Abogada le pide a Fernández comparecer ante un juez y no ante la televisión

(ABI) - La abogada de los familiares de los campesinos muertos y heridos en la localidad amazónica de Porvenir, Mary Carrasco, instó el domingo al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sumariado por ese hecho criminal registrado en setiembre de 2008, comparecer ante un juez antes que declarar insumos del proceso a medios locales.

"Todo lo que dijo Leopoldo Fernández no es nada nuevo; pero eso lo tiene que hacer ante un juez y no en una entrevista para hablar del proceso en su contra. No se trata de que la Cadena A (que logró la anuencia de un juez para entrevistar a Fernández en la cárcel de La Paz), va a llevar el vídeo ante un juez y lo va a absolver", enfatizó.

"En su entrevista afirma (Fernández) que merece juicio de responsabilidades porque ser ex autoridad, pero, al mismo tiempo, dice que merece un juicio en El Porvenir (escenario de la matanza de campesinos a manos de grupos de paramilitares). Con eso nos está planteando una división del proceso", apuntó.

Carrasco dijo que Fernández esgrimió una coartada para eludir sus responsabilidades durante más de media hora que duró su declaración a la red televisiva.

"Si ésa es cortada, es una pena, porque no eran los policías y militares los que estaban matando a los campesinos, eran los empleados de la Prefectura" bajo su mando aquel 11 de setiembre de 2008", afirmó.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.