El G8 demuestra total falta de voluntad política

La Vía Campesina

Roma.- La evidente ausencia de los jefes de estado de los países del G8 durante la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, sostenida en Roma entre el 16 y el 18 de noviembre, ha sido una de las causas principales del fracaso total de esta cumbre. No se tomaron medidas concretas para erradicar el hambre, detener la especulación sobre los alimentos o frenar la expansión de los agrocombustibles. No se adoptaron ningún tipo de medidas para evitar los efectos devastadores de la agricultura corporativa industrial o para apoyar a la producción local campesina.

La cumbre demostró que no le interesaba tomar el desafío de un cambio radical y desesperadamente necesario dentro de las políticas alimentarias y agrícolas, garantizando el acceso y el control por parte de campesinos y pequeños agricultores, hombres y mujeres, sobre los recursos productivos a través de una auténtica reforma agraria. La ausencia de los jefes de estado del G8 permite ver una tremenda falta de responsabilidad para resolver esta cada vez más profunda crisis del hambre.

La Vía Campesina exige mayor inversión dentro de las políticas públicas basadas en la soberanía alimentaria que promueve la agricultura y la producción de alimentos a pequeña escala. Debe priorizarse el apoyo a aquellas personas que producen alimentos de una manera sustentable para las comunidades locales, en lugar de favorecer los cultivos de exportación a los agrocombustibles o tecnologías como los transgénicos, impulsados por las corporaciones transnacionales.

La agricultura debe excluirse de cualquier acuerdo de libre comercio para permitir a los países proteger de manera efectiva su libre producción local alimentaria.

La Vía Campesina apoya firmemente el reformado Comité de la FAO de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS). Contrariamente a los mecanismos establecidos al exterior del sistema de las Naciones Unidas, al menos este espacio respeta la regla básica de la democracia, esto es, el principio de "un país, un voto" y otorga un nuevo espacio a la Sociedad Civil. Todos los fondos que se dispongan para apoyar soluciones para la crisis alimentaria deben ser puestos bajo la responsabilidad del renovado CFS. Sin embrago, en lugar de demostrar su apoyo pleno al CFS, los países del G8 han optado por establecer un fondo fiduciario bajo el control del Banco Mundial. Una propuesta proveniente de esta institución sugiere que el uso de estos fondos debe ser decidido por un comité de donantes compuesto por los mismos países donantes, el coordinador del Grupo de Tareas de Alto Nivel y el director de gestión del Banco Mundial. En la práctica, esto significa que dos burócratas junto con los países donantes serán los encargados de decidir donde debe ir el dinero.

Esto nos demuestra una escandalosa falta de transparencia y democracia, totalmente opuesta a la retórica expresada por el Grupo de Tareas de Alto Nivel y del Banco Mundial sobre estos temas.

De manera general, las políticas del Banco Mundial, junto con las de la OMC y el FMI, han contribuido de forma creciente a la destrucción de la seguridad alimentaria a nivel global. No podemos esperar que sean estas instituciones quienes aporten las soluciones.

La Vía Campesina sostiene que ha llegado el momento en el que dichas instituciones reconozcan sus enormes fracasos y dejen la tarea en manos de otros actores. La Vía Campesina junto con muchos otros movimientos sociales y ONGs están proponiendo soluciones y están siendo actores principales dentro de este crucial proceso de cambio. Exigimos a nuestro gobiernos que nos permitan la plena participación en la definición de políticas y esperamos su apoyo dentro de este proceso. Los gobiernos deben de comprometerse a poner en marcha políticas efectivas en la erradicación del hambre en nuestras sociedades de la manera más rápida posible.

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temas << Juicio de responsabilidades >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.