El nuevo Viceministro Víctor Camacho quiere crear "Tierras comunitarias campesinas" autónomas, facultadas para regular el arrendamiento, la aparecería, la transferencia y la compra venta de predios agrarios

El gobierno interrumpe la reforma agraria comunitaria y adopta una política de tierras privatizadora

La ministra del sector Nemesia Achacollo posesionó como viceministro de Tierras a Víctor Camacho González, en reemplazo de Alejandro Almaraz, en un acto celebrado casi secreto y sin participación de la prensa a las 10 de la noche del martes en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Al movimiento campesino le falta tomar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para asumir el control pleno del sector y encaminar una nueva reforma agraria anti comunitaria y a favor de la privatización de la tierra.

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia manda reconstruir los territorios indígenas y campesinos mediante la dotación colectiva de tierras fiscales, con el objetivo de fortalecer la identidad, la propiedad y las formas económicas comunitarias.

La norma reguladora de la administración de tierras en el nuevo ciclo es la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en la gestión del ex ministro Alejandro Almaraz. La norma dispone la dotación colectiva de tierras de manera exclusiva, previniendo la parcelación de los predios, tal y como ocurrió luego de la reforma agraria de 1953.

La Constitución protege el territorio indígena originario campesino como una forma de propiedad comunitaria indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible. En ese sentido, la tierra en propiedad colectiva y los territorios indígena originario campesino no son mercancías que se compran y se venden con fines de lucro individual.

Sin embargo, campesinos y cocaleros liderados por legisladores y ministros del MAS no aceptan estos principios constitucionales, rechazan abiertamente la propiedad comunitaria y están dispuestos a modificar las normas agrarias con el objetivo expreso de viabilizar la dotación individual y legalizar el libre mercado de propiedades agrarias.

En los últimos meses, colonizadores del trópico de Cochabamba y del norte de La Paz ejercieron fuerte presión sobre tierras comunitarias indígenas y exigieron al gobierno la titulación individual de propiedades susceptibles de hipotecar, vender y heredar.

Según los ex diputados del MAS Filemón Aruni y Humberto Iquiapaza, la forma de distribución actual acentúa las diferencias entre campesinos, indígenas y colonizadores y genera un tipo de "latifundismo indigenista".

En Cochabamba, el alcalde de Morochata Roman Choquevillca, el ex diputado de la Circunscripción 31 y presidente departamental del MAS-IPSP Feliciano Vegamonte y otros dirigentes oficialistas impidieron la titulación de de la TCO Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Ayopaya (CSUTCOA).

Los enemigos de la TCO argumentan que los campesinos de la provincia perderán el control de su territorio. En realidad, los caciques vinculados con conocidos loteadores temen no poder negociar con las tierras dotadas gratuitamente por el Estado.

Hasta fines del año pasado, las acciones campesinas contra la propiedad comunitaria de la tierra eran consideradas revueltas aisladas y sin apoyo del poder central. Se supo que en una oportunidad el propio Presidente Evo Morales reprendió en público a los masistas cochabambinos que quieren "vender" a la Madre Tierra.

Sin embargo, la posesión de Víctor Camacho como nuevo viceministro de Tierras demuestra que los planteamientos de los caciques campesinos dejaron de ser simples "propuestas" para convertirse en la política oficial del Estado Plurinacional.

Camacho es un antiguo funcionario del INRA y uno de los principales asesores de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Habría sido destituido como director del INRA Santa Cruz en 2007 por manejos irregulares, pero hoy vuelve como máximo ejecutivo del Viceministerio, con el apoyo pleno del influyente senador Isaac Ávalos.

Camacho llega al Viceministerio con un anteproyecto de ley de tierras bajo el brazo, el cual vulnera y contradice varios artículos y principios de la Constitución y de la Ley de Reconducción Comunitaria. Uno de sus principales planteamientos es la creación de "Tierras comunitarias campesinas (TTCs)", una forma de propiedad agraria de igual jerarquía que las TCOs indígenas.

El nuevo viceministro de Tierras quiere constituir TTCs tan autónomas como las republiquetas añoradas por la Nación Camba, respetando plenamente la propiedad privada y la libre oferta y demanda de tierras.

El artículo 74 del anteproyecto de marras señala que es competencia específica de los gobiernos autónomos indígenas campesinos "Regular los procedimientos sobre derecho, tenencia y propiedad de la tierra". Se refiere a la "titulación de sus comunidades y parcelas en coordinación en el nivel nacional, garantizar la sucesiones, las formas de conservación del derecho propietario, los factores de pérdida del derecho de propiedad en sus comunidades, el arrendamiento y aparecería, las transferencias y ventas, la titulación de los derechos comunes y derechos familiares y resolver conflictos en la tenencia de la tierra...".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.