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Área: Opinión >> Cartas
Actualizado el 2009-09-18 a horas: 21:00:55

Por la Abolición de la Deuda Externa y la Reparación de la Deuda Ecológica

Carta a Evo Morales de la Campaña ¿Quién debe a Quién?

Estimado Compañero Evo Morales: Con el motivo de su visita al Estado español, nos es grato expresar los saludos más cordiales y solidarios de la campaña ¿Quién debe a quién?, un saludo que extendemos a todos los Movimientos Sociales y Políticos que están construyendo una Bolivia justa e igualitaria, y que con su lucha por la Madre Tierra y el Bien Vivir son un ejemplo de dignidad para Latinoamérica y todo el mundo.

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En primer lugar, las organizaciones que hacemos parte de la campaña ¿Quién debe a quién? estamos convencidas que no solo es injusto extraer pagos de "deuda externa" de los pueblos del Sur generando impactos destructivos sobre las vidas, comunidades, economías y el medio ambiente, sino que las "deudas" que se reclaman del Sur son ilegítimas y no deben ser pagadas. Planteamos además que los pueblos del Sur son de hecho los acreedores de incalculables deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas, adeudadas por nosotros y nuestro modelo de producción y consumo en los países del Norte.

Constatamos que los países industrializados, entre ellos el Estado español, han generado una Deuda Ecológica la cual tiene importantes impactos sociales y medioambientales, cambia el clima, impide la soberanía alimentaría, contamina el aire, el agua y el suelo, provoca enfermedades poniendo en peligro, de forma grave, la salud pública y compromete seriamente la supervivencia del planeta y de las futuras generaciones.

Por todo ello la campaña lucha por unas políticas necesarias para abolir la deuda externa y para prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus necesidades básicas.

Denunciamos con la presente la ilegitimidad de la deuda externa que el Gobierno español reclama al Estado Plurinacional de Bolivia. Una deuda es ilegítima cuando un préstamo se concedió a gobiernos dictatoriales o corruptos, sin consultar a sus poblaciones, cuando los préstamos se destinaron a proyectos nocivos social- y ambientalmente, a la compra de armamento o al fortalecimiento de los mecanismos estatales de represión, se desviaron a cuentas personales en países del Norte y paraísos fiscales, o cuando la "deuda" es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene encerrado en un ciclo de dependencia y de más deuda externa.

Por esta razón, expresamos nuestro apoyo a la "Campaña por la Auditoría de la Deuda Pública" que viene impulsando el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, (CBDHDD), junto con otras instituciones y organizaciones sociales.

Desde el año pasado, impulsamos también el apoyo de la Sociedad Civil española a la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador, bajo el convencimiento de que se trataba de un hito histórico en el camino hacia la abolición de la deuda externa como mecanismo de dominación y empobrecimiento.

Hemos apoyado plenamente el trabajo realizado durante más de un año y medio por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en Ecuador. Dicha Comisión, formada por miembros de la sociedad civil ecuatoriana e internacional, y por representantes y técnicos del gobierno ecuatoriano, y apoyada por juristas y auditores de diferentes ámbitos, tenía la tarea de "examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos".

Una vez demostradas las evidencias de ilegitimidad de las deudas contraídos, se deberían suspender los pagos de aquellas deudas demostradas ilegítimas, incluyendo las deudas con el Estado español. En este sentido, la auditoría de deuda externa realizada en Ecuador aporta suficientes evidencias de la ilegitimidad de las deudas bilaterales que el Estado español está reclamando al Estado ecuatoriano. De los 36 contratos de crédito bilateral analizados por la CAIC, 16 fueron firmados con el Estado español. A lo largo del proceso de auditoría, se han identificado en todos los contratos españoles "cláusulas abusivas" que, según la CAIC, invalidarían legalmente los contratos de crédito con España. En ninguno de los créditos FAD auditados existen informes previos de análisis de impacto ambiental y social, o de viabilidad económica, ni informes de seguimiento y evaluación del impacto final de los proyectos. Este aspecto es especialmente grave si tenemos en cuenta que el 95% de la deuda de Ecuador con el Estado español corresponde a un instrumento de la política de Ayuda Oficial al Desarrollo, como son los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). La totalidad de la deuda de Ecuador con España corresponde a créditos ligados a la compra de bienes y servicios españoles, cuyo beneficio para el contratista español está siempre por encima de los intereses de la población ecuatoriana. En este sentido, es censurable el papel jugado por las empresas españolas beneficiarias, pues la auditoría ha aportado indicios de actitudes poco éticas y de malas prácticas por parte de éstas.

La deficiencia de los instrumentos generadores de deuda (créditos FAD y fallidos comerciales públicamente garantizados por CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) queda demostrada ante la existencia de ilegalidades, ilicitudes y prácticas indebidas por parte de funcionarios y empresas españolas en su proceso de contratación, así como en la ejecución de los proyectos financiados.

Por todo ello, compartimos que una Auditoría de la Deuda Pública en Bolivia debe ser también una de las prioridades de su Gobierno, como una oportuna y excelente manera de contribuir al ejercicio del control social, hoy reconocido por la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, que deberá dar resultados muy favorables para su país, pues urge conocer -con precisión y claridad- quiénes comprometieron los recursos del país partir de la década de 1970, cuando se contrataron millonarios préstamos, bajo qué condiciones lo hicieron, dónde fueron a parar los desembolsos, y, en fin, hacer transparante todo el proceso de la contratación de los créditos que se dieron, porque se tratan de recursos públicos, cuyas secuelas se arrastran hasta el presente.

Con la seguridad de que este desafío es de posible implementación, en sintonía con la agenda analizada entre los países del ALBA, convocamos a su Gobierno, a asumir el reto y dejar al descubierto, la política de dependencia impulsada por los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), así como de repudiar el pago de la Deuda Ilegítima reclamado por el Estado español.

En segundo lugar, como campaña ¿Quién debe a quién? nos identificamos con las movilizaciones sociales en todo el planeta que están marcadas por el rechazo al modelo de la globalización capitalista y a favor de la Justicia Climática.

En este sentido, queremos expresar nuestro apoyo a la posición boliviana en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), las enmiendas al Protocolo de Kyoto, así como las propuestas del Estado Plurinacional de Bolivia para concretar el Plan de Acción de Balí ante la próxima Conferencia de las Partes COP 15 en Copenhague, para reclamar el reconocimiento y el pago de "la deuda climática", que los países desarrollados deben a los países en desarrollo.

Queremos pedirle muy respetuosamente que exiga expresamente al Gobierno español este reconocimiento y el pago de la Deuda Climática, así como toda la Deuda Ecológica que las empresas españolas y las políticas públicas del Estado español hayan generado y siguen generando en Bolivia y con consecuencias para el pueblo boliviano. Un reclamo público nos ayudaría mucho avanzar en las reinvindicaciones de los movimientos sociales del Estado español para acabar un día con la generación de más Deuda Climática y Deuda Ecológica.

Atentamente, Campaña ¿Quién debe a quién?

www.quiendebeaquien.org

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