El diplomático peruano propone dejar de lado "cualquier ideologización de las relaciones" con Bolivia y con otros países del ALBA

El ex canciller de Toledo es el nuevo embajador de Perú en Bolivia

Lima, (PL).- El ex canciller Manuel Rodríguez, conocido crítico de la política exterior del gobierno y que ha reclamado reiteradamente mejorar relaciones con Bolivia, fue nombrado hoy embajador de Perú en el país.

Una resolución suprema firmada por el presidente Alan García formalizó la designación de Rodríguez, embajador de carrera que estaba en situación de disponibilidad -una especie de licencia- desde el inicio del actual gobierno, en 2006, y que recientemente se reintegró a la cancillería.

Rodríguez reemplazará al también embajador de carrera Fernando Rojas, tras la conformidad del gobierno de Bolivia, según fuentes de la cancillería que indicaron que Rojas fue designado a una importante función en Europa.

El 23 de noviembre último, en una entrevista con el diario opositor La Primera, Rodríguez calificó de error el distanciamiento entre Lima y La Paz, y dijo que "hay que cambiar las relaciones con Bolivia, país con el que hay que generar una agenda positiva".

"El proceso boliviano es un proceso democrático que hay que respetar. Hay que dejar de lado los juicios negativos sobre gobernantes y procesos políticos", dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores del pasado gobierno de Alejandro Toledo.

Agregó que "debemos reconstruir la confianza, restablecer la relación con Bolivia y recuperar el nivel de amistad y de cooperación que siempre ha habido", a tiempo de plantear que "la diplomacia peruana debe dejar de lado cualquier ideologización de las relaciones" con ese país.
Planteó igualmente dejar de lado "esa visión ideologizada" en las relaciones con países progresistas como Bolivia, Ecuador o Venezuela.

Rodríguez criticó el 7 de septiembre último, en su columna semanal de La Primera, la afirmación del presidente García sobre un supuesto acuerdo secreto Bolivia-Chile para una salida boliviana al mar por territorios, cuya entrega requiere de un acuerdo previo Chile-Perú.

Ese fue, según dijo el entonces embajador, "un gazapo diplomático que no se debe repetir".

Planteó mejorar la relación con La Paz mediante la retoma de una agenda pendiente de 15 puntos "con un trabajo técnico y diplomático que no tiene por qué llenar los titulares de los diarios, pero sí beneficiar mucho a las poblaciones" de las dos naciones.

Propuso en concreto ejecutar el tratado general de integración y cooperación económica y social para la conformación de un mercado común, que él negoció como canciller.

También aplicar el plan de desarrollo de la zona fronteriza con participación de los gobiernos locales y poner en funcionamiento el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf), en el puente internacional fronterizo de Desaguadero.

Igualmente sugirió realizar proyectos binacionales de desarrollo sostenible en torno al lago Titicaca que ambos países comparten, erradicar el contrabando fronterizo y retomar los proyectos económicos y sociales a favor de las poblaciones migrantes. La agenda propuesta por Rodríguez incluía el incremento del uso de los puertos de Matarani e Ilo, en el sur de Perú, para el comercio de Bolivia y la convocatoria al mecanismo bilateral de consultas "dos más dos", de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

El 14 de julio pasado, el embajador criticó en su columna el deterioro de las relaciones bilaterales y aseveró que la crisis de estas carece de bases objetivas y es ideológica, lo que definió como "una suerte de anacronismo de la diplomacia suramericana".

En la misma oportunidad planteó prescindir de antipatías y subjetividades en la relación bilateral y recomendó "dejar de hacer antidiplomacia por los periódicos" y recomponer la vinculación comenzado por "recuperar el clima de respeto y confianza que nunca se debió perder".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.