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"La presencia norteamericana en Colombia es una invasión al Continente. Se trata de una presencia militar sin ningún tipo de restricciones ni de control. Eso como boliviano me da miedo, pero a la vez, como gobernante, sabremos prepararnos, tenemos que prepararnos frente a la implicancia de una invasión militar norteamericana al continente", señaló a los periodistas en Palacio de Gobierno.
Dijo que esa preparación debería ser "en todos los sentidos que se pueda imaginar", porque, a su juicio, las tropas estadounidenses pueden aumentar en número indefinido, con total impunidad en ese país.
El convenio firmado por Colombia y Estados Unidos hace unos días, autoriza la instalación de 7 bases militares en Colombia y la presencia de al menos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno de Barack Obama.
García Linera expresó su apoyo a la convocatoria realizada por el presidente Evo Morales para una reunión de emergencia de los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y dijo que se podría replicar con otra reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), "para debatir y encontrar soluciones entre todos los países".
"Debemos debatir, discutir qué se hace ante una invasión. Todo el Continente debe estar preocupado, alarmado por esta invasión norteamericana a un pedazo del territorio Latinoamericano", expresó.
"No hay motivo legal, jurídico, militar delictivo que justifique una presencia masiva norteamericana. ¿O es que acaso, derrotado en el mundo, sale con la cola bajo el rabo de Irak y de Afganistán y quiere encontrar aquí, su pequeña victoria a costa de los Latinoamericanos?", cuestionó.
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Ciudades vigiladas: Cámaras que cambian libertad por seguridad
Algunos Gobiernos del mundo están implementando planes para vigilar la mayor superficie de ciudades, utilizando una red de cámaras de vigilancia policial. El impacto social, político y cultural que significa la instalación de cámaras de vigilancia en toda una ciudad, al ser un hecho tan reciente sólo han sido advertidos en su lado negativo por la literatura, y carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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