Diputados: Fernández será sometido a juicio ordinario por la Masacre de El Porvenir

La Cámara de Diputados aprobó el jueves por la noche, en una maratónica y encendida sesión, el enjuiciamiento en tribunales ordinarios al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sumariado como autor intelectual por el asesinato de entre 13 y 18 campesinos a manos de grupos paramilitares en la localidad amazónica de Porvenir, en el norte de Bolivia.

Luego de largas horas de debate, la sala plena de la Cámara de Diputados aprobó el informe conclusivo de las investigaciones en torno a la masacre de campesinos, el 11 de septiembre de 2008, y estableció que los responsables de los hechos, encabezados por Fernández, deben ser procesados en la justicia ordinaria.

El informe aprobado concluye en que "todos los responsables directos e indirectos, autores materiales e intelectuales, deben pasar a la justicia ordinaria y ser procesados y sancionados como establece el Código Penal por los delitos de asesinato, terrorismo, lesiones graves, lesiones gravísimas, asociación delictuosa y otros delitos".

La defensa de Fernández, que permanece recluido en una cárcel de La Paz, sustentada por un segmento de diputados de oposición, exigió que el ex Prefecto sea procesado en "caso de corte", reservado en la economía jurídica boliviana para autoridades electas y en funciones.

"Este informe aprobado por esta instancia parlamentaria va a pasar ahora a conocimiento del Ministerio Público para el juzgamiento de estas personas que han sido identificadas como presuntos responsables", manifestó el diputado Jorge Silva, miembro de la Comisión de especial con facultades de Ministerio Público, que investigó el caso.

Al menos 54 personas, entre ex funcionarios de la Prefectura de Pando y miembros del Comité Cívico de ese distrito, han sido involucradas en los hechos.

La mayor parte de los imputados se asiló eventualmente en Brasil.

El ex Prefecto encarcelado ha sido identificado como el autor intelectual de la emboscada a campesinos en Porvenir, donde perecieron 13 campesinos, según un informe, y 18, de acuerdo con otro, y medio centenar resultaron con heridas por bala.

Por su parte, el presidente de esa comisión camaral, René Martínez, dijo todas las "autoridades o no" que participaron en esas lamentables jornadas serán juzgados por la justicia.

"Toda esa abundante documentación que se está presentando, está direccionada a quienes puedan ser sus responsables, sus autores materiales y autores directo. A partir de esta traslación y remisión corresponde al órgano de persecución del delito (Fiscalía General) realizar la respectiva valoración jurídica, profundizar aquella y si ve por conveniente de ampliar a terceras personas", sostuvo.

Martínez explicó que la Fiscalía tiene plena potestad de profundizar en la investigación, en función a las declaraciones que reciba de las personas acusadas de cometer estos delitos.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.