10 aportes de 4 ex funcionarios del sector hidrocarburífero

Hacia una bolivianización de la política hidrocarburífera

Andrés Soliz, Enrique Mariaca, Victor Sainz y Saul Escalera

El presente documento es suscrito por cuatro especialistas en el tema hidrocarburífero: Enrique Mariaca, Andrés Solíz Rada, Víctor Hugo Sáinz y Saúl J. Escalera; todos ex-funcionarios del Estado, con una trayectoria reconocida por el pueblo boliviano por su DEFENSA del patrimonio nacional sobre los recursos naturales.

•1.   Institucionalizar  YPFB

Las dos primeras medidas que se deben tomar para re-fundar YPFB de manera seria, son: (a) Nombrar un Presidente Ejecutivo Titular y (b) Modificar la Ley de Hidrocarburos. El articulo 23 y otros desmiembran a YPFB,  haciendo una repartija de "Vicepresidencias" por todo el país,  debilitando las políticas generales  de la empresa estatal.  El mismo efecto tiene un Presidente Interino que responde a presiones políticas y no a los intereses de largo plazo del país y de la empresa[1].

Como empresa petrolera, YPFB deberá operar en el marco de una política energética dictada por el Ministerio de Energía, siguiendo los lineamientos político-económicos del ejecutivo y como resultado de un análisis de los intereses energéticos y económicos de los dueños del recurso: "todos los bolivianos de hoy y mañana", mejorando el estándar de vida y fortaleciendo la economía boliviana.

Para implementar una administración transparente en YPFB, como parte de una política hidrocarburífera con control social, se debe crear "una institución autárquica de derecho público...bajo la tuición del Ministerio del ramo" -Articulo 365 de la nueva Constitución Política del Estado, CPE- (por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos), y no una simple dirección que sólo responde a los vaivenes políticos del partido de turno.

YPFB sólo debería ejecutar la política energética -con la más absoluta transparencia- asegurando que los dueños maximicen los beneficios económicos y minimicen los costos de producción, protegiendo el medio ambiente y cuidando los intereses energéticos del país a largo plazo.  

Sin perder de vista que se acaba de aprobar una Nueva Constitución, es importante reiterar que se debería cumplir de manera estricta el estatuto de YPFB,  lo que implica respetar las facultades de su directorio. Se debe institucionalizar el Directorio y la Presidencia de YPFB mediante una selección rigurosa en base a méritos profesionales y experiencia comprobada, así las personas que la conduzcan tendrán libertad de acción para poder organizar una "empresa petrolera" sin miedo a ser removidas de su cargo por motivos políticos que el partido en el gobierno pueda tener.

El Directorio de YPFB debe tener un representante por cada departamento productor [2] (cuatro representantes), representantes de los Ministerios de: Hidrocarburos, Planificación y Hacienda, un representante-ingeniero del sistema universitario nacional y un representante del Sindicato de Trabajadores de Base de YPFB; en   total 9 miembros para así garantizar que no haya empates "políticos". 

El Presidente del Directorio de YPFB debe ser elegido democráticamente de entre todos los representantes mencionados para evitar que el presidente de YPFB sea juez y parte durante las deliberaciones del directorio. Porque al final de cuentas, es el directorio quien debe evaluar y juzgar los resultados de gestión corporativa de la empresa, incluyendo a su presidente.  

El Presidente de YPFB sólo tendría derecho a voz y no a voto en las sesiones de directorio. Con este tipo de Directorio las decisiones que se tomen garantizan la unidad nacional.

•2.   Transparentar a YPFB

Lo anterior debe ser acompañado de una total transparencia.[3] . En efecto, se deben transparentar todas las actividades empresariales de YPFB y TODOS sus empleados. Se debe establecer un Sistema de Información y Responsabilidad Social que garantice TRANSPARENCIA en el accionar de los ejecutivos de la empresa.

Todos los proyectos de importancia nacional y costo significativo, deben ser aprobados por el Directorio de YPFB, pagados por el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizando los fideicomisos para evitar la burocracia, y sometidos a un "control real y efectivo" por la Contraloría General de la República, estableciendo responsabilidades en estricta aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, 1178. ¡Como mínimo!

Para que exista un "Control Social", por lo menos superficial, todos los proyectos del sector deben ser publicados en la página WEB de YPFB, así como todos los Estados Financieros de la empresa, puesto que "Los hidrocarburos  (...) son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano" [4] (Artículo 359, nueva Constitución Política del Estado). 

