenes y los ancianos se encontraban en vigilia para no permitir el ingreso de dicha compañía, sus hijos e hijas menores, niños y niñas aun de brazos, se quedaban en casa con sus abuelas y otros con sus hermanas mayores; ésta fue una situación desgarradora, ya que los pequeños lloraban al no saber qué podía estar pasando con sus padres, sus hermanos y demás familiares.

Sarayaku va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En 2003 la Asociación de Tayjasaruta[7], con el apoyo que les brindaron varias organizaciones nacionales e internacionales, interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de la promoción y protección de los derechos humanos. En la demanda se describieron todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por parte del Estado ecuatoriano, violaciones a los derechos de los pueblos originarios, a la propiedad, a la libertad de conciencia y religión, a la salud, a la cultura, a las formas de vida cotidiana de las comunidades.

Una de las peticiones principales del pueblo kichwa de Sarayaku se refiere a la obligatoriedad de realizar una “Consulta Previa” que, según su argumento, debe ir más allá de una simple consulta, debe buscar su consentimiento, de manera libre, previo a cualquier intervención y una vez que se tenga toda la información, como está garantizado y reconocido en el Ecuador, desde el 24 de abril de 1998 cuando el Congreso Nacional aprobó el Convenio No. 169 de la OIT[8], el mismo que fue ratificado por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo No. 1387, publicado en el Registro Oficial N. 311, del 6 de mayo de 1998. Este derecho fue incluido luego en la Constitución de 1998 y finalmente en la actual Constitución del 2008. También, como antecedente a la actual Constitución, debemos anotar que en 2007 se promulgó la “Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas”, como una parte importante del desarrollo internacional de los derechos colectivos.

Como producto del conflicto con la Empresa CGS y los militares, algunos dirigentes de la comunidad Sarayaku han sido perseguidos y amenazados por parte de funcionarios y trabajadores de la empresa CGC, buscando que estos dirigentes desistan de las medidas de defensa de sus territorios. Esta persecución ha sido continua, y ha sido evidenciada en ataques realizados por empleados de seguridad de la empresa CGC. Por eso fue necesario buscar medidas alternativas y urgentes para precautelar la vida de los miembros de la comunidad.

El 23 de abril de 2003 se solicitó a la CIDH que ordene que el Estado ecuatoriano adopte medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad Sarayaku; frente a lo cual, el 5 de mayo de 2003, en vista de la situación de riesgo que vivían los dirigentes y toda la comunidad, la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Sarayaku; pidió también investigar judicialmente los hechos del 26 de enero de 2003 en el denominado "Campo de Paz y Vida Tiutiuwalli[9]", en donde se produjeron los enfrentamientos con los militares y personal de seguridad de CGS.

Una vez emitida las medidas cautelares por parte del CIDH en el año 2003, el Estado ecuatoriano no adoptó medida alguna a favor de los peticionarios, por el contrario, las autoridades del Ministerio de Minas y Petróleo tuvieron una actitud negativa frente a su cumplimiento. Es por eso que en el año 2004 se procede a solicitar a la CIDH que remita el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la solicitud de Medidas Provisionales, las cuales son aceptadas por parte de la Corte en Abril de 2004. Estas medidas solicitadas consisten en la protección del territorio e integridad de los miembros de la comunidad de Sarayaku.

Después de varias acciones presentadas por parte del pueblo sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta decidió convocar a audiencia al Estado Ecuatoriano ante el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, del 6 al 7 de julio, en Costa Rica. En esta audiencia, delegados de la comunidad expusieron sus alegatos orales, pruebas y testimonios sobre las violaciones a sus derechos humanos ante el presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayan, el cual cerró la fase de preguntas consultando a la delegación estatal qué veracidad hay en la versión de que Ecuador prepara una nueva licitación de bloques petroleros para octubre del 2012. Los representantes del Estado comentaron no tener información al respecto, por lo que se comprometieron a responder ésta interrogante, en una ampliación con alegatos escritos.

