El jueves estalló la rebelión de la tropa policial con la toma física de la Unidad Técnica de Operaciones Especiales (UTOP) en La Paz, y el viernes uniformados de otras ciudades del país se plegaron a la movilización por mejores salarios, rentas de vejez equivalentes al 100% del último sueldo, y la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que penaliza la protesta y la sindicalización.

Este viernes policías de bajo rango encapuchados tomaron las oficinas del Tribunal Disciplinario y de Inteligencia ubicadas una cuadra del Palacio de Gobierno en La Paz, y sustrajeron documentación que posteriormente fue incinerada. Simultáneamente, las esposas de los insurrectos apedrearon el Comando de la Policía, la Dirección de Tránsito y el Ministerio de Gobierno.

Por otro lado, el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) Antonio Costas confirmó la toma física de las oficinas de esa institución en las ciudades de El Alto y Oruro.

En Cochabamba al menos 50 encapuchados y sus esposas ocuparon el Comando Departamental y las oficinas de la Dirección Departamental de Responsabilidad Profesional, y, al igual que en La Paz, quemaron documentación referida a procesos judiciales instaurados contra decenas de efectivos en aplicación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario. Otros efectivos cerraron las puertas del Organismo Operativo de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros gremios de La Paz y Cochabamba ratificaron de forma oficial su apoyo a las movilizaciones de la tropa policial, mientras que la pro oficialista Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) no descartó declarar emergencia en un ampliado nacional este domingo, cuando analizará la “delicada” situación política y los “afanes de desestabilización de personas que aprovechan la movilización”.

Según el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados Roberto Rojas, aprovechan la protesta legítima algunos “infiltrados”, como por ejemplo el secretario ejecutivo de la COD de Oruro Jaime Solares, el ex mayor de Policía David Vargas, y el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz José Luis Álvarez.

“El reclamo de la Policía boliviana a nivel de clases es legítimo, pero lamentablemente hay algunos oportunistas que se están aprovechando”, denunció Rojas, tras asegurar que la dirigente Guadalupe Cárdenas es viuda de un policía que falleció hace cinco años, por lo que no puede atribuirse la personería jurídica para representar a las esposas de los policías.

Por su parte, el Comando General de la Policía Boliviana condenó la actitud “oportunista” con fines políticos de algunas personas que aprovechan las demandas legítimas de policías y amenazó con acciones legales. El Comando reconoció que el incremento salarial “es una demanda histórica que venimos gestionando desde hace décadas”, pero condenó los actos “violentos y vandálicos” que están causando daños irreparables a los bienes inmuebles de la institución.

El Comando General suspendió todos los actos programados para la celebración del 186 aniversario de la Policía; y el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) Marcelo Montero anunció el cierre temporal de algunas entidades financieras.

Luego del repliegue del personal de la Policía, varias agencias bancarias cerraron sus puertas por razones de seguridad, pero todavía “no hay un cierre del cien por ciento, sólo de aquellos lugares donde no hay la debida protección; esta es una situación de emergencia”, explicó Montero a la agencia ABI.

Debido al cierre de las entidades bancarias, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) amplió hasta el 25 de junio el plazo para la presentación de declaraciones juradas y el pago de impuestos por el período fiscal mayo 2012 de los contribuyentes con números de identificación tributaria que terminan en 8 y 9.

“El presidente Evo Morales está preocupado por la situación, está reflexionando mucho y entiende y comprende las demandas de la Policía boliviana”, reveló el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, luego de ratificar la oferta de aumento del sueldo mínimo de los policías hasta 2.000 bolivianos, similar al sueldo mínimo de los funcionarios públicos. Según Pérez, con este “esfuerzo significativo” el gobierno atiende la principal demanda de los policías de baja graduación que amenazan con radicalizar sus medidas de presión.

El viernes por la noche autoridades del gobierno, representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Assclaspol), delegados de los 10 distritos policiales y dirigentes de las esposas de los policías instalaron la mesa de diálogo para resolver el conflicto.

“Vamos a trabajar por tiempo y materia, vamos a atender todos sus requerimientos, trabajaremos objetivamente no declarativamente, no bajo promesas solamente. No hay condiciones de ninguna clase”, aseguró el ministro de Gobierno Carlos Romero. La ministra de Comunicación Amanda Dávila exhortó a los medios de comunicación a asumir una actitud constructiva y cuidadosa “para no atizar el fuego de manera tendenciosa, con información falsa, simplemente para agudizar el conflicto”.