Todos los contratos, contrataciones de personal, resoluciones de directorio, adquisiciones, gastos, ingresos y egresos deben estar en la página Web del Ministerio de Hidrocarburos  y de YPFB y/o se debe publicar en la prensa nacional para que cualquier ciudadano que quiere una copia de uno o todos los contratos que cualquier agencia del Gobierno firme/contraiga, sólo necesite visitar la página Web de la agencia que está firmando el contrato para poder obtener una copia.

Otra forma de introducir transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública, es establecer claramente los niveles de aprobación de los proyectos, definiendo así la responsabilidad de las autoridades que participen en la aprobación de proyectos de importancia nacional. 

Todos los proyectos que encara YPFB deben ser estudiados y analizados por el personal técnico y el Viceministerio de Hidrocarburos respectivo; luego deben ser presentados por el presidente ejecutivo de YPFB  al directorio y a la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso para su aprobación.

Para la ejecución se requiere la participación del Ministerio de Planificación para articular la propuesta dentro de una política energética integral; luego será el Ministerio de Hacienda quien se responsabilice de los pagos financieros. Por su parte, la Contraloría General de la República debe implementar un  "control real y efectivo" para evitar actos de corrupción.

Los contratos de importancia estratégica para el país, en cualquier sector y cualquiera sea el monto, deben ser de conocimiento público.

•3.   Prioridades del sector

La política energética del país debe ceñirse  principalmente al abastecimiento del mercado interno (Ver propuesta: "De la Nacionalización a la Bolivianización de los Hidrocarburos", VHS [5] ) con la provisión de productos de calidad, y el cumplimiento de los compromisos de exportación contraídos.

Una vez que estos dos aspectos sean manejados a satisfacción de los consumidores -y/o casi simultáneamente- se debe iniciar un programa de Certificación de Reservas y Manejo Científico de los Recursos Hidrocarburíferos.

Cualquier contrato futuro de exportación debe tomar en cuenta la sustitución de combustibles limpios, dándole así mayor valor a nuestro gas, y no a los combustibles sucios que bajan el precio de nuestro gas y contaminan el medio ambiente.  También se debe tomar en cuenta el valor calorífico de nuestro gas.  Por ejemplo, el gas natural que se exporta a Brasil debería valer más por su alto valor calorífico, ya que durante la duración del contrato de exportación al Brasil no se han separado los componentes pesados, como propano y butano, restándole muchísimo valor monetario.  El no haber tomado en cuanto este valor calorífico es ¡CORRUPCIÓN! de parte de los gobiernos neoliberales que negociaron este contrato.

4.  Políticas a corto y mediano plazo

4.1. Incremento de Producción y transporte de Gas Natural

Se debe incrementar la producción de gas natural para poder abastecer la demanda interna: (a) Doméstica, (b) Industrial y  (c) Comercial.  También, se deben mantener los niveles de producción de gas natural para abastecer los compromisos internacionales de venta con la Argentina y Brasil.

Para este efecto, es necesario que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) y YPFB establezcan las condiciones de operación de cada una de los 44 contratistas, tomando en cuenta lo siguiente [6]: (1) qué volumen de gas natural, (2) en qué campo, (3) en que tiempo, y (4) para qué fin Bolivia necesita que ellos produzcan. Hoy, en ausencia de esta clausula, Bolivia sigue esperando la "buena voluntad" de las operadoras para desarrollar los campos que les fueron asignados en sus contratos  en Febrero de 2007.

A mediano plazo se plantea encarar proyectos de importancia para el desarrollo económico del país. La implementación de algunos de estos proyectos debe ser de exclusiva participación nacional para garantizar un desarrollo económico sostenido.  Entre ellos está la construcción del Gasoducto Boliviano de Occidente (GABO) desde los megacampos al salar de Uyuni, las minas del Sur, Oruro, Patacamaya (donde debería instalarse una planta procesadora de urea, con  destino a los mercados del Pacifico), el Alto y La Paz.

La construcción de este gasoducto toma preponderancia, sobre todo porque el Litio del Salar de Uyuni está en la mira de las transnacionales que fabrican automóviles.  Y, porque el potencial agroindustrial del altiplano será otra fuente de riquezas y trabajo. En el siguiente mapa [7] se distingue los gasoductos de Transredes y el Gasoducto Boliviano de Occidente (GABO).

