Ley anticorrupción se aplicará hasta en organizaciones privadas y sindicatos

(ABI).- La Ley de Lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz no se limitará a investigar solamente los casos sospechosos de actividades ilegales en los cuatro poderes del Estado, sino ampliarse a organizaciones privadas, sociales y hasta sindicales, si es que amerita, manifestó el viernes el senador Fidel Surco. Surco, quien es senador electo por el Movimiento al Socialismo (MAS), subrayó a Radio Patria Nueva que la Asamblea Legislativa trabaja en la compatibilización del proyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra corrupción y los mandatos de la Carta Magna promulgada en febrero del año pasado por el presidente Evo Morales Ayma. "La Constitución establece que todos los ciudadanos y organizaciones deben someterse a las Leyes de la República para evitar la sucesión de casos de corrupción", dijo. Surco anotó que, por otra parte, una vez aprobada esta Ley tiene que ser de aplicación retroactiva, que es una propuesta que no aceptan algunos asambleístas opositores en sintonía con los intereses de grupos de poder económico que en el pasado usufructuaron del poder en las dictaduras y en los gobiernos neoliberales. El senador del MAS explicó que la Ley de Lucha contrala Corrupción e Investigación de fortunas de origen sospechoso ingresó al Congreso el año 2007 y mereció el aval de la Cámara de Diputados en 2008, pero desde entonces ha quedado archivada en el Senado, donde existía una mayoría opositora. Señaló que existe la convicción en la mayoría de los asambleístas sobre la necesidad de reponer el debate de este proyecto de Ley en el Senado para su viabilización a la brevedad en base al voto de los dos tercios. "De acuerdo con la norma es posible la reposición de un asunto que ha permanecido archivado en el Senado si es que los dos tercios de los asambleístas votan a favor", sostuvo.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.