"Evo Morales gana un premio por el respeto a la Pachamama y se llena la boca diciendo que el agua es vida, pero en los hechos no hay tal", dice un mallku del altiplano

El gobierno pelea con indígenas por una mina de cobre y se distancia más de Washington por un ingenio azucarero

Un informe de la ONG ambientalista Conservación Internacional y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) advirtió sobre los riesgos ambientales del proyecto de industrialización de caña de azúcar en la provincia Iturralde de La Paz y puso en duda su viabilidad. Por otro lado, comunidades indígenas paceñas denunciaron que el gobierno impulsa un proyecto minero de cobre en la provincia Pacajes que carece de licencia ambiental y que contamina fuentes de agua.

El informe de USAID y Conservación Internacional que critica la industrialización de azúcar en San Buenaventura en el norte de La Paz tensionó aún más las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos.

Dicho informe es totalmente parcializado y es clara su intención de perjudicar a una región en beneficio de algunos grupos de Santa Cruz que siempre han monopolizado la producción azucarera, declaró el ministro de Hidrocarburos Oscar Coca.

"El informe de USAID dice que no se puede cultivar caña en La Paz; no señores, tenemos nuestro propio informe, y nosotros vamos a construir nuestro ingenio azucarero ahí. USAID no volverá a imponer sus criterios en Bolivia (...) Aunque los gringos saquen informes contrarios, nuestro proyecto en San Buenaventura va a arrancar pese a quien le pese (...) vamos a producir caña de azúcar para producir energía", recalcó el Vicepresidente Alvaro García Linera.

García Linera dijo que el gobierno "mantendrá distancia" con Washington mientras la Casa Blanca se entrometa en la política interna boliviana. Otras fuentes del Ejecutivo revelaron al diario La Prensa que las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas están "prácticamente en cero".

Por otro lado, el gobierno se ha abierto un frente de conflicto con comunidades indígenas de la provincia Pacajes de La Paz, que rechazan la explotación en el yacimiento de Corocoro. El Estado planea producir anualmente 3.000 toneladas de cobre electrolítico de alta pureza con una inversión de 200 millones de dólares en sociedad con la coreana Kores.

Comunarios del municipio de Corocoro se movilizan desde el 9 de noviembre denunciando que la planta hidrometalúrgica recientemente instalada carece de ficha ambiental. Aseguran que casi 300 familias han sido perjudicadas por el desvío de un río que desemboca en el Desaguadero.

El responsable de la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) Rafael Quispe informó a Enlared-Onda Local que el gobierno no cumplió con la consulta previa a los pueblos indígenas del lugar, un requisito consagrado en la nueva Constitución Política del Estado.

"Han construido un dique de cola avasallando los terrenos de comunarios. El lunes 26 de octubre se cortó la luz y vaciaron las aguas contaminadas al río, no ha sido la primera vez", reclamó el dirigente.

"Mientras el hermano Evo Morales gana un premio por el respeto a la Pachamama y se llena la boca diciendo que el agua es vida, en los hechos no hay tal situación", criticó Quispe, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.

Según el director del proyecto minero Carlos Nazario Cardozo, los únicos que se oponen a la explotación de cobre son los representantes de dos de las 17 comunidades de la provincia Pacajes, entre ellos el mallku Rafael Quispe.

Cardozo denunció que Quispe organiza un "boicot con una clara actitud política". Dijo que desde que se anunció que el Presidente Evo Morales inauguraría la planta de Cororoco el 27 de octubre han ocurrido varios hechos de sabotaje, entre ellos el desvío de las aguas que iban a la planta, el robo de más de 2.000 metros de cable de alta tensión y el derribo de un poste de energía eléctrica.

El coordinador de Monitoreo Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) Marco Octavio Ribera advirtió que "la escasa responsabilidad social y ambiental de COMIBOL" y el desvío de un curso de agua en la zona de Sikuipata podría provocar enfrentamientos entre comunarios y mineros.

Según Ribera, agrava el riesgo de conflicto la posición del Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro, que se declaró en estado de emergencia e impidió a dinamitazos una inspección ambiental in situ.

El especialista de Lidema considera que la actitud de Comibol es "poco responsable" porque polariza a comunidades y sindicato minero e incentiva el antagonismo entre organizaciones campesinas de la región, "induciendo un divisionismo y debilitamiento de las organizaciones sociales que supuestamente son el pilar del Plan Nacional del Desarrollo y del Vivir Bien, que también es vivir en paz".

Con datos de ABI y Telam.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.