Presidente: El Órgano Electoral dejó de ser imparcial

Santa Cruz, (ABI).- El presidente Evo Morales lamentó el jueves que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) haya dejado de ser un árbitro imparcial para administrar las elecciones generales del próximo seis de junio al haberse parcializado con uno de los partidos que pugnan por el poder.

"La OEP ha asumido una abierta parcialización con uno de los partidos y su presidente, Antonio Costas, se ha convertido con sus decisiones "en el mejor jefe de campaña del Plan Progreso para Bolivia (PPB)", dijo.

El Presidente se refirió a la comunicación oficial que le envió la OEP para solicitarle instruya al Ministerio de Gobierno que otorgue garantías al candidato a la Vicepresidencia del PPB, Leopoldo Fernández Ferreira, para que desde la cárcel pueda desarrollar su campaña proselitista.

El ministro de Defensa Nacional, Walker San Miguel, informó que el Ejecutivo había devuelto la resolución a la OEP junto a una serie de argumentaciones jurídicas sobre la ilegalidad de la misma.

Fernández está detenido en la cárcel de San Pedro, en La Paz, en calidad de detenido preventivo, aunque ya con una acusación de parte del Ministerio Público, para que responda como presunto autor intelectual de los sucesos acaecidos el pasado 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, Pando, donde murieron más de una decena de campesinos a manos de paramilitares que respondían al mando de la Prefectura de Departamento.

El presidente calificó como inapropiada la carta que le envió la OEP para reclamar porque Fernández no puede desarrollar su campaña proselitista. "El Órgano Electoral debe ser el árbitro imparcial de un proceso y no parcializarse con ninguno de los postulantes", reiteró el jefe de Estado.

Dijo que la Ley de Ejecución penal establece con claridad que los reos con condenas ejecutoriadas o detenidos preventivos deben someterse al reglamento disciplinario del régimen penitenciario.

"No pueden haber reos de primera o de segunda, ya que todos deben someterse a lo que establecen las leyes", subrayó, al anotar que los derechos que reclama el PPB y Fernández pretenden sobrepasar las leyes para ponerlas a su servicio como en el pasado.

De acuerdo con un informe del ministro de Defensa Nacional, esa Ley curiosamente fue firmada por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez y por el entonces presidente del Senado, que era precisamente Leopoldo Fernández.

El jefe de Estado señaló que espera que la errada posición de los vocales de la OEP sea un gafe jurídico de sus asesores para que reencaminen su posición debido a que la situación de un detenido es responsabilidad de la justicia y no del Poder Legislativo o Ejecutivo o del propio Poder Electoral.

Agregó que la OEP "no puede estar por encima de las decisiones judiciales".

Dijo que para el seguimiento del proceso electoral llegarán veedores internacionales que certifiquen la imparcialidad en Bolivia para que la democracia no se vea empañada por errores de algunos de los administradores.

Morales anotó que toda la campaña generada por el Plan Progreso para Bolivia (PPB) que postula a Manfred Reyes Villa a la Presidencia y a Fernández a la Vicepresidencia busca desprestigiar el proceso electoral con falsos argumentos o servirse del mismo.

"Creo que Fernández sabe que jamás será elegido Vicepresidente por lo que se ha instalado en la candidatura del PPB para tender un escenario de impunidad que le permita no responder a las graves acusaciones que pesan en su contra, entre ellos delitos de lesa humanidad", puntualizó.

Mencionó los informes emitidos por las comisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que certificaron en el terreno que en la localidad de Porvenir hubo una masacre de campesinos, lo que se constituye un delito de lesa humanidad.

Fernández es sindicado por el Ministerio Público como el autor intelectual de una serie de delitos cuando era Prefecto de Pando, entre ellos el uso indebido de recursos del Estado y la matanza de campesinos que marchaban en procura de reclamar por sus reivindicaciones de tierras.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.