Proveedores de Internet de EE.UU. quieren acabar con las tarifas planas

Carlos Martínez

(InSurGente).- Ayer, 21 de octubre, se publicaba en el Wall Street Journal un artículo en el que se hacía pública la intención de las grandes operadoras de Internet en el mercado usamericano de cambiar totalmente la forma en que nos venden la conexión a la Red. Responsables de proveedores como AT&T y Time Warner Cable, alegan que se debe cambiar el método de facturación debido al aumento del tráfico en Internet a medida que más usuarios ven en línea vídeos y descargan películas mediante programas de intercambio de archivos (BitTorrent, Emule...)

Las corporaciones de telecomunicaciones están molestas con la normativa del Gobierno Federal norteamericano que les obliga a tratar todo el tráfico web por igual, sin importar cuánto ancho de banda que ocupa, de acuerdo con el principio, hasta ahora respetado, de neutralidad tecnológica de la Red. Esto ha servido como excusa a los ejecutivos de estas compañías para intentar acabar con las llamadas "tarifas planas" bajo el argumento que si no les dejan gestionar como ellos desean el tráfico de Internet tendrán que poner límites a su uso. La compañías AT&T y Comcast ya han ensayado tarifas con el objetivo de limitar el ancho de banda. También la compañía española Telefónica ha ensayado con modalidades "priorizadas". Según la operadora española, los mecanismos de calidad de servicio (QoS) se ponen en funcionamiento cuando la red se encuentra congestionada , priorizando el tráfico de los clientes con calidad frente a aquellos que no lo tienen.

La avaricia de los capitalistas no tiene límite, recuerdo que nos vendieron a los ciudadanos la banda ancha y la tarifa plana bajo el argumento que utilizaríamos este nuevo servicio para poder acceder a contenidos multimedia. Una vez contratado un servicio de banda ancha, las compañías nos ofrecen continuamente contratar mayor capacidad de tráfico. Incluso hubo un momento en el que los ejecutivos de las "punto-com" reconocieron que la red estaba sobredimensionada y que las previsiones sobre el tráfico multimedia en Internet eran demasiado optimistas. Ahora que parece que sí que se están amortizando estas inversiones en redes y que los consumidores nos hemos habituado a ver vídeos en internet o al intercambio de archivos, han encontrado la coyuntura apropiada para exigirnos más dinero por estos servicios.

Pero, además, del perjuicio económico para nosotros y el consiguiente beneficio para los ejecutivos y accionistas de estas corporaciones, hay más en juego con este anuncio de cambio de modelo. En primer lugar, aunque afirman los proveedores de Internet que la neutralidad tecnológica les obliga a acabar con la tarifa plana, lo cierto es que la neutralidad de la red se verá afectada, no por limitaciones tecnológicas, sino por limitaciones económicas. Si se implanta el modelo de pago por tráfico, se acrecentará la brecha digital entre ricos y pobres y será mucho más sencillo que los primeros impongan sus contenidos en la Red.

Aunque no conozcamos con detenimiento los objetivos y tarifas de los proveedores de Internet, con toda seguridad se penalizará la subida de archivos de Internet frente a la descarga. Por ejemplo las líneas adsl y de cable tienen mucho más ancho de banda de descarga que de subida, así aprovechan para vendernos la televisión utilizando este mismo ancho de banda. Internet sin intercambios de archivos, con direcciones ips dinámicas y con poca capacidad de subida de archivos se parecerá cada vez más a la televisión. Nos convertiremos en espectadores con cada vez menor interactividad.

Una de las alternativas al encarecimiento de las conexiones a Internet será retomar los proyectos de creación de puntos de acceso a Internet mediantes conexiones WiFi libres y gratuitas. Aunque también el WiFi está en el punto de mira de proveedores de Internet y fabricantes de hadware que están intentando sustituir el WiFi por el GPRS como estándar de conexión a internet de dispositivos móviles. Curiosamente en las conexiones GPRS también se paga por tráfico utilizado, lo que ha evitado que se utilicen con estas conexiones programas como BitTorret o Emule.

En todo caso, la dificultad mayor que tendrán estas multinacionales para cobrar por tráfico generado serán los propios contratos en vigor que tienen firmados con sus clientes. Usualmente, en estos contratos se admite una actualización unilateral de los precios por parte del proveedor pero a cambio de la prestación de un servicio de tarifa plana. Las empresas no pueden modificar el objeto del contrato sin consensuarlo con el usuario del servicio. Si sigue adelante estos planes, se prevén duras batallas en los tribunales entre las asociaciones de consumidores y estas empresas que creen que los contratos solo obligan a los usuarios.

También cabe hacer por último una reflexión acerca del "derecho a Internet". Son muchos los medios que claman contra las supuestas limitaciones de acceso a Internet en Cuba o denuncian el supuesto "único punto de acceso a Internet" de Venezuela. Sin embargo callan cuando la limitación es de tipo económico, para los neoĺiberales forma parte de un cierto orden natural que los desfavorecidos tengan este tipo de restricciones. Pues bien, proyectos como el anunciado recientemente por el Gobierno Venezolano avanzan hacia el acceso universal a la Red. No cabe la menor duda de que políticas socializadoras son la mejor garantía para evitar las desigualdades en el acceso y difusión de la información.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.