Anuncian cambios a la ley SAFCO

(ABI).- El Contralor General de del Estado, Gabriel Herbas, anunció el lunes para el 2010 se tiene planificado realizar profundos cambios en esa institución y en la Ley de Administración y Control Gubernamental, conocida como la Ley SAFCO, 1178.

Argumentó que, "después de 20 años de vigencia de la Ley de SAFCO, los resultados muestan que su aplicación fue dificultosa y que en este tiempo sólo se procesó un solo caso de responsabilidad ejecutiva y las sanciones no llegaron a todos quienes provocaron daños económicos al Estado".

Herbas sostuvo que desde la vigencia de la Ley SAFCO, las normas allí contenidas, aparentemente estuvieron pensadas para enterrar entre grandes cantidades de papeles los delitos contra el Estado o, por lo menos, para que no sean descubiertos.

Reveló que en 20 años de aplicación de las normas vigentes, apenas se procesó y concluyó un solo caso de responsabilidad ejecutiva, debido a que esta parte de la normativa no funcionó adecuadamente.

Ante esta situación, el contralor Gabriel Herbas anunció la firme determinación institucional para aplicar con toda rigurosidad las normas referidas a la responsabilidad ejecutiva y administrativa desde el próximo año.
Recordó que para esta intencionalidad la Constitución Política del Estado y la Procuraduría General del Estado impulsararán la agilización de los trámites que deberán concluir en sanciones y la recuperación de los bienes del Estado.

Al referirse al funcionamiento institucional, Herbas dijo que la Contraloría General del Estado está cambiando para mejorar sus normas en beneficio del nuevo Estado Plurinacional. Refirió que uno de los cambios estará en las contrataciones de los auditores que, en su criterio, son demasiado engorrosos, por lo que anuncio la  institucionalización de los mismos.

Para un mejor control de las instituciones del Estado, Herbas señaló que los auditores internos de las instituciones públicas deberían depender de la Contraloría General del Estado, aunque no salarialmente.
Aunque en la actualidad existen 283 unidades de auditoría, con unos 1.500 funcionarios, éstos no son suficientes para un control adecuado de las entidades dependientes del Estado.

Ante el poco eficiente desempeño de las normas vigentes, se procura una modificación de sus contenidos para convertirlas en procedimientos ágiles eliminando los pasos burocráticos que en muchos casos, sólo sirven para impedir las investigaciones, dijo.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.