 

4.2. Construcción de Plantas Separadoras de Licuables de Gas Natural

La construcción de refinerías y plantas separadoras de líquidos en las bocas de exportación de gas a la Argentina y Brasil es indispensable y urgente. La instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande, en la que YPFB ya gastó 41 millones de dólares, no puede ser detenida.  Hay que analizar el "Costo-Beneficio" de la ampliación de las plantas de separación de licuables en los mega campos, desde donde se podría transportar combustibles líquidos utilizando poliductos en lugar de transportar gas rico a las refinerías de Río Grande (Santa Cruz) y Valle Hermoso (Cochabamba).  También debe explorarse la posibilidad que estas plantas puedan ser construidas por los compradores de nuestro gas mientras se exporta gas rico, como pago por la entrega de un gas con mucho mayor valor energético y monetario.    

4.3. Implementación de Polos de Desarrollo en Territorio Boliviano.

A mediano plazo deben crearse polos de desarrollo regional y nacional en base a la explotación de nuestro gas natural. Estos polos se deben desarrollar en cuatro regiones clave para Bolivia [8] : Carrasco (Cochabamba), Gran Chaco (Tarija), Puerto Suarez (Santa Cruz) y Uyuni (Potosí), por tener las mejores condiciones de ubicación de complejos industriales en base al gas natural, para la generación de productos petroquímicos de valor agregado en base al gas natural (fertilizantes, diesel, plásticos, DME, hexano, y otros)  o bienes ensamblados, como sistemas de calefacción en la ciudad de El Alto y de aire acondicionado en Santa Cruz.  Estas plantas de ensamblaje serían substituidas en pocos años con plantas de fabricación de estos dos tipos de sistemas, de tanta necesidad para mejorar el estándar de vida, crear trabajo y sobre todo levantar la productividad de la industria y el comercio.  

Los cuatro polos de desarrollo permitirán que Bolivia se desarrolle armónicamente y se convierta en uno de los principales productores y distribuidores de fertilizantes, diesel, GLP y plásticos y otros bienes en el Cono Sur, garantizando la creación de fuentes de trabajo para miles de bolivianos (unos 25.000).

4.4. Complejos Petroquímicos.

Cada polo de desarrollo debe incluir un complejo petroquímico que responda a la visión de desarrollo que tenga cada región donde se establezca un polo y a las condiciones operativas que ofrezca.

Un complejo petroquímico es un complejo industrial que incluye plantas de: fertilizantes, diesel, DME y otros que deben ser definidos por las condiciones que presente el gas natural producido en la región y su proximidad a los mercados de consumo interno y externo.  

En el siguiente mapa [9] se distingue los polos de desarrollo incluyendo los complejos petroquímicos propuestos.

También deben sentarse las bases para la producción de derivados del gas natural. Los principios básicos que deben guiar este trabajo deben ser:

• Ø Regionalización del desarrollo industrial petroquímico en polos de desarrollo que garanticen un desarrollo equilibrado del país. En base a este principio la GNI diseñó los siguientes Polos: Carrasco (Cochabamba), Villamontes (Tarija), Puerto Suarez (Santa Cruz) y Uyuni (Potosí), los que deben ser incluidos en el Plan Estratégico Empresarial de YPFB 2009-2015.
• Ø Énfasis en la construcción de plantas industriales de transformación química del gas natural para obtener productos de alto valor agregado y crear oportunidades de empleo en el país. En consecuencia se debe implementar plantas de urea-amoniaco, NPK, olefinas, GLP y otros productos en cada polo de desarrollo.
• Ø Énfasis en el desarrollo del capital humano y responsabilidad social corporativa de YPFB.
• Ø Inversión pública concentrada en actividades industriales de alto impacto social y acceso a servicios sociales básicos (GLP, diesel, petrocasas) así como garantizar la seguridad alimentaria con fertilizantes baratos para el agro boliviano (urea, NPK).

Para este efecto, YPFB debe impulsar la inversión extranjera en sociedad con mayoría accionaria de YPFB en sectores estratégicos de la industria petroquímica (fertilizantes, polímeros, etc.).

5. Cambio de la matriz energética

El fomento de la producción es vital. Podemos hacerlo ahora que tenemos el control accionario de Chaco y Andina, desarrollando los seis mega campos que no han sido desarrollados adecuadamente.