La denominada XI Ronda de Licitación Petrolera se iniciará con la apertura de la convocatoria en el mes de octubre del 2012, dicha ronda de explotación petrolera está encaminada a la parte de la amazonia sur del país, donde están involucrados 12 bloques petroleros, y uno de ellos es nuevamente el bloque 28, ubicado en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku, bloque que anteriormente tenía la empresa Argentina CGC, y ahora pretende ser manejado por Petroecuador.

Al tener conocimiento de dicha convocatoria, las comunidades indígenas realizaron una asamblea de las nacionalidades del centro sur de la amazonia para analizar los impactos y efectos que provocaría la explotación petrolera dentro de cada unos de sus territorios ancestrales. La asamblea redactó un manifiesto de oposición rotunda; una de sus resoluciones está dirigida al Gobierno Nacional, al exigir que se deje sin efecto la política petrolera que se quiere implementar dentro de sus territorios.

Debido a esto, Sarayaku nuevamente acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pide que se visiten sus comunidades. Por primera vez en la historia, la Corte IDH, decide visitar una comunidad Indígena, y la realiza en el Pueblo Kichwa de Sarayaku, donde su Presidente, Diego García Sayán y la jueza Rhadys Abreu Blondet, acompañados de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ingresaron a la comunidad el 21 de abril del 2012, para verificar los lugares donde ocurrieron los hechos y poder recoger pruebas adicionales respecto al caso.

Después de una larga jornada y después de haber escuchado testimonios de 6 miembros de la comunidad, agradece al Pueblo de Sarayaku y asegura que Sarayaku quiere vivir libremente en su propio territorio, y el pueblo de Sarayaku debe ser quien decida qué tipo de proyectos se implementan dentro de su territorio. Para Sarayaku, el territorio es vida, ellos dependen de su territorio, y es justamente lo que la Corte debe defender.

La asamblea del Pueblo Kichwa de Sarayaku espera que la Corte IDH emita una sentencia favorable, reconociendo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, y así marcar un precedente histórico y jurídico para los países de las Américas, acerca del derecho a la consulta previa, libre e informada en cuanto a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. La sentencia de la Corte IDH será vinculante para Ecuador.

El pueblo de Sarayaku resalta que:

“Este triunfo de la dignidad, la verdad y la justicia se produce gracias a la lucha sostenida por el Pueblo de Sarayaku a lo largo de una década. Responde a sus propias demandas y posiciones inspiradas en su cosmovisión y en su relación espiritual con la selva viva o Kawsay Sacha. Sarayaku reconoce y agradece el apoyo fraterno y solidario recibido de muchas personas y organizaciones que alrededor del mundo se sienten convocadas por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la Naturaleza, cuyo papel ha sido de asesoría, acompañamiento y apoyo solidario”[10]

La CIDH y los derechos de los pueblos indígenas

Si bien la CIDH fue fundamental en la defensa de los derechos civiles durante los periodos de las dictaduras latinoamericanas, como las Chile y Argentina; o de gobiernos en los que las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en acciones sistemáticas, como en Colombia, Perú, Honduras o Guatemala; incluso propiciando investigaciones posteriores sobre las violaciones cometidas por estos regímenes, poco a poco fue ampliando los temas que investigaba, involucrándose con los derechos colectivos, de los pueblos indígenas y otros derechos que tradicionalmente no había topado.

Uno de los primeros casos que abordó la CIDH fue el denominado “Awas Tigni”, en el que la comunidad indígena Mayagna de Awas Tingni demandó al Estado de Nicaragua por violar los derechos de propiedad de sus tierras comunales, al otorgar una concesión maderera en el bosque que tradicionalmente era usado por la comunidad. A pesar de los reclamos de la comunidad y de la presentación de un primer Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la concesión fue otorgada. La justicia nicaragüense rechazó otros recursos más que presentó la comunidad para defender sus territorios y, finalmente en 1997, la Corte Suprema declaró que la concesión era inconstitucional por errores de procedimiento en la concesión, pero sin pronunciarse sobre los derechos de propiedad de los indígenas sobre la tierra.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no fue acatada y el caso se presentó a la CIDH, ésta admitió la demanda y buscó un acuerdo con el Estado de Nicaragua, sin resultados; entonces el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el 31de agosto del 2001, esta Corte emitió una sentencia sin precedente, asegurando el derecho al acceso ante los tribunales judiciales para resolver las violaciones a los derechos de propiedad sobre las tierras comunitarias.

