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Según el ministro de Culturas, Pablo Groux, los recursos serán destinados a tareas de seguridad, protocolo y el pago de los escenarios que serán utilizados para eventos, entre los cuales se incluye el Hernando Siles de La Paz.
Los actos de posesión comenzarán el 21 en Tiwanaku, donde se prevé recibirá un bastón de mando de manos de una niña indígena. La ceremonia oficial se realizará en el edificio del Congreso, acto para el que está confirmada la presencia del Príncipe de Asturias, las presidentas de Chile, Michelle Bachelet, y de Argentina, Cristina Fernández, además del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Tras la ceremonia oficial se rrealizará una fiesta popular en el estadio Hernando Siles, donde participarán grupos folklóricos como Los Kjarkas, Savia Nueva, Quirquiña y Arawi. En ese actos se espera la presencia de unas 50.000 personas.
El monto presupuestado fue calificado como "exagerado y abusivo" por el asambleista opositor Alejandro Zapata, quien dijo que en actos similares del pasado no se gastaron más de 100 mil dólares.
El parlamentario dijo que el acto de Tiwanacu, al no ser oficial, debería ser pagado por militantes del MAS, el partido del presidente.
Sin embargo, el vocero presidencial Iván Canelas, dijo que el monto será inferor al gastado durante la posesión del expresidente interino Eduardo Rodríguez.
El gobierno considera que los resursos antes que ser un gasto serán una inversión porque se promocionará turísticamente a Tiwanaku.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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