El gobierno invertirá 1.500 millones de dólares en la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza y 15 millones en otra planta en el río Tahuamanu de Pando

Estatizarán la generación de electricidad; el transporte y la distribución seguirán en manos privadas

El gobierno de Evo Morales "nacionalizará" sólo la generación de energía eléctrica y el transporte y la distribución de electricidad continuarán en manos privadas. El objetivo gubernamental es desarrollar el sector con la inversión extranjera y exportar energía, un plan "neodesarrollista" que no rompe con las políticas neoliberales del pasado.

El gobierno asumirá la administración de tres compañías eléctricas sin afectar los intereses de los inversores, y asegurará sus ganancias con nuevas reglas de juego, el mismo mecanismo aplicado en la llamada "nacionalización" de los hidrocarburos.

El decreto 0289 dispuso la estatización del 47,5% de las acciones de Corani; 49,82% de Guaracachi y 49.86% del paquete accionario de Valle Hermoso. Para concretar la "nacionalización", el Estado comprará 2 o 3% de las acciones de los "socios capitalizadores": Ecoenergy International, filial de la francesa GDF Suez en Corani; la británica Rurelec PLC en Guaracachi y The Bolivian Generating Group en Valle Hermoso.

Las españolas Iberdrola y Red Eléctrica (REE) que operan el transporte y la distribución de electricidad en Bolivia no serán nacionalizadas, informó Americaeconomía.com. REE es dueña del 100% de la Transportadora de Electricidad (TDE) e Iberdrola controla la distribución de energía en tres ciudades.

El plan eléctrico

La política económica "postneoliberal" del gobierno boliviano sigue una línea "neodesarrollista" del capitalismo productivo con altos incentivos a la inversión extranjera, sin romper explícitamente con las políticas neoliberales, observan varios analistas.

El Presidente Morales ha dicho en repetidas oportunidades que no está en contra de los capitalistas extranjeros y que Bolivia abre sus puertas a las inversiones privadas, siempre y cuando respeten la normativa nacional y acepten que el Estado administra todos los recursos naturales de propiedad de los bolivianos y las bolivianas.

Las nacionalizaciones del gobierno del MAS son más conservadoras que las ejecutadas por el gobierno del MNR en la década del 50 del siglo pasado pagando jugosas indemnizaciones a las transnacionales o que la nacionalización de la Gulf Oil en el gobierno de Ovando. Algunos sectores de izquierda consideran que el contrato de explotación de El Mutún no difiere en nada de las "capitalizaciones" de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El gobierno boliviano criticaba a los mega proyectos hidroeléctricos diseñados para favorecer a la agroindustria y al capital transnacional, pero flexibilizó su posición respecto a las represas del río Madera en la última visita del presidente Inacio Lula da Silva.

El gobierno de Brasil construirá las represas a pesar de los enormes impactos ambientales y sugirió a Bolivia que instale pequeñas represas en los afluentes del Madera.

El Vicepresidente Álvaro García Linera informó que se invertirán 1.500 millones de dólares en la construcción de una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, departamento de Beni, con una capacidad de producción de al menos 800 megavatios.

En los próximos días el gobierno presentará el diseño final del mega proyecto, con el que se pretende convertir a Beni en el corazón energético de hidroelectricidad y el polo de desarrollo para toda la región amazónica.

García Linera anunció que en 18 meses estará lista otra hidroeléctrica en Pando. El Presidente Morales precisó que la planta se construirá en el río Tahuamanu con una inversión de 15 millones de dólares y con una capacidad de generación de seis megavatios. Según el Mandatario, el país estaría en condiciones de exportar energía en un plazo de dos años.

Morales entregará el 20 de noviembre el tendido eléctrico Caranavi-Trinidad de 387 kilómetros, con cuatro subestaciones en Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad, con un costo de 38 millones de dólares. La obra rebajaría las tarifas de 1, 20 bolivianos kilovatio-hora a 0,70 centavos y el Estado ahorraría 17 millones de dólares en subvenciones de diesel.

Con datos de ABI.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.