El Caso Awas Tigni abrió el camino para otras demandas que involucraba violaciones a los derechos colectivos y derechos de los pueblos indígenas, vinculando los derechos sobre la tierra y la necesidad de realizar una consulta previa cuando el Estado planifique intervenir en territorios indígenas.

Al momento, la CIDH analiza casos en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, vinculados a los derechos de los pueblos indígenas y, concretamente, en el Caso Sarayaku se espera que la CIDH genere jurisprudencia sobre la obligatoriedad que tienen los Estados de realizar la Consulta Previa; de ahí que estos Estados miren ahora a la CIDH como una amenaza a sus proyectos, especialmente a aquellos megaproyectos vinculados con actividades mineras, petroleras y forestales, pues una sentencia en el Caso Sarayaku genera jurisprudencia para todos los Estados de la OEA. Por lo general una sentencia de este organismo lleva dos partes, una referente exclusivamente al caso tratado, en el que se dicta medidas de compensación, y otra parte, que es la de mayor peso, que determina medidas generales que debe cumplir un Estado en casos similares; es ésta última parte la que temen los Estados que ahora se pronuncian en contra de la CIDH.

Sarayaku ha sido muy claro: “no permitirán ninguna actividad petrolera en sus territorios”. La CIDH se ha convertido en el centro del debate sobre la protección de los derechos colectivos, los derechos de los Pueblos Indígenas, y en el caso del Ecuador, los Derechos de la Naturaleza. Cualquiera que sea su pronunciamiento sobre Sarayaku, sin duda generará un precedente jurídico en estos temas y avivará el debate sobre las limitaciones que deben tener los Estados a la hora de decidir sobre políticas que afecten los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La respuesta de los Estados autodenominados progresistas también es clara: “limitar las competencias de la CIDH para proteger los derechos humanos”, y es una ironía que sean estos Estados, con numerosos funcionarios que militaron en organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes propongan límites a un organismo cuya misión es velar por la vigencia de estos derechos; y es una ironía además que el presidente Rafael Correa desee seguir los pasos de Videla, Pinochet y Fujimori al desconocer a la CIDH.

Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la protección de los derechos de los pueblos indígenas

Las medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tienen como objeto prevenir que una acción que amenace de forma inminente con causar un daño irreparable a los derechos humanos pueda ser detenida antes que se cometa la violación:

5. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. La orden de adoptar medidas es aplicable siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo.

Es decir, en aplicación de su carácter subsidiario y coadyuvante, el Sistema Interamericano utiliza estas herramientas no sólo para tutelar derechos humanos, sino para permitir a los estados corregir una actuación que, de concretarse, le acarrearía responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos.

Las medidas cautelares y provisionales proceden ante la posibilidad de un “daños irreparable”. Detrás de esta idea subyace una concepción no civilista de los daños que puede provocar una violación de derechos humanos, en el sentido de que no todo daño es reversible o cuantificable. Existen bienes jurídicos cuya reposición resulta imposible como la vida o la integridad. Sin embargo, aún en bienes jurídicos como la propiedad, dependerá de las características especiales del caso concreto para designar al daño al bien jurídico en cuestión como irreparable. Así sucede en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, cuyo derecho al territorio ancestral se halla cubierto por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (referente al derecho a la propiedad), en donde la particular conexión entre el grupo y su territorio hace que este no pueda ser tratado como un bien que pueda ser intercambiado por otro, así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

135. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.

