Bolivia renovó su Estado, su economía y su sociedad, y tiene el dinero y la estabilidad política que necesita para convertirse en una potencia, según el Vicepresidente

El Presidente indígena dio "cátedra en economía" sin estudiar en Harvard y sin asesores extranjeros

Cuando asumió el mando en enero de 2006, el Presidente Evo Morales recibió un país maltrecho, en bancarrota, confrontado políticamente y con grandes conflictos estructurales que se arrastraban desde hace 100 o 200 años. Tres años y medio después, Bolivia tiene un nuevo Estado, una nueva economía y una nueva sociedad, asegura el vicepresidente Álvaro García Linera.

El gobierno del MAS se hizo cargo de un Estado concentrado en pocas manos, con déficit crónico y arcas públicas prácticamente vacías luego de 20 años de neoliberalismo, evaluó el Vicepresidente en una entrevista difundida por Canal 7 y radio Patria Nueva.

Recibimos un "país mendigo" con una deuda de más de 5.000 millones de dólares que cada fin de año tenía que pedir préstamos de emergencia al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional para pagar salarios, recordó.

Los gobiernos neoliberales saquearon el país y vendieron y regalaron todo lo que tenía Bolivia, sin dejar casi nada para los ciudadanos bolivianos. Hace poco menos de cuatro años, siete de cada 10 personas vivían en la pobreza y tres en la indigencia. Los trabajadores perdieron sus derechos laborales con el decreto 21060, y las mujeres, ancianos y niños fueron abandonados.

Sin embargo, entre el 22 de enero de 2006 y el 11 de octubre de 2009 las cosas han cambiado sustancialmente. En primer lugar, "un presidente indígena que no ha estudiado en Harvard y que no es asesorado por organismos internacionales, dio cátedra en economía", aseguró el Segundo Mandatario.

Antes de 2006 las Reservas Internacionales Netas del país apenas alcanzaban los 1.500 millones de dólares, los cuales se depositaban en cuentas bancarias en el extranjero. Ahora las reservas nacionales superan los 8.500 millones de dólares y se quedan en Bolivia como "nuestro chanchito con el cual estamos mirando al futuro", destacó García Linera.

Antes se exportaba productos por un valor de 2.500 millones de dólares al año y en 2009 las ventas externas ascenderán a 6.500 millones; la deuda externa se redujo a la mitad; la inflación llegó a 12% con "guerra económica" empresarial y bordea el 0,2% sin guerra económica, por debajo de los índices de entre seis y el 20% registrados en años pasados, celebró García Linera.

La economía boliviana crece más de 3% del Producto Interno Bruto en lo que va de 2009, a pesar de la crisis mundial, gracias a la recuperación de los recursos naturales, la clave del crecimiento económico, según el Vicepresidente.

En la actualidad, el Estado controla los sectores estratégicos de la economía. "El gas y el petróleo ya no le pertenecen a la empresa extranjera; a esas empresas nosotros les pagamos por los servicios que nos prestan y son dueñas solamente de sus equipos. Ahora los bolivianos definimos los precios del gas y del petróleo, el transporte, los ductos y las refinerías".

En 2005, el 30% de la riqueza de los bolivianos estaba en manos de un solo país extranjero y el Estado participaba con el 8 ó 9% de la riqueza nacional. En 2009, la participación del Estado boliviano en la economía nacional oscila entre el 27% y el 28%, informó el Vicepresidente.

"Pese al conflicto político, les hemos dado cátedra de un manejo serio, responsable, eficiente y de beneficio colectivo en economía (...) Ahora tenemos estabilidad política que es la clave para la inversión, para los emprendimientos y para el desarrollo; por eso decimos que estamos en la década de oro para Bolivia", celebró el Vicepresidente.

Bolivia ha recuperado la soberanía sobre sus recursos naturales, tiene más ahorros y una economía en crecimiento. Las ganancias ya no se transfieren al extranjero y se invierten en carreteras, hospitales, escuelas, en aumentos salariales y en infinidad de programas sociales que permitieron disminuir los índices de pobreza.

Se está forjando una "nueva sociedad" mediante mejoras paulatinas de los beneficios colectivos; mecanismos de protección y fomento al pequeño productor, comunario, campesino, microempresario y artesano; y planes de asistencia a los más débiles: el niño, el anciano, la mujer y la madre. En el plano político, el gobierno comenzó a pagar las enormes deudas que eran como un lastre arrastrado por muchos años y que "impedían despegar a la sociedad".

García Linera advirtió que si los partidos conservadores llegan al gobierno arrebatarán todas las conquistas sociales como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy de Padilla: "La derecha pretende quitar los 50 millones de dólares del Bono Juancito Pinto para que se quede en manos del futuro Ministro o del futuro Presidente; quiere que esos 240 millones de dólares de la Renta Dignidad vayan al familiar, al conocido o al cuñado del futuro Ministro".

Industrialización

Tenemos el dinero, el liderazgo y la estabilidad política para imaginar a Bolivia en grande, como potencia y no como el último país que provoca lástima, recalcó García Linera. "Tenemos derecho a soñar con un país respetable en el continente, con un país eje de la economía y con mucha industria para que nuestros profesionales no se vayan y para que nuestros obreros generen riqueza".

Bolivia va a industrializar en gran, pequeña y micro escala, el objetivo principal del gobierno es convertir a Bolivia en el centro energético de la región, con servicios básicos de educación, salud, telefonía y transporte, y vertebrada por carreteras, trenes y aeropuertos.

Con el litio, un metal "muy fino y muy costoso que vale más que el oro", se pretende industrializar desde carbonato y litio metálico hasta baterías para automóviles. "No solamente vamos a producir carbonato de litio, sino que queremos producir litio metálico, baterías de litio y automóviles eléctricos", dijo el Vicepresidente.

Recordó que para convertir el carbonato de litio en cloruro de litio y en litio metálico se debe producir por lo menos 400 mil toneladas del mineral. Al menos cinco empresas internacionales están interesadas en la explotación. El Estado participará como accionista mayoritario en todos los proyectos de industrialización y "no vamos a repetir otra vez la historia triste del cerro de Potosí, de donde se sacaba la materia prima. La gran reserva de litio es para que la riqueza que se genere allí se quede en Bolivia", prometió García Linera.

30 mil millones de dólares para financiar el Plan de Desarrollo

Se requiere al menos 30 mil millones de dólares para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los próximos cinco años, informó a la ABI el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo Javier Fernández.

El gobierno solicita al Banco Mundial 10 mil millones de dólares para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, riego y producción. "Vamos a desarrollar una especie de complejos productivos integrales, conectaremos el país con carreteras, se implementarán sistemas de riego, ferrocarriles", anunció Fernández.

El plan PND consta de cinco componentes: mejoras nutricionales, servicios sociales, vivienda y servicios básicos, desarrollo productivo y gestión integral comunitaria campesina. El viceministro Fernández aseguró que la inversión pública en 2010 superará los 1.851 millones de dólares presupuestados en 2009.

Con datos de ABI.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.