El Presidente decidió cancelar el contrato luego de sostener una “larga reunión” con personeros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), quienes le informaron que OAS suspendió los trabajos en los tramos I y III sin justificativo ni autorización, desobedeció reiteradamente instrucciones y compromisos asumidos, y no presentó informes de medición ni propuestas de rescate arqueológico, entre otras tareas.

“Siento que hay algún fraude, sospecho algo y por eso postergan la entrega y no terminan la obra”, confesó Evo Morales y reveló que OAS también incumplió su contrato de construcción de la vía Uyuni - Potosí que debía ser entregada en diciembre de 2010.

El Presidente reconoció que cuando varias empresas se adjudican una obra “hay una competencia sana” entre ellas, pero cuando una sola constructora se hace cargo, incumple su contrato o se retira dejando la obra inconclusa. Por la mala conducta de empresas como OAS, autoridades nacionales, departamentales y municipales no tienen obras para entregar a la población y “nosotros debemos pagar el costo”, se quejó.

Sin embargo, Morales no dijo ni una palabra sobre el presunto sobreprecio de más de 100 millones de dólares en el contrato suscrito por la ABC y OAS en 2008, ni explicó por qué la ABC pagó un anticipo de 7,5 millones de dólares a la empresa brasilera en 2009, antes de que entre en vigencia el contrato, como denunció el Movimiento Sin Miedo (MSM).

El 22 de agosto de 2009 el Estado boliviano, ABC, OAS y el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES) suscribieron un contrato de crédito por 332 millones de dólares dividido en tres sub créditos: Sub crédito A de hasta 66,4 millones para la instalación de faenas; Sub crédito B de 126 millones de dólares para la construcción de los tramos I y III, y Sub crédito C de hasta 139 millones de dólares para la construcción del tramo II Isinuta–Monte Grande.

Según el MSM, hasta el año 2011 la ABC canceló a la constructora brasilera alrededor de 83 millones de dólares, aparentemente como anticipo por la construcción de la carretera del TIPNIS, pero “hasta el día de hoy no sabemos en qué fueron invertidos”, observó el líder del MSM Juan Del Granado.

Los indígenas del TIPNIS consideran que la anunciada cancelación del contrato con OAS es la última estrategia para lograr que las más de 60 comunidades de ese territorio permitan el tendido del asfalto por dentro de su propiedad. “Es una distracción; lo que debería hacer Morales es anular la ley 222 (de consulta) porque está viciada de nulidad”, aseguró el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas.

La diputada del MAS Marianela Paco aclaró que pese a la anulación del contrato con OAS, continuará el proceso de consulta a los pueblos originarios del TIPNIS para que decidan democráticamente si se construye o no el tramo II de la carretera por medio de su territorio. (ABI)

Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce aseguró que el crédito financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) no se perderá por la anulación del contrato con OAS. "Hay que ser muy claros ahí, el crédito de BNDES es para una empresa brasilera, rompiendo con OAS tendría que venir otra empresa brasilera", explicó la autoridad. (ABI)

Según Arce, sólo en caso de contratar a otra empresa que no sea brasilera se tendría que buscar otra fuente de financiamiento. No obstante, dijo que el crédito de 332 millones de dólares del BNDES no está "amarrado al contrato con OAS".