La SIP pretende ignorar que sus propios miembros iniciaron el golpe en Honduras

Jean-Guy Allard

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tanto lamenta las "limitaciones" a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado, evita recordar que dos de los principales conspiradores del cuartelazo que llevo a la expulsión del Presidente Zelaya son también sus principales (y casi únicos) miembros hondureños.

Asociada desde décadas a la CIA y radicada en Miami, USA, la SIP publica "denuncias" de las interrupciones de la energía eléctrica al Canal 36 y de la señal de Radio Globo, con las cuales pretende darse una imagen de legitimidad.

La SIP critica "el clima de restricciones e inestabilidad en el que se debe desenvolver la prensa" en Honduras "en los últimos meses", lo que en algunos casos - constata - ha llevado a la "autocensura"

Tan hipócrita que otro corresponsal de la inteligencia norteamericana, Reporteros Sin Fronteras que atribuye al retorno del Presidente Zelaya una nueva "oleada de censura", la SIP actúa como si ignoraba por completo que sus socios son los que parieron al régimen Micheletti.

Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1998-2002) y dueño del periódico La Tribuna y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo aparecen entre los conspiradores que han iniciado el proceso golpista.

Para quien lo ignora, la SIP que pretende representar a la libertad de prensa en América, no es otra cosa que el cartel de los grandes propietarios de medios de comunicaciones del continente, creado en Nueva York en 1950, en una operación de la inteligencia norteamericana con la cual se pirateó la organización panamericana legítima creada en La Habana en 1943.

Tan cercana a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se encuentra la SIP que dio a su cuartel general de Miami el nombre su fundador, Jules Dubois, agente de la CIA y ex Coronel de la inteligencia militar norteamericana, muerto miserablemente, en 1966, en un hotel de Bogota, en circunstancias indefinidas.

En el curso de los años, la asociación de magnates intervino en la UNESCO, para defender el control de la información por la empresa privada; participó en la propaganda sucia contra el gobierno democrático de Salvador Allende; se mantuvo bien callada durante el golpe contra el presidente Hugo Chávez. Mientras nunca se perdió una oportunidad de atacar a Cuba.

Verdadera red de magnates de la prensa comercial, la SIP manipula la información a lo largo y ancho del continente, paralelamente a las cadenas de radio y televisión que persiguen estos mismos objetivos de desestabilización. Con la colaboración servil de sus proveedores, las agencias de prensa, la SIP difunde constantemente sus ataques en contra de los líderes de la América Latina que retoman luego sus medios afiliados.

En Honduras, los circuitos de televisión, de radio, cable e Internet están enteramente entre las manos de unos muy pocos individuos - Rafael Ferrari , Miguel Andonie Fernández, Rodolfo Irías Navas - todos entre los primeros "accionistas" del golpe de Micheletti.

Tan "profesionales de la información" son estos millonarios de los medios de comunicaciones, que unos, tales como Rafael Ferrari, extienden sus tentáculos hasta las franquicias de cadenas norteamericanas tales como Burger King, Dunkin' Donuts y Pizza Hut.

En vez de dedicarse a resfriar las impulsiones fascistas de sus socios Flores Facussé y Canahuati Larach, la SIP acaba de organizar en Caracas un "encuentro" con los elementos reaccionarios de la prensa venezolana para "discutir de la situación de la libertad de expresión", pretexto para atacar una vez más al Presidente Hugo Chávez.

El Secretario General Adjunto de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), Nelson del Castillo, acaba de denunciar esta maniobra de la SIP señalando como esta organización mafiosa "ha prohijado el descarrilamiento de procesos democráticos, en virtud de unas libertades que lo único que pretenden es conculcar derechos a los pueblos y mantenerlos en el mayor atraso político, económico y social".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.