• Ø Comencemos con los campos más seguros. El equipo técnico que ayudó al ingeniero Enrique Mariaca en las auditorias es una buena base humana para reestructurar la empresa estatal, cuyo personal debe someterse a la fiscalización permanente de su patrimonio. Asegurando así el funcionamiento de una empresa con verdadera gestión autárquica.
• Ø El GABO tiene como complemento el Gasoducto del Sur (CESUR), que desarrollará la agroindustria desde Tarija hasta los valles mesotérmicos de Santa Cruz.
• Ø El gas de Cochabamba debería impulsar la industrialización de Changolla y atender toda la demanda industrial y domiciliaria del departamento.
• Ø Con relación a Cuiabá, debemos recordar que Brasil incumplió su compromiso de instalar 24 termoeléctricas en territorio nacional. Como compensación, YPFB debe convertirse en socio accionario de la termoeléctrica existente en ese lugar. Se debe exigir el cumplimiento de todos los compromisos o contratos contraídos.
• Ø Debemos impulsar la venta de termoelectricidad a Chile, país que está importando carbón [10] de Indonesia para atender las necesidades de su minería del cobre.[11] Esto, siempre y cuando convengan los intereses geopolíticos que permitan una negociación substantiva en la recuperación de una salida al mar por el Pacífico.
• Ø Como política energética general se debe sustituir, en lo posible, las plantas de generación de energía eléctrica en base a gas natural, con plantas hidroeléctricas[12].

  6. Certificación de reservas

  Anotaremos en Bolsas de Valores Internacionales el monto financiero de nuestras reservas, sin que el Estado pierda el control del negocio petrolero. Esa inversión nos permitirá obtener financiamientos sin perder ese control, como hace PETROBRAS, y logrando que YPFB se consolide como una empresa corporativa, manejada por un directorio transparente y sujeto a control social.

  Esta política es estratégica para no perder el control sobre todos nuestros recursos naturales no renovables, como el gas, el litio y el hierro del Mutún.

  7.  Uso de fondos de YPFB

  Las utilidades de la "Renta Petrolera" deben ser utilizadas principalmente para la creación de fuentes trabajo en todos los sectores productivos. Su reinversión en la economía nacional es imprescindible.

  Temporalmente es comprensible que se utilice parte de este ingreso, en mejorar los servicios de salud pública y el sistema educativo [13].  La Renta Petrolera debería servir además para la creación de  un Fondo de Emergencia, que sirva como garantía, para mantener una economía saneada en el futuro.

  Con respecto a la financiación de  los 1000 millones de dólares para las operaciones empresariales de YPFB - aprobados por el gobierno para el sector durante el año 2009 - sería un "cinismo sin precedentes, pretender de que las petroleras transnacionales administren estos fondos"[14].

  Para evitar que las petroleras "administren" los mil millones de dólares (gracias a la ineptitud de funcionarios de YPFB y otras agencias del gobierno boliviano) debemos tener una clara y meridiana política energética.  Sólo así podremos evitar que corruptos (del sector petrolero privado) e ineptos (del sector petrolero público) cometan los actos de corrupción descubiertos por la muerte del corrupto empresario privado Jorge O'Connor D'arlach.

  Además de usar con inteligencia los mil millones de dólares, debemos usarlos con HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, algo que debería ser obvio, pero sobre lo cual debemos insistir una y otra vez, hasta que se cambie la mentalidad de los servidores públicos y del país.

  8. Relación con compañías petroleras

  Los que suscribimos el presente documento apoyaremos siempre una política soberana, donde el rol de las empresas transnacionales quedaría cada vez más reducido a contratos específicos en aquellos campos tecnológicos donde Bolivia no cuenta con la tecnología y financiamiento necesarios.

  En los casos de exploración de nuevos campos hidrocarburíferos reconocemos que las compañías petroleras y su dinero son necesarias, dados los altos costos y las bajas probabilidades de éxito en la búsqueda de hidrocarburos. 

  En este caso, la solución no es prescindir de las compañías petroleras, si no CONTRATARLAS,  utilizando mecanismos de control transparentes, que a la fecha no existen.

  Observamos que no hay país, por muy rico que este sea, que arriesgue las cantidades de dinero necesarias en la búsqueda de hidrocarburos, precisamente porque los servidores públicos de estos países, tienen una responsabilidad fiduciaria con los dueños de los recursos, que a la vez son contribuyentes.  En pocas palabras, no se puede arriesgar el dinero de los contribuyentes en un negocio donde las probabilidades de éxito son bajísimas (8% a 12%, como promedio).