El hecho de que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan esta conexión especial con su territorio se deriva de que en dicho espacio vital se desarrolla su cultura, sus prácticas ancestrales e incluso su supervivencia física, por lo que una actividad realizada por el Estado o un particular que pueda afectar definitivamente el territorio de un pueblo o nacionalidad indígena, definitivamente causaría un daño irreparable desde la cosmovisión de las personas afectadas.

El desplazamiento o la afectación de la integralidad (por ejemplo, contaminación de fuentes de agua o deforestación) del territorio traen consigo la afectación del derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a su autodeterminación, en especial a la posibilidad de escoger su propio modelo de desarrollo, derecho recogido en instrumentos internacionales de amplio reconocimiento internacional como el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas:

Convenio OIT Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989

Artículo 7: 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 32: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

Tanto el Convenio No. 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas, y las Constituciones de cada vez más Estados, reconocen el derecho a la Consulta Previa como el espacio de diálogo intercultural mediante el cual se deben alcanzar acuerdos entre caso de las actividades que puedan afectar a los pueblos y nacionalidades indígenas. En caso de afectaciones a gran escala, los proyectos estatales sólo pueden llevarse a cabo con el consentimiento del pueblo o nacionalidad indígena, como debe ser en una ambiente real de respeto como la diversidad de un país y de la posibilidad efectiva de su supervivencia física y cultural. La necesidad del consentimiento es un derecho ya reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

137. […] La Corte coincide con el Estado y además considera que, adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda de participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo Saramaka a gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Saramaka, según sus costumbres y tradiciones.

Por lo anterior, las medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión y por la Corte han sido herramientas indispensables para la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas y tribales de las Américas. Su restricción acarrearía un grave riesgo para la supervivencia de estos grupos y empobrecería notablemente el desarrollo de un Sistema que se ha mostrado, hasta hoy, como sensible a la rica diversidad de nuestro continente.

Por último, debemos referirnos a la naturaleza jurídica de las medidas cautelares de la CIDH. Alrededor de estas medidas se ha levantado una gran polémica alrededor de dos temas: (i) la legitimidad de su origen; y, (ii) la obligatoriedad de sus “recomendaciones”. Respecto al primer punto, la Organización de Estados Americanos reformó la carta mediante el Protocolo de Buenos Aires del 27 de febrero de 1967 para incluir, entre otras enmiendas, la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Artículo 106: Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.

La función de promoción y defensa de los derechos humanos la ejerce sobre todos los estados partes de la OEA, para lo cual debe adoptar las medidas adecuadas para asistir a los Estados en la materia. Al no constituir un juzgamiento sobre violaciones de derechos humanos, las medidas cautelares son mecanismos que permiten a los estados corregir una actitud que podría generar daños a las personas. Negarle o limitar esta facultad resultará en la disminución de la posibilidad de proteger derechos desde la CIDH, como la posibilidad que deben tener los Estados de corregir su accionar antes de incurrir en responsabilidad internacional.

Sobre el segundo punto, es decir, la obligatoriedad de las recomendaciones que emite la CIDH en el marco de las medidas cautelares, los Estados partes de la Organización de los Estados Americanos han suscrito distintos instrumentos internacionales cuyo cumplimiento está regido por el principio del pacta sum servanda o principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Este principio obligaría a los Estados a respetar las decisiones de los organismos que ha designados para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales materia del tratado en cuestión. En materia de derechos humanos, los Estados partes de la OEA suscribieron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y ratificaron la Carta de la OEA, en definitiva aceptaron un catálogo de derechos humanos y el órgano encargado de su supervisión. Los Estados no podrían entonces desconocer las resoluciones de este organismo.

Por otra parte, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que las medidas cautelares de la CIDH nacen de la necesidad de darle un efecto útil a los tratados internacionales, por lo que rechazarlas constituiría una forma de incumplimiento del tratado por parte del estado en cuestión:

16. Que el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la misma, los Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil (effet utile), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte. En consecuencia, la presentación ante la Corte de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Comisión no es motivo para que el Estado no adopte las providencias necesarias con el fin de atender la solicitud de medidas cautelares de protección, en caso de haber sido solicitadas por la Comisión, mientras la Corte o su Presidente deciden respecto de la solicitud de medidas provisionales.

