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El presidente de la misión de ese organismo internacional, el colombiano Horacio Serpa, subrayó que
los bolivianos volvieron a demostrar la legitimidad y la fortaleza de la democracia en el país al participar masivamente en los comicios.
Dijo que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) había manifestado a los jefes de las misiones de observadores su plena disposición para coadyuvar su trabajo y solucionar los problemas que puedan presentarse.
"El presidente del OEP ha escuchado nuestras preguntas y consultas y ofreció dar a conocer en forma oportuna los informes solicitados", subrayó.
Señaló que los únicos pequeños inconvenientes que se observaron fue que en algunas mesas electorales hubo una confusión en los ciudadanos sobre la forma de votar o registrarse, ya que se inauguró en estos comicios un padrón electoral biométrico para dar mayor transparencia al proceso.
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Ciudades vigiladas: Cámaras que cambian libertad por seguridad
Algunos Gobiernos del mundo están implementando planes para vigilar la mayor superficie de ciudades, utilizando una red de cámaras de vigilancia policial. El impacto social, político y cultural que significa la instalación de cámaras de vigilancia en toda una ciudad, al ser un hecho tan reciente sólo han sido advertidos en su lado negativo por la literatura, y carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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