Cívicos y empresarios llaman a una cumbre para diseñar una estrategia de defensa de los "valores, principios y la forma de vida" cruceña; el senador Walter Guiteras amenaza con una "guerra" por la tierra

El Estado revierte más de 2.800 hectáreas de tierra al dueño de Unitel

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió el predio La Encrucijada de 2.356 hectáreas y dispuso la reversión de 558 hectáreas de la hacienda El Encanto de 2.124 hectáreas, ambas propiedades del empresario mediático Osvaldo Monasterio Nieme, uno de los hacendados más beneficiados con la dotación de tierras fiscales.

El INRA descubrió graves irregularidades en los procesos de saneamiento y titulación de los predios El Encanto y La Encrucijada, que circundan al yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en el cantón El Carmen de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

Ambas propiedades fueron tramitadas y tituladas entre 2001 y 2002 a favor de Monasterio, dueño de la cadena de televisión Unitel y del Banco Ganadero, uno de los demandantes que presentó mayor número de solicitudes de saneamiento de predios, y uno de los más beneficiados con la dotación de tierras fiscales.

Las autoridades agrarias verificaron que ambos predios fueron adjudicados de manera fraudulenta. "Se trata de otro fraude, de los muchos que hemos podido investigar, donde se falsificó documentos sobre el cumplimiento de la función económica y social que exige la nueva Constitución", explicó el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Monasterio transfirió El Encanto a la empresa Ongole, que también era de su propiedad. El subadquiriente aceptó la reversión parcial y no impugnará ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN). La subadquiriente del predio La Encrucijada María del Carmen Revollo de Porfirio ya fue notificada por edicto.

El director nacional del INRA Juan Carlos Rojas reveló que el empresario Monasterios posee más de 56 mil hectáreas de tierra distribuidas en 13 predios, entre ellos El Ensueño de 500 hectáreas dotado en 1972; Monterrey de más de 10 mil hectáreas y El Totaí de 496 hectáreas (dotados en 1990) y Curupasu de 2.482 hectáreas, dotado en 1991.

Almaraz informó que su despacho iniciará un proceso ante el TAN para recuperar todas las tierras obtenidas irregularmente.

Los hacendados se sienten "perseguidos"

Hace una semana fue revertida una hacienda de más de 12.500 hectáreas a la hermana del agroindustrial Branko Marinkovic y ahora el INRA revierte tierras al empresario Osvaldo Monasterio. Ambos fueron acérrimos opositores del gobierno, el primero desde las trincheras del Comité Cívico cruceño y el segundo desde las pantallas de Unitel, el canal de televisión más cercano a los grupos de poder de ultraderecha.

Está claro que este es el comienzo de una política intervencionista por parte de gobierno central en contra del aparato productivo de nuestro departamento, denunció la Brigada Parlamentaria Cruceña. El senador de Podemos Walter Guiteras aseguró que las acciones del viceministro Almaraz denotan "odio y rencor" y muestran que el gobierno quiere "vengarse" de los empresarios privados.

La Brigada Parlamentaria Cruceña y otras instituciones se reunieron de emergencia para analizar una resolución del TAN que autorizó la reversión del predio Yasminka a favor de comunidades indígenas guarayas, y concluyeron que "dicho proceso ha sido desarrollado con insubsanables irregularidades procedimentales de orden jurídico que denotan que se trata de un tema político".

"El gobierno ha ofrecido tierras en el occidente y cree que el oriente es su botín. El gobierno dice que los cruceños somos los culpables de todo lo que le pasa al occidente, entonces hay que repartirse el oriente porque ahí está la riqueza", protestó el vicepresidente de los cívicos cruceños Guido Nayar.

Las instituciones vinculadas al empresariado cruceño propusieron organizar una Cumbre Departamental con la participación de la Gobernación de Santa Cruz, las Alcaldías, la Brigada Parlamentaria, el Comité pro Santa Cruz y otros representantes, a fin de concertar una "estrategia de defensa del aparato productivo departamental".

El Comité pro Santa Cruz invitó a autoridades, líderes institucionales, cívicos, vecinales, gremiales, profesionales, estudiantes, trabajadores, amas de casa, productores y dirigentes a participar en el Encuentro por Santa Cruz el martes 22 de diciembre para definir acciones "frente a los abusos del gobierno nacional".

El plan de los cívicos cruceños es "promover y generar una conciencia ciudadana democrática y autonómica que impulse y defienda valores y principios identificados con nuestra forma de vida y nuestra visión de desarrollo social y productivo".

Guiteras dijo estar muy preocupado por la "persecución del gobierno" que intenta sembrar terror y miedo, y enfatizó que es necesario que "los bolivianos que no compartimos esta forma violenta de hacer política nos unamos para evitar más violaciones al debido proceso".

"Si bien es cierto que nosotros, quienes estamos en la oposición, a lo mejor dimos pasos a escenarios sentimentalistas y no realistas en términos de las candidaturas, y si bien es cierto que somos parte de la responsabilidad por este sentimentalismo de los resultados que hoy tenemos, no es menos cierto de que esos resultados están haciendo que el gobierno ejecute cada día acciones más agresivas, más abusivas de características más totalitarias", reconoció el senador beniano

Guiteras lanzó una amenaza velada: "De continuar esos sucesivos abusos del gobierno puede haber una respuesta de las regiones a la arrogancia, la prepotencia, a las actitudes abusivas y por supuesto al avasallamiento de la tierra, la principal actividad de Beni y Santa Cruz".

"En el pasado, todas las confrontaciones y guerras en Europa, en otras naciones y en nuestro propio país han sido por tierras. No son buenos, sobretodo en un departamento como Beni, donde sus sentimientos de vida están en orden del componente tierra, actos abusivos que empiezan a levantar odios y rencores porque las consecuencias no se hacen en el diseño de una declaración de prensa", advirtió el senador Guiteras, luego de anunciar que productores, autoridades, diputados, senadores y otras organizaciones del departamento de Beni se reunirán para "dar respuestas adecuadas a este tipo de abusos".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.