Finalmente, cabe indicar que la CIDH viene emitiendo medidas cautelares desde su inclusión en el Reglamento de la CIDH aprobado en 1980. Desde entonces los Estados lejos de desconocer esta potestad, han litigado contra los peticionarios para desvirtuarlas o han implementado mecanismos internos para su cumplimiento. Tal es el caso del Estado de Ecuador, que estableció la acción constitucional de incumplimiento para ejecutar las decisiones de la CIDH, entre ellas las medidas cautelares. En el marco administrativo, estableció mediante decreto presidencial la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su ejecución. Estas prácticas se repiten en varios países del Continente en lo que podría llegar a considerarse costumbre internacional en el marco de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y su Estatuto.

El Sistema Interamericano es uno de los mecanismos con mayor legitimidad de la OEA, gracias a su imperturbable y valiosa labor de dar voz a quienes han sido excluidos, y marginados por los poder políticos y fácticos, los cuales han intentado en más de una ocasión debilitar o eliminar el Sistema Interamericano con el fin de poder realizar sus acciones lejos del escrutinio internacional, garantizando así la impunidad de las violaciones que cometan y negándole toda posibilidad de protección a las víctimas. Afortunadamente, y gracias a la superación de los regímenes dictatoriales, los largos procesos que implicarían la salida del sistema superan los períodos de muchos gobernantes de la región, permitiendo que nuevas administraciones con actitud más democrática desistan de estas intenciones.

Miramos con preocupación el hecho de que la CIDH pueda retroceder o auto censurarse en cuanto a la emisión de medidas cautelares dado el rechazo que han recibido estas por parte de algunos gobiernos de la región. Creemos que la mayor fuente de legitimidad de la actuación de la CIDH es mantenerse firme en sus prácticas y su línea en cuanto a la protección de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas mediante las medidas cautelares, en especial cuando los grandes proyectos extractivos ponen en peligro su supervivencia física, cultural y espiritual. Un retroceso en ellas lejos de alejar las críticas de los Estados, las incentivarían.

Notas:

1. En el 2004, durante el IV Congreso de Antropología Jurídica, organizado por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), el Caso Sarayaku fue presentado como ejemplo de la lucha de los pueblos por la defensa de sus derechos, precisamente por Pazmiño y Serrano, quienes mostraron como un acierto la decisión de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este Congreso también se analizaron los casos Camisea, de Perú; Raposa Sierra del Sol, de Brasil; y Awas Tingni, de Nicaragua, que han permitido que la CIDH genere jurisprudencia para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

2. En la actualidad el Caso Sarayaku lo lleva la Fundación Pachamama, de Ecuador, en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de Estados Unidos. Su principal abogado es Mario Melo, único sobreviviente del equipo inicial y que se mantiene como militante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

3.Ver: www.sarayaku.com

4.Ver: http://www.frontieredevie.net/es/pueblo.htm

5. Ver: http://sarayaku.org/?m=200204

6. Ver: http://sarayaku.org/?m=201106

7. La Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku Tayjasaruta es un sistema de organización social, política, administrativa, integrado por autoridades tradicionales del mismo pueblo, y reconocido ante el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social mediante el acuerdo ministerial nº 0206 en 1979, es reformada y aprobada el 10 junio del 2004 por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE.

8. Resolución legislativa publicada en el R.O. 304, del 24 de abril de 1998

9. Tiutiuwalli significa “gavilán cazador de la amazonia”. El campo de Paz y Vida es nombrado así para dar a entender la actitud vigilante de Sarayaku en la defensa y protección de sus territorios ante el ingreso de las fuerzas armadas.

10. Leer pronunciamiento en: http://sarayaku.org/?m=201204

* Miembros del Equipo Legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), fuente: http://inredh.org/

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