  Es importante  construir  un relacionamiento especial y cuidadoso con las empresas "estatales" de  América Latina, considerando que las empresas más importantes, como Petrobras y PDVSA, son compañías transnacionales.

  Por lo tanto, al no existir actualmente una verdadera  integración económica en América Latina,  no podemos utilizar nuestros recursos naturales no-renovables en una supuesta "integración energética" que sólo favorecería los intereses económicos de países poderosos, como por ejemplo Brasil y Chile.  

  9. Formación de recursos humanos para la competitividad de YPFB.

  • Ø Tesistas Universitarios

  YPFB necesita desarrollar Proyectos de Conceptuales de Factibilidad para la implementación de industrias derivadas del gas natural que considera importantes para el país. Estos proyectos deben ser realizados con tesistas universitarios a nivel de postgrado en Ingeniería, y que trabajen bajo la supervisión y tutoría de profesores universitarios, con apoyo de equipos técnicos de YPFB [15].

  Es importante enfatizar sobre el hecho de que esta es la forma más expedita de formar jóvenes profesionales expertos en el área de Petroquímica, donde Bolivia no tiene tradición ni experiencia.

  • Ø Centro de Innovación Tecnológica en Hidrocarburos.

  La tendencia globalizante de la economía regional y mundial exige que el logro real de un desarrollo socio-económico en un país esté estrechamente relacionado a su habilidad de generar C&T innovadora y competitiva y al mismo tiempo definiendo su realidad corporativa[16]

  En efecto, el manejo de la gestión industrial en el marco de la competitividad internacional depende del énfasis que ponga Bolivia en sus políticas sobre cómo producir Ciencia y Tecnología, guiado por su orientación netamente nacional, lo que a su vez está caracterizado por las estrategias, las influencias sociales, el espíritu empresarial y los riesgos políticos involucrados de generar C&T innovadora y competitiva y al mismo tiempo definiendo su realidad social[17]

  En consecuencia, YPFB nunca podrá funcionar competitivamente en el mundo industrial hidrocarburífero sin el apoyo de un Centro de Innovación Tecnológica en Hidrocarburos (CITH) que le permita competir con las grandes corporaciones de gas y petróleo.

  El Centro de Innovación Tecnológica en Hidrocarburos (CITH) tiene por misión realizar investigación y desarrollo tecnológico (I&D) para producir nuevos procesos y productos, así como la prestación de servicios técnicos requeridos por YPFB y la industria hidrocarburífera del país. Otra función importante del CITH es la formación de recursos humanos altamente especializados en las áreas de su actividad, con el fin de apoyar a YPFB a ser más competitiva mundialmente.

  Actualmente existe un "Estudio de Factibilidad de creación del CITH" que fue concluido por la GNI en Diciembre del año 2006 que debe ser aprovechado para implementar dicho centro [18].

  Para la implementación del CITH se debe programar viajes promocionales a Noruega, Holanda, Rusia y Canadá para presentar el proyecto y solicitar apoyo financiero en equipos de I&D para los laboratorios del CITH.

  Para este efecto, YPFB debe tomar decisiones asertivas en pro de la creación, estructuración y lanzamiento del CITH a corto plazo para lograr que tenga una institución que genere Ciencia y Tecnología y apoye Técnica y Científicamente a toda la Industria Hidrocarburífera del país y hacerla más competitiva mundialmente.

  •10.  Leyes y decretos por revisar

  En el marco del proceso de "bolivianizar  la política hidrocarburífera" se plantea revisar y/o derogar las siguientes disposiciones legales:

  • Ø ABROGAR la Ley 3065 (pro-Tarija) del 19 de mayo del 2005, que en su Art. 3ero. autoriza a la prefectura de Tarija a constituir sociedades públicas y/o mixtas para llevar adelante emprendimientos empresariales.
  • Ø HACER CUMPLIR el Art. 62 -atribuciones de la Cámara de Diputados- acerca del nombramiento del presidente titular de YPFB (que de acuerdo a los Estatutos de YPFB debe ser un profesional de experiencia, con no menos de 10 años de probada práctica en la materia.)
  • Ø APLICAR la Ley 3058, acerca de la devolución de áreas en concesión en caso de incumplimiento de las inversiones.
  • Ø REVISAR el artículo 8 de las "Disposiciones Transitorias" de la nueva CPE, que indica que la migración de concesiones al nuevo régimen constitucional "en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos". (léase: derechos obtenidos por las petroleras extranjeras en los contratos de octubre de 2006), de manera que los enunciados relativos a la nulidad de acuerdos que violen la Constitución y el enjuiciamiento de sus autores por traición a la Patria se han convertido en papel mojado, pese a mantenerse en el nuevo texto.
  • Ø TRANSPARENTAR las auditorías petroleras -establecidas en el D.S. 28701-

  de los contratos de producción compartida firmados con las compañías, en octubre de 2006, los que permiten a estas ser dueñas de un porcentaje de la producción, razón por la que se consideran propietarias de partes sustanciales de las reservas del país.

  • Ø La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz[19] debe APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA a todas las irregularidades de aquellos individuos y empresas que actuaron y actúan en contra del Estado Boliviano, por no haber pagado impuestos, ocultar información, transferir información - como hicieron algunos ejecutivos del sector hidrocarburífero- comprar conciencias, imponer precios nocivos, etc.

  Notas finales:

  Esta propuesta requiere de REGLAMENTOS para definir la operativización de cada uno de los puntos planteados.

  Los abajo firmantes esperamos establecer un dialogo profundo y sustantivo con el gobierno sobre  cada uno de estos temas, con miras a materializar una verdadera refundación de YPFB.

   

             

   

  Lic. Andrés Solíz Rada                                  Ing. Enrique Mariaca

   

   

             

      Víctor Hugo Sáinz, M. Sc.                              Saúl J. Escalera, Ph. D.

   

   

  ---

  [2] Los representantes deberán ser elegidos por las respectivas Asambleas Departamentales y bajo estricto reglamento.

  [3] Sólo a modo de ejemplo: Hace dos años y cuatro meses que el Ingeniero Enrique Mariaca entregó al Ministro Villegas las auditorias a las compañías, las que - hasta la fecha-  se mantienen en secreto 

  [4] En cualquier parte del mundo, LOS DUEÑOS TIENEN DERECHO A SABER COMO SE MANEJA SU DINERO. 

  [5] "De la Nacionalización a la Bolivianización de los Hidrocarburos"; texto popular de 64 páginas, editado por SOMOS SUR, junio del 2007.

  [6] Propuesta presentada al MHE por Saúl J. Escalera, Gerente Nacional de Industrialización de YPFB, Junio, 2007. 

  [7] Mapa de propiedad del Periódico Energy Press. Su uso ha sido autorizado por la dirección del periódico, y modificado por Víctor Hugo Sáinz Ossio, quien ya en Septiembre  del 2001 había sugerido la construcción del GABO. 

  [8] Propuesta desarrollada por técnicos de la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB, Diciembre, 2007. 

  [9] Mapa desarrollado por el Dr. Ing. Saul J. Escalera, de la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB, 2008. 

  [10] A este proyecto se oponen trasnacionales como Suez, que prefieren comprar gas natural, a fin de que sus termoeléctricas no mantengan su capacidad ociosa. 

  [11] Seria mejor vender energía hidroeléctrica en lugar de utilizar el gas natural para generar termo electricidad.  Este aspecto de la "Política Energética" de Bolivia debe ser parte de un equipo técnico-diplomático que incluya gente del Ministerio de Energía y  la Cancillería Boliviana, dadas las implicaciones geopolíticas de contribuir al desarrollo del norte chileno. 

  [12] Considerando que Bolivia cuenta con un enorme potencial hidroeléctrico. Este potencial, aprovechado al 100% generaría tanta energía como 43 gasoductos al Brasil transportando cada uno 30 millones de metros cúbicos de gas por día. (Ing. Justo Zapata, en Hora 25) 

  [13] Aunque estos servicios  hacia el futuro deben ser sostenidos por los impuestos de una población bien renumerada. 

  [14] Andrés Solíz Rada

  [15]  Experiencia exitosa en la Gerencia Nacional de Industrialización durante los años 2006 al 2008, con 8 estudios completos y ahorro de $us. 500.000 para YPFB.

  [16] Conclusiones del Simposio sobre Globalización, Competitividad e Innovación Tecnológica, Cochabamba, 1996.

  [17] Curso "Gestión de la Innovación y Competitividad" dictado por Dr. Ing. Saul J. Escalera, UPB, Cochabamba, 2005. 

  [18] Proyecto de Factibilidad del CITH, elaborado por la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB, Diciembre, 2006. 

  [19] Esta ley fue propuesta por Andrés Solíz